«Nuestras leyes hipotecarias están condenadas por la ciencia y la razón, porque ni garantizan suficientemente la propiedad, ni ejercen saludable influencia en la prosperidad ... pública, ni asientan sobre sólidas bases el crédito territorial, ni moderan el interés del dinero, ni facilitan su adquisición a los dueños de la propiedad inmueble, ni aseguran debidamente a los que sobre estas garantía prestan sus capitales». Con esta solemnidad denunciaba la Exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria de 1861 los problemas más acuciantes de la regulación anterior.
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Esta ley constituyó un hito normativo y determinó el comienzo de una etapa de modernidad en nuestro país. Para ello, fue necesario dar seguridad y certidumbre a los derechos y publicidad a las cargas y gravámenes que afectaban a la propiedad, para que pudieran ser conocidas por todos. La prueba del acierto de sus postulados es que la misma se ha mantenido en vigor desde entonces, guiada por sus principios esenciales de seguridad jurídica, legalidad y fe pública.
Nació como una ley global, de aplicación territorial uniforme, sin perjuicio de ser respetuosa con los derechos forales existentes. Y para asegurar su funcionamiento creó el registro de la propiedad, extendido por todo el territorio nacional, y a cargo de unos nuevos funcionarios, los registradores. Hoy existen más de mil oficinas, donde se atiende y presta asesoramiento a los ciudadanos. Ello ha contribuido al mantenimiento de servicios esenciales en áreas geográficas afectadas por grandes problemas de despoblación.
Nuestra Región no ha sido ajena a los beneficios de los aciertos de su regulación, por ser una institución que se ha ido adaptando a los requerimientos que le ha demandando la sociedad.
Entre sus éxitos sobresale el haber permitido el acceso a una vivienda en propiedad a un número considerable de murcianos. La garantía del propio inmueble ha sido suficiente para acceder a una financiación accesible, lo que ha hecho de España un país de propietarios. Igualmente, ciudadanos de otras nacionalidades han comprado aquí su vivienda, confiando en la seguridad jurídica que el Registro proporciona. Así, en la Región, casi un 20 por ciento del parque inmobiliario pertenece a extranjeros.
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Igualmente, ha sabido dar respuesta a las necesidades urbanísticas, haciendo más racionales nuestros pueblos y ciudades. Ha atendido solventemente los problemas derivados del éxodo a las grandes ciudades, regulando la propiedad horizontal de edificios, los garajes y las nuevas urbanizaciones, figuras constructivas desconocidas al tiempo de su promulgación. También ha luchado contra los desmanes, cerrando sus libros a las parcelaciones ilegales o a las edificaciones sin licencia.
Del mismo modo, ha sabido prestar atención al mundo rural. La concentración parcelaria ha aumentado el rendimiento económico de las explotaciones y ha permitido la existencia de una agricultura que es referente a nivel mundial. Gracias a ello, se ha mantenido el empleo y la actividad económica de muchos de nuestros municipios.
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También está preparada para amparar los aprovechamientos del bien mas preciado en nuestra Región, el agua. Las concesiones administrativas que legitiman su uso tienen su cobertura registral. Al mismo tiempo, articula las herramientas necesarias para luchar contra las extracciones y los regadíos ilegales. El agua, siempre bienvenida por escasa, tiene en esta tierra sus excesos y, para evitarlos, el Registro publicita las zonas con riesgo de inundación, lo que puede evitar futuras catástrofes causadas por la avenida de las aguas.
Siempre atenta a los nuevos retos, el medio ambiente ha tenido acceso a la institución registral, protegiendo el dominio público y nuestros espacios naturales. También la posibilidad de reflejar las medidas sancionadoras a través del altavoz que el Registro proporciona, debe ser utilizada por nuestros gobernantes para resolver graves problemas, como la descontaminación de los terrenos del Hondón, la bahía de Portmán o la regeneración del Mar Menor.
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Tampoco descuida a los más vulnerables, rechazando la inscripción de las cláusulas abusivas de los contratos, los intereses desproporcionados o las cláusulas suelo.
Todo ello hace que las personas que nos encontramos a cargo de los registros de la propiedad, tanto los registradores como nuestro competente personal, estemos preparados para seguir siendo una herramienta útil para toda la sociedad.
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