La regeneración democrática

1.- Una parte importante de estas medidas debería ser aprobada por unanimidad. Por ejemplo, no parece discutible la necesidad de reformar la Ley de Secretos Oficiales de 1968; o la conveniencia de regular la actividad de los grupos de presión; o la exigencia de neutralidad y transparencia al contratar la publicidad institucional. No obstante, otras de las medidas propuestas sí que son más discutibles. Es razonable que se intente poner coto a la difusión de mendacidades y calumnias. Pero, en mi opinión, la mejor Ley de Prensa es la que no existe. También es discutible la reforma del Código Penal para suprimir el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Precisamente en España necesitamos con urgencia elevar el nivel de respeto de unos a otros. Todo sentimiento religioso, de cualquier creencia o religión, es respetable, y merece seguir siendo un bien jurídico penalmente tutelable.

2.- Echo de menos en la propuesta del Gobierno una visión global, una perspectiva más amplia de la cuestión. La política es la ciencia y el arte del poder, en relación a los ciudadanos. Un planteamiento de regeneración de la vida política de un país ha de partir necesariamente de la respuesta a varias preguntas: ¿dónde reside el poder político?, y ¿cómo se ha de ejercer el poder? ¿Con mayor o con menor intervención en la vida social y económica?

3.- A la primera pregunta responde el artículo 1-2 de la Constitución Española de 1978: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Hay mecanismos de democracia directa, como el referéndum y el plebiscito. Sin embargo, con carácter general, el pueblo ejerce el poder político a través de sus representantes. Y las democracias representativas corren siempre el riesgo de que disminuyan las posibilidades reales de que el pueblo ostente el poder político. En España, desde antes incluso de la Constitución, se estableció un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas elaboradas por los partidos políticos. Al comienzo de la Transición, quizás estaba justificado el sistema, pues los partidos eran entonces muy débiles. Pero, actualmente, ya no tiene sentido mantenerlo. Los partidos políticos, con este sistema, han adquirido un poder desmesurado, que afecta a los derechos del pueblo soberano al elegir a sus representantes. En las elecciones municipales, autonómicas y al Congreso de los Diputados, el pueblo no vota a las personas que quiere que le representen, sino a unas siglas, a una lista cerrada y bloqueada que le presenta un partido. De este modo, el diputado o el concejal pierde importancia: no le debe el cargo al pueblo, sino al partido que le ha colocado en las listas, y que le puede quitar en las futuras elecciones por aquello de que 'el que se mueve no sale en la foto'. De este modo, el sistema electoral condiciona el funcionamiento de las instituciones, con la conocida disciplina parlamentaria, e impregna de partidismo todas las instituciones en las que a sus miembros se les elige no por su valía sino por la afinidad a uno u otro partido.

Una verdadera regeneración democrática exigiría una reforma del sistema electoral. Habría que ir a distritos uninominales. Cada 100.000 electores elegirían un diputado; cada 10.000 vecinos elegirían un concejal. Y así, los partidos, en competencia con otros en cada distrito, procurarían proponer al mejor candidato, al que cuente con más apoyo popular, y no al que sea más leal o menos molesto al partido.

Esta reforma electoral que proponemos implicaría una importante pérdida de poder para los partidos políticos. ¿Se hará en un futuro inmediato? Siendo los propios partidos los que deberían llevarla a cabo, no hay razones para el optimismo. Como decía un viejo amigo mío: «Ni los pavos ni los pollos quieren que llegue la Navidad».

4.- La segunda pregunta, ¿cómo se ha de ejercer el poder?, tiene, desde la perspectiva de un liberal, una clara respuesta: interviniendo lo menos posible en la actividad de la sociedad, respetando las libertades y los derechos, y confiando en la libre iniciativa social. Ahora bien, la libertad tiene sus límites, que precisamente vienen constituidos por los derechos y libertades de los demás. Corresponde al poder político garantizar la protección de los derechos y libertades mediante un sistema judicial que resuelva los conflictos, en el caso de que alguien se sobrepase. Pero los procesos se han de tramitar con celeridad y sin demoras. Justicia retrasada es Justicia denegada. No tiene sentido que, después de más de cuarenta años de democracia, todavía esté vigente una Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Un proceso penal no debería durar más de seis meses. ¿A quién le interesa que no se apruebe una nueva Ley Procesal Penal?

No dudo de la buena voluntad de los políticos que proponen la regeneración democrática. Pero vayamos al fondo del asunto: reformemos el sistema electoral y garanticemos la Justicia y la Libertad.