El agua pone en riesgo el futuro del gran motor económico

La Región de Murcia y el Levante han demostrado que incluso bajo condiciones naturales adversas es posible construir una agricultura potente. El informe recientemente realizado por PwC para el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) revela que las actividades agrícolas y su industria asociada en las provincias beneficiarias del Trasvase Tajo-Segura aportan 3.912 millones de euros al PIB (el 0,25 % nacional) y sostienen más de 102.000 empleos. Pero ese modelo depende de cada gota de agua que llega o se extrae.

A partir de 2027, la cuenca del Trasvase Tajo-Segura entra en una fase crítica. La Directiva Marco del Agua obliga a corregir la sobreexplotación de acuíferos, mientras que las nuevas reglas del trasvase diseñadas para aumentar los caudales ecológicos del Tajo amenazan con reducir los volúmenes trasvasables. En esta cuenca, los recursos subterráneos generaron en 2024 unos 668 millones de euros de PIB y mantuvieron 31.428 empleos. La Confederación Hidrográfica del Segura estima que se perderán 213 hectómetros cúbicos anuales de agua subterránea a partir de ese año. Al mismo tiempo, el Trasvase, que hoy traslada más de 200 hectómetros cúbicos algunos años, podría ver esos volúmenes reducidos casi a la mitad, si se cumplen los presagios relativos a las nuevas reglas de explotación. En conjunto, el recorte total superaría los 300 hm³ al año, es decir, casi un tercio del agua que hoy mueve la agricultura del sureste. El propio Plan Hidrológico del Segura anticipa un déficit estructural agrario de unos 288 hm³ para 2027.

Para el tejido productivo regional, ese ajuste es demoledor. No se trata solo de cultivos: hablamos de exportaciones, innovación, logística, empresas auxiliares y empleo en áreas rurales. Sin entrar a valorar el efecto 'barrera' que genera frente a la desertificación. El informe de PwC sistematiza ese nexo: cada metro cúbico afecta de manera directa e inmediata a la viabilidad de miles de explotaciones y empresas.

En este entorno alarmante, la desalación aparece como recurso potencial. La desaladora de Torrevieja planea ampliar su capacidad de 80 a 120 hm³, y la de Águilas, de 60 a 70 hm³. Además, se proyectan dos nuevas macrodesaladoras con un volumen conjunto estimado de 150 hm³ anuales. En el corto plazo, las ampliaciones en curso solo sumarán unos 40 hm³ más, y las nuevas plantas no estarán operativas antes de 2027. En el mejor de los casos, la desalación será solo un complemento, sin que pueda compensar mínimamente el recorte.

El sector agrícola del sureste español no necesita demostrar su eficiencia y capacidad de aprovechar al máximo cada gota de agua: ya produce rendimientos superiores a 100 toneladas por hectárea en horticultura intensiva, y lo hace con la tecnología hídrica más avanzada del mundo, bajo estándares de calidad, trazabilidad, sostenibilidad y reutilización entre los más exigentes del mundo. El reto no es el talento ni la tecnología; el desafío es la seguridad hídrica. Y esa seguridad está en riesgo. A los ciudadanos, empresas y administraciones les compete una responsabilidad urgente: asumir la magnitud del desafío y actuar con visión técnica y pragmática.

El informe de PwC deja claro el mensaje: la agricultura del levante es estratégica para España. Pero incluso el motor más potente y eficiente necesita combustible. Y el impacto de esos recortes sin una solución que equilibre el déficit en 2027, hará que ese motor falle. Es imprescindible actuar con decisión, con rigor técnico, y lograr equilibrar sostenibilidad con desarrollo socioeconómico, para mañana no lamentar una oportunidad irreversiblemente perdida, que impactará en los empleos y la competitividad de nuestra región y de nuestro país.