Los impactos energéticos del aciago 2020

Acabamos de despedir un año dramático en lo sanitario, que ha dañado nuestras relaciones sociales y familiares, y ha destruido una parte importante de nuestra actividad productiva. Un año para olvidar por el sufrimiento que hemos tenido que soportar; pero también para recordar, para no repetir los errores que, por acción o por omisión, hayamos podido cometer.

El sector energético fue fiel reflejo de esta dura realidad: la demanda y, como consecuencia inmediata, el precio del barril de petróleo se derrumbaron: de los 60 $/barril registrados el día 20 de febrero, pasamos a ver los 25 $/barril a principios de abril; mientras que, en ese triste mes, el precio promedio del gas se desplomó hasta los 6,57 €/MWh, un 57% inferior al precio de abril de 2019.

El sector eléctrico español ha sido y es termómetro de la crisis socioeconómica que soportamos, con una caída de la demanda de hasta el 17,3% en abril. En los once primeros meses de 2020, según datos de Red Eléctrica Española (REE), la demanda de electricidad en nuestro país fue un 6,2% menor que en el mismo periodo de 2019. En cuanto a precios, en abril el precio medio del 'pool' en nuestro mercado eléctrico se situó en los 17,65 €/MWh y el ejercicio se cerrará con un precio medio de 35 €/MWh, cuando en 2019 este precio medio superó los 47 €/MWh.

Este escenario pandémico ha puesto en grave riesgo a muchos sectores de nuestra economía, a prácticamente todos en mayor o menor medida, y los energéticos no fueron una excepción; sin embargo, hemos podido extraer algunas enseñanzas al ver sometidas a una especie de 'test de estrés' a nuestras energías: derivados del petróleo, gas y electricidad. Hemos visto cómo los niveles de contaminación se han reducido de una manera extraordinaria, un gran alivio para nuestras ciudades, gracias a la racionalización de los desplazamientos y al brusco advenimiento del teletrabajo y las teleconferencias; pero, por otra parte, hemos soportado tensiones en el sistema eléctrico que, con menores ingresos, ha vuelto a generar déficit de tarifa.

La excepcional coyuntura actual no debe hacernos perder la perspectiva a medio y largo plazo. El gran objetivo de los Estados es la descarbonización, para evitar una catástrofe climática sin precedentes, que algunos aún se empeñan en legar a nuestros hijos y nietos. Para ello es urgente trasladar los consumos de combustibles fósiles hacia soluciones electrificadas. La Unión Europea ha decidido elevar del 40% al 55% la reducción de emisiones en 2030 (con respecto a las que había en 1990), este nuevo horizonte se ajusta a la necesidad perentoria de transformar nuestros abastecimientos energéticos, y racionalizar la forma de producir y consumir bienes y servicios, las tecnologías renovables ya son absolutamente maduras y nos capacitan para alcanzar este reto.

Sin embargo, se perciben desequilibrios alarmantes, que habrán de ser corregidos de manera urgente. A fecha 30 de noviembre, las renovables habían producido un 13,4% más de energía que en el mismo periodo de 2019. Según datos de Red Eléctrica Española (REE), de enero a noviembre de 2020, la generación renovable alcanzó una cuota del 43,3% del total nacional de consumo de electricidad.

Sin lugar a dudas, en el sector eléctrico español se han hecho los deberes. Hemos madurado en tiempo récord, las tecnologías de generación renovable. A pesar de los furibundos ataques que nuestro colectivo ha recibido y de los drásticos recortes retroactivos soportados, contamos con un parque de generación limpia muy relevante. Todo el esfuerzo económico para poder afrontar el reto de la transición ecológica ha recaído únicamente sobre una parte, además muy pequeña, de la generación de energía: el sector eléctrico-renovable, al que habría que reconocerle su labor, porque la capacidad de penetración de energía limpia planificada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el año 2030 está garantizada.

Sin embargo, en la actualidad, solo el 27% de nuestros consumos totales de energía son cubiertos por el Sistema Eléctrico, el resto de nuestras necesidades energéticas las tenemos que satisfacer a través de recursos de origen fósil. Como no todas las fuentes que generan electricidad son renovables, esto supone que en España únicamente el 18% de los consumos energéticos totales que realizamos provienen de fuentes renovables; mientras que el grueso de nuestra demanda de energía proviene de la generación de origen fósil: derivados del petróleo y gas, básicamente, que emiten un 70% de los gases de efecto invernadero, y no han contribuido al gran esfuerzo inversor que ha supuesto el trascendental cambio hacia el nuevo paradigma de producción de energía: el eléctrico-renovable.

Los errores del pasado han de servirnos para un rediseño sólido del Sistema Eléctrico, puesto que los errores o los aciertos en estos sectores estratégicos se proyectan a más de una década. Las burbujas o disfunciones del nuevo marco podrían ser una pesada carga para los futuros usuarios y dañar el propio Sistema Eléctrico, que ha sido capaz de proporcionar suministro de manera universal hasta en la aldea más recóndita de nuestra geografía.

Este año también se cumple un tristísimo aniversario: en la Navidad de 2010 ocurrió un hecho sin precedentes, se produjo un recorte retroactivo severo para las 60.000 familias fotovoltaicas españolas que, tan solo dos años antes, atendiendo un llamamiento del Estado, pusieron los cimientos de un futuro –que ahora es presente– en el que fuera posible, como efectivamente es, captar energía de los fotones del sol, y que esta resultara modulable, limpia, barata y autóctona. Nunca en la historia de los sectores energéticos se había quebrado la legalidad de forma retroactiva; más bien al contrario, hemos asistido a medidas excesivamente garantistas de inversiones que no habían sido pedidas por el Estado ni otorgaban avances tecnológicos ni medioambientales; pero que, al resultar ruinosas para las empresas del sector, contaron con el rescate de los dineros públicos. En esta ocasión se trataba de inversiones pedidas por el Estado para alcanzar un fin que se ha logrado en tiempo récord. Tras ese primer recorte retroactivo de hace una década, se sucedieron nueve más, con lo que nuestro colectivo colapsó y fue preciso refinanciar nuestras instalaciones para no perderlas junto con nuestros hogares, que avalaban estos proyectos.

Nuestro esfuerzo ha contribuido a bajar en un 90% los costes de instalación de la fotovoltaica. Recientemente, hemos evitado un recorte adicional, que habría supuesto volver a refinanciar y ver como la vida se nos iba en pagar las mensualidades a la banca durante 20 años sin recibir retorno económico alguno. El Real Decreto Ley que evitó esa infamia no contó ni con un solo voto en contra de ningún grupo parlamentario, lo que da una idea de la necesidad moral de iniciar el camino de reparación para este colectivo. El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos contempla esta urgencia, y no habrá partido político que no lo considere de justicia, sobre todo cuando los fondos internacionales están ganando sus pleitos. Solo así podremos decir que la transición energética ha sido justa.