Los errores de la señora ministra

1. En primer lugar, por la importancia de la finalidad de la ley. Se trataba de proteger con más eficacia a las víctimas de abusos y acosos sexuales, aclarando los supuestos delictivos y facilitando la aplicación de penas más graves a los que atentasen a la libertad sexual de la mujer. El objetivo era tan loable, que casi todas las fuerzas políticas la apoyaron, y la ley fue muy bien recibida en amplios sectores de la sociedad.

2. Ahora hemos sabido que, cuando se tramitaba en las Cortes el proyecto de ley, el Consejo General de Poder Judicial advirtió de que, al aplicar la ley, tal y como la había enviado el Gobierno a las Cortes, se corría el riesgo de que las Audiencias Provinciales tuvieran que revisar sentencias firmes, para reducir las penas impuestas a los violadores. Y que, incluso, algunos podrían salir en libertad. Se basaba esta advertencia en el principio de retroactividad de las leyes penales más favorables al reo, de honda raigambre en los ordenamientos jurídicos de las democracias occidentales, y que recoge el art. 2º-2 de nuestro Código Penal de 23 de noviembre de 1995: «Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena».

3. El primer error de la señora ministra fue no hacer caso a estas advertencias. Incluso siendo de Podemos, doña Irene Montero debería haber contado con el consejo y asesoramiento de algún jurista en su propio Ministerio de Igualdad. Todo parece indicar que no fue así, pues de otro modo no se entiende que no le avisaran de la importancia de estas advertencias, que estaban fundadas en un principio de nuestro Derecho Penal que conoce perfectamente cualquier estudiante de segundo de Derecho. ¿Será cierto aquello de que Júpiter enloquece a los que quiere perder?

4. A las pocas semanas de entrar en vigor la ley, los órganos judiciales, en aplicación de ese artículo 2º del Código Penal, han comenzado a revisar sentencias firmes. Algunos condenados ya se han beneficiado con una reducción de la pena. Entonces es cuando ha trascendido a la opinión pública que la ley 'estrella' de doña Irene Montero es un desastre, un fiasco, porque, por sus deficiencias técnicas, y pese a su loable finalidad, ha producido unos efectos contrarios a los buscados. En lugar de castigar con penas más graves a los abusadores y agresores sexuales, el resultado ha sido que algunos violadores han visto reducirse sus penas. Y, de este modo, se han encendido todas las alarmas sociales.

5. Ante la importancia e intensidad del debate social, mediático y político sobre el asunto, doña Irene Montero podría haber reconocido su error, y, admitiendo que la ley es técnicamente defectuosa, decir ante toda la sociedad que trataría de solucionar el problema mediante otro proyecto de ley que evite los efectos no deseados de su ley 'estrella'. Seguramente, si esto hubiera ocurrido, una gran parte de la sociedad española hubiera alabado este gesto de humildad e inteligencia de la señora ministra. Y hubiera comprendido que nadie es perfecto, que todos cometemos errores, y que el mejor escribano echa un borrón.

6. Sin embargo, la señora ministra ha hecho todo lo contrario. En lugar de reconocer humildemente su error, se ha enrocado en que su ley 'estrella' es muy buena, y en que esos efectos no deseados no son debidos a las deficiencias de la ley, sino a que los jueces que la aplican son unos «machistas», que, además, según ella, no tienen la formación adecuada para proteger a las mujeres. Y, de este modo, la señora ministra ha incurrido en su segundo y gravísimo error: una ministra del Gobierno de España no puede insultar y descalificar, gratuitamente y sin fundamento alguno, a toda la Judicatura española. Una ministra del Gobierno no se puede dejar arrastrar por la ira y por la soberbia.

¿Cuáles deberían ser las consecuencias de los errores de la señora ministra? ¿La soberbia y el empecinamiento de la señora ministra deberían, o no, ser pasados por alto? Algunos dirán que aquí no ha pasado nada. En mi opinión, sin embargo, sí que ha pasado. Y lo ocurrido es lo suficientemente grave como para que doña Irene Montero deje de ser ministra. En consecuencia, y como no parece que vaya a dimitir, yo creo que Pedro Sánchez debería cesarla inmediatamente. Y que no nos vengan con historias los de Podemos. El cese de la ministra no sería un acto de machismo, sino de sentido común y de prudencia política.