Una sentencia que no repara el daño a las víctimas

La dilación para dictar sentencia –lo que ha supuesto una rebaja indecente de las penas de cárcel solicitadas– puede haber supuesto que las y los acusados hayan podido estar 10 años actuando impunemente y quién sabe si habrán podido estar abusando sexualmente de otros menores ya que las conductas pederastas no son fácilmente extinguibles, por el contrario suelen perpetuarse en el tiempo. A partir de ahora se encontrarán con más libertad para seguir manteniendo estas conductas dado lo barato que les ha salido delinquir.

Pero lo más indignante de esta sentencia es la repercusión que sin duda ha tenido o puede tener en las menores víctimas de violación, porque los abusos cometidos con ellas tienen en todos los casos esa calificación, ya que una menor no puede prestar consentimiento.

Estas niñas que fueron violadas han estado diez años esperando que se haga justicia, 10 años de sufrimiento de ellas y de sus familias y a las que la sentencia dictada ha vuelto a victimizar.

Las menores violadas no salen indemnes de esta experiencia y en la mayoría de los casos requieren muchos años de tratamiento para poder rehacer su vida, permaneciendo en ellas por muchos años o por toda la vida el impacto a nivel psicococial. Nada sabemos acerca de si se les prestó la ayuda psicológica suficiente para afrontar esta situación.

La sentencia supone un mensaje muy peligroso para el conjunto de la sociedad ya que las posibles víctimas que se encuentren o puedan encontrarse en una situación similar, ¿pedirán ayuda? ¿denunciaáan? ¿o guardarán silencio debido al alto coste que supone enfrentarse a un juicio para luego no obtener ninguna reparación?

Por otra parte, es un mensaje peligroso para los pederastas y depredadores sexuales, ya que pueden tener una sensación de impunidad o de que no es un delito grave, el cual se puede saldar con un acuerdo, con una sentencia leve o con una pequeña indemnización.

Decía al principio que la sentencia representa un fracaso del sistema judicial, pero creo que también representa un fracaso de toda la sociedad, que de alguna forma permite que se den estas conductas y que no se protejan lo suficiente los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La Plataforma de Organizaciones de Infancia de la Región de Murcia, en línea con la Plataforma de Organizaciones de Infancia de España, miembros de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social, lleva muchos años reclamando una revisión de las actuaciones del sistema judicial respecto a los niños niñas y adolescentes víctimas.

Nuestras principales reivindicaciones como sector organizado son:

–Agilizar las causas judiciales cuando hay menores de edad implicados, especialmente cuando se trate de víctimas de violencia sexual. Es muy importante para las víctimas ya que las dilaciones en las causas judiciales les perjudican especialmente.

–Formación y especialización de jueces, fiscales y abogados en la lucha contra la violencia infantil. Es necesario que comprendan a los niños y niñas, que les hablen en un lenguaje comprensible para ellos y que se sientan cómodos y tranquilos cuando tengan que testificar.

–Creación de juzgados específicos en violencia contra la infancia. Los juzgados específicos que se han creado para la atención a la violencia de género están dando buenos resultados y por lo tanto, deben de reproducirse y hacerse extensivos para la atención de la violencia hacia la infancia.

Erradicación de la victimización secundaria y uso de la prueba preconstituida. Para evitar que los niños, niñas y adolescentes tengan que relatar lo ocurrido una y otra vez.

–Por último y no por ello menos importante, hay que concienciar a toda la sociedad para que haya un posicionamiento claro, contundente y manifiesto contra cualquier tipo de violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes.

En este caso, la alarma social creada ante la sentencia acordada, las concentraciones y manifestaciones de repulsa han sido el detonante para que se reúna la Junta de Fiscales a los efectos de revisar las penas impuestas a los proxenetas y violadores y no el sistema judicial, que tendría que haber ejercido su acción reparadora para las víctimas. Esperemos que sus conclusiones sean favorables a las víctimas y no a los delincuentes y que no se dilaten en el tiempo.