Microchips: la gran oportunidad de España

Durante décadas, el liderazgo en la producción de microchips ha estado en manos de Asia, y más concretamente de Taiwán. Asia produce el 90% de los chips de memoria, el 75% de los microprocesadores y el 80% de las obleas de silicio. Taiwán concentra el 43% de la producción mundial de chips, produce el 90% de los de alta integración y el 41% de todos los microprocesadores. Esto posiciona a Taiwán como el líder indiscutible en la fabricación de chips avanzados, con empresas como TSMC, que domina el mercado de semiconductores de vanguardia.

Esta concentración presenta riesgos significativos: un conflicto geopolítico o un desastre natural en Asia podría hacer que el suministro mundial se desplomara. Y sin microchips, el mundo literalmente se pararía. Esta dependencia tecnológica es comparable a la que teníamos del petróleo en épocas pasadas.

Un microchip no sólo está en los ordenadores; se encuentra silenciosamente en una multitud de objetos cotidianos. Un automóvil puede tener unos 3.000 chips que controlan desde el motor hasta el airbag. Un 'smartphone' básico dispone de alrededor de 200 microchips diferentes, y hasta los electrodomésticos más básicos esconden docenas de microcontroladores.

Si lo analizamos en aspectos más críticos, una torre de control de un aeropuerto opera con cerca de 30.000 microchips, una central nuclear lo hace con unos 300.000, la gestión de la red eléctrica española requiere de un centenar de millones de chips. Incluso un caza de combate como el F-35 opera con más de 15.000 semiconductores avanzados, fabricados en un 90% en Taiwán.

El mundo ha tardado en darse cuenta de lo vulnerables que somos ante una cadena de suministro tan concentrada y fuera de nuestro control. En 2021 y 2022, la falta de microchips obligó a cerrar temporalmente en todo el mundo fábricas de automóviles, de equipos médicos y de muchos otros sectores. Ante esta situación, Europa y EE UU fijaron en 2023 como prioridad estratégica urgente reducir esta dependencia y fortalecer su soberanía tecnológica.

La 'European Chips Act', aprobada por la UE en 2023, compromete más de 43.000 millones de euros en inversiones público-privadas con el objetivo de duplicar la producción europea y alcanzar el 20% del mercado global para 2030. Al mismo tiempo, EE UU promulgó la 'Chips and Science Act', que va a destinar 52.700 millones de dólares en subsidios para reindustrializar el sector, fortalecer la I+D, y formar talento.

Pero más allá de la capacidad de producción, también preocupa la seguridad de los chips que utilizamos. Si los semiconductores que controlan nuestros aviones, plantas de energía o redes 5G tuvieran vulnerabilidades intencionadas, podrían ser explotados por adversarios para espionaje o ciberataques. La ciberseguridad del 'hardware' se ha vuelto tan importante como la del 'software': garantizar que los chips no tengan puertas traseras ocultas es ahora una parte esencial de esa soberanía tecnológica.

Este debate trasciende lo meramente teórico y se ha convertido en una cuestión de primer orden. En los últimos meses, diversos gobiernos han comenzado a revisar con mayor rigor la procedencia de las tecnologías empleadas en infraestructuras críticas, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad nacional y el tratamiento de información sensible. La creciente preocupación internacional se centra en evitar que componentes clave de estos sistemas dependan de empresas originarias de países que puedan representar un riesgo estratégico.

En este contexto, España no puede quedarse atrás. Además de participar en los programas europeos, el Gobierno ha lanzado el perte chips, con una inversión de 12.250 millones de euros para desarrollar capacidades nacionales en el ámbito de los semiconductores. Y está impulsando proyectos e iniciativas público-privadas que permitan producir microchips 'made in Spain'. Un buen ejemplo de esto es el proyecto murciano Quantix.

Se trata de un proyecto industrial público-privado para el diseño, encapsulado y personalización de microchips ciberseguros en la Región de Murcia. En el mismo participan empresas líderes en criptografía, diseño de chips y securización, procedentes de Suiza, Francia y España (más concretamente de la 'spin-off' ODIN S de la Universidad de Murcia), con la participación minoritaria del Estado a través de la SETT –Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica–. Su meta es desarrollar chips con arquitectura RISC-V que cuenten con capacidades avanzadas en ciberseguridad, criptografía postcuántica e inteligencia artificial. Con esto, la Región de Murcia aspira a convertirse en un referente nacional de microelectrónica segura. Y Quantix será una iniciativa pionera para tratar de abrir brecha en esta aspiración.

Sin duda, el nuevo entorno geopolítico de tensiones comerciales y bélicas, unido a las disrupciones tecnológicas que nos trae la IA, auguran que estamos a las puertas de este cambio de era de grandes retos. Y si el nuevo oro se mide en nanómetros, impulsar capacidades en producir microchips supone una gran oportunidad.