Comercialización de alimentos y bienestar social

Si no se invierte, y con urgencia, con el imparable proceso de desaparición del modelo de producción familiar, arraigado al territorio, será inevitable la concentración de las tierras productivas en un grupo cada vez más reducido de tenedores. En armonía con la distribución, ya concentrada, impondrán criterios de producto, precio y empleo estrictamente mercantilistas, sin considerar que, en este supuesto, los productos sujetos a especulación son bienes de primera necesidad y deben generar, además, efectos beneficiosos en los entornos rurales, tanto para sus gentes como para los hábitats naturales.

La distribución presiona a los productores a través de ofertas a la baja, que los pequeños y medianos agricultores y ganaderos debemos aceptar por el carácter perecedero de nuestros productos y por la injusta competencia de productos foráneos, que tienen una estructura de costes muy inferior; por condiciones laborales, calidad y precio de los 'inputs' de producción y unas cargas fiscales muy ligeras. De esta forma, la escasa rentabilidad de la explotaciones agrícolas y ganaderas lleva a nuestros productores tradicionales a dejar sus tierras y a no promover el relevo generacional, en beneficio, para desgracia de todos, de una nueva estructura de propiedad concentrada.

Frente a esta amenaza, debería ser labor de todas las administraciones fomentar un modelo de agricultura y ganadería sostenible, de base social, que ofrezca todas las garantías de calidad a los consumidores, sobre la articulación de una cadena de valor justa, que debe ser rentable para todo su conjunto; para lo cual hay que acabar con las situaciones de abuso de las posiciones de dominio de algunos operadores, que inducen a desmantelar el modelo tradicional de producción, que tampoco está siendo capaz de proteger su oferta a través de una evolución de sus estructuras cooperativas, por ser también un poco autocríticos.

Solo si la actividad agraria familiar capta el justo valor de su trabajo será posible el relevo generacional en el campo murciano y español y, con ello, el mantenimiento de un modelo equilibrado y diverso de suministro de alimentos de calidad y a precios razonables para el consumidor. Es necesario reforzar la clave de bóveda de este mercado de productos básicos: una cadena de valor justa en todos sus eslabones, para lo cual es preciso una aplicación rigurosa de la Ley de la Cadena Alimentaria.

También resulta perentorio desarrollar campañas formativas e informativas dirigidas a los consumidores; además de asegurar un etiquetado adecuado, para que el ciudadano conozca mejor los productos agroalimentarios que consume y todos los detalles sobre sus calidades, propiedades, condiciones de producción y precios en origen. Los precios han de ser justos en origen y trasladarse a los consumidores sin sobresaltos en los eslabones intermedios, de otra forma no lograremos invertir una tendencia que lucra a unos pocos en perjuicio de las familias españolas y murcianas, que deberán destinar cada día una mayor parte de sus rentas a adquirir alimentos esenciales. Un futuro que ya empieza a sentirse en el presente, y que no deseamos.