La democracia no es solo votar

Lo esencial es el Estado de derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes. Ahí radica la esencia de la democracia liberal. Si estos principios no se respetan no hay democracia. En Venezuela, por ejemplo, paradigma de país democrático para nuestra izquierda radical Podemos y Sumar, y a donde viaja en misiones de mediador el expresidente Zapatero, se vota. Pero en Venezuela no hay democracia, aunque lo digan Echenique, Iglesias, Yolanda o el lucero del alba. En Venezuela, el Gobierno chavista, una vez conquistado el poder, se dedicó concienzudamente a desmontar el andamiaje legal de la república, sometiendo al resto de poderes, judicial, legislativo y mediático, para permitir que, sin contrapoderes, el ejecutivo decida sobre vida y haciendas. ¿Les suena?

En España hemos asistido durante el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos a circunstancias inéditas en nuestra democracia. Nunca hasta ahora un fiscal general del Estado había sido ministro de Justicia del Gobierno que lo nombra. Nunca un magistrado del Tribunal Constitucional había sido miembro del Gobierno que lo nombra. Nunca un presidente del CIS había sido miembro de la ejecutiva del partido que lo nombra. Nunca un letrado del Congreso es nombrado procedente de la Administración de un Gobierno que prepara una ley de amnistía para remitirla al legislativo. Aún no hemos llegado al extremo de Nicaragua donde el sandinista Daniel Ortega ha nombrado a su esposa, Rosario Murillo, jefa de la Corte Suprema de Justicia. Todo se andará.

España asiste angustiada al derribo del Estado de derecho. Sentencias firmes que condenan gravísimos delitos cometidos por políticos para acabar con la unidad de la nación pueden ser revocadas por otros políticos que, apoyados en mayorías parlamentarias, y para continuar en el poder, amnistían esos delitos como si nunca se hubieran cometido. Si ello ocurre, la democracia está en peligro.

Cuando Locke y Montesquieu formularon la teoría de la división de poderes fueron clarividentes. Las decisiones que afectan a los ciudadanos no deben estar concentradas en un solo poder, sino que los órganos del poder del Estado deben autocontrolarse para permitir el equilibrio, del que surge la seguridad del ciudadano de que sus derechos no van a ser pisoteados por cualquier mesiánico que llegue al poder.

Y un derecho de todos los españoles es que la nación, una de las más antiguas del mundo, no puede ser alterada en su esencia si antes los españoles no estamos de acuerdo. Y si alguien quiere hacerlo, saltándose la ley, malversando fondos públicos, promoviendo terrorismo callejero, podrá ser juzgado y castigado, siempre con la ley en la mano. Plantear que nada ocurrió, que los jueces españoles prevaricaron y que el que huyó en el maletero es un héroe, certifica la defunción de la división de poderes y la arbitrariedad que acabará con la esencia de la democracia liberal.

La mayoría de los votantes socialistas y los palmeros del actual Gobierno están dispuestos a tragar con todo esto. Según su argumentación es mejor vender el Estado de derecho que un gobierno de la derecha, aunque su alternativa parlamentaria pasa por juntar a la extrema izquierda de Podemos y Sumar con las derechas del PNV y Junts, borrando que esta alianza circunstancial ocurre tan sólo por el deseo de romper España, no porque en Neguri y Pedralbes hayan abrazado el neocomunismo y el chavismo. O sea, derecha separatista sí, porque me permite permanecer en el poder, derecha constitucional no.

Y, de camino, golpe a la separación de poderes, enmienda a la totalidad a la ejemplar transición y a la Constitución del 78, polarización de la sociedad española, ruptura de la unidad nacional y fin de la España de ciudadanos libres e iguales.