España, Estado federal

Once años después, Pedro Sánchez, actual secretario general del PSOE, impulsa la convocatoria del 41º Congreso del PSOE, con algunos meses de antelación. Ciertos comentaristas dicen que se trata de una huida hacia delante. Y no les falta razón. El presidente del Gobierno lo tiene mal. Hay una fuerte contestación dentro del partido en relación al pacto de financiación especial para Cataluña. El asunto es de tanta importancia, que ni siquiera la cansina e infatigable verborrea de la ministra de Hacienda logra aplacar la intensidad del debate. Pero también es cierto que, al parecer, lo que se intentará en ese 41º Congreso será reafirmar la sustancia de la Declaración de Granada: España como Estado federal. Y, desde cualquier punto de vista que se mire, esta afirmación resultaría absolutamente incompatible con el pacto PSE-ERC: en ningún régimen federal el Estado central deja de recaudar tributos en los territorios de los Estados federados. Sería, pues, muy importante para todos los españoles que los socialistas dedicasen su 41º Congreso a proclamar que España debe llegar a ser un Estado federal, aunque esto suponga la imposibilidad absoluta de que llegue a establecerse una financiación especial para Cataluña, tal y como se ha pactado; y aunque el Congreso signifique el fracaso final de la carrera política de Pedro Sánchez. Ningún político individual se merece que un partido centenario como el PSOE trate de blanquear sus tremendos errores.

Soy consciente de que en el sector social de la derecha española hay un rechazo visceral al federalismo. Es como si la vieja memoria colectiva recordase los desastres a los que nos abocó en la I República el federalismo de Pi i Margal; o como si se asociase federalismo con separatismo.

Me gustaría poder contribuir a tranquilizar a la derecha social española: el federalismo es mil veces mejor que el actual sistema de autonomías. En un régimen federal, sabríamos siempre a qué atenernos; las competencias del Estado central estarían perfectamente definidas, y no serían ni transferibles ni delegables por pactos coyunturales e intereses partidistas. El Estado legislaría, gestionaría y recaudaría todos los tributos estatales (también en Navarra y en el País Vasco), con lo cual estaría garantizada la igualdad de todos los españoles ante la presión fiscal, la unidad de mercado, la ausencia de prácticas de competencia fiscal desleal entre regiones, así como la igualdad de todos los españoles ante los servicios públicos y la solidaridad entre todas las regiones. Es decir, podríamos vivir tranquilos, sin que en cada cambio de Gobierno las minorías separatistas presionasen, a cambio de su apoyo parlamentario, para conseguir más transferencias y más financiación para sus regiones. Y sin que volviésemos a temer, otra vez, que los separatistas lo vuelvan a hacer y declaren unilateralmente la independencia. Todas estas pillerías y sinvergonzonerías que ocurren con el sistema de las autonomías, no ocurrirían si España fuese un Estado federal, en el que cada uno conociese perfectamente sus competencias, y las ejerciese con lealtad institucional. Así que procedería que nos tranquilizásemos: mejor un estable y ordenado Estado federal que un caótico e inestable Estado de las autonomías, que es el caldo de cultivo favorito de todos los despropósitos separatistas. Estados Unidos y Alemania son Estados federales; y también Suiza, pese a su equívoca denominación de Confederación Helvética. Y nadie dice que Estados Unidos, Alemania o Suiza corran el riesgo de romperse. En España, por el contrario, sí se tiene este temor. Y estuvo a punto de cumplirse el peor pronóstico en 2017. Y ahora indultamos y amnistiamos a los que quisieron romper España, y siguen declarando abiertamente que están dispuestos a volverlo a intentar.

Dejemos las cosas claras: personalmente, yo hubiese preferido que España hubiera seguido siendo un Estado centralizado, y que la Constitución de 1978 no hubiese permitido el Estado de las autonomías. Pero, tal y como están las cosas, ante el riesgo real de ruptura de este país, si los socialistas, en su 41º Congreso, reafirmasen la Declaración de Granada y reiterasen su propósito de que España debe configurarse como un Estado federal, aplaudiré entusiasmado esta declaración, y lamentaré profundamente que el PP no haga lo mismo.

En la década de los ochenta del siglo pasado, estuve en Washington por razones políticas. En una ocasión, le pregunté a un senador si tenían algo previsto en su Constitución para el supuesto de que, eventualmente, algún Estado federado se declarase unilateralmente independiente. El senador me contestó: «No, no tenemos nada previsto. Una vez, a mitad del siglo XIX lo intentaron. Y, desde entonces, no lo han vuelto a intentar».