Defender la monarquía

Comparto con los actuales dirigentes del PP la convicción de que la monarquía española es una institución útil, no solo porque simboliza la continuidad histórica del Estado, sino también porque garantiza la unidad de todos los españoles. Con una república sería mucho más difícil mantener la cohesión territorial de nuestro Estado. Pero también comparto el temor de que, en un proceso de reforma de la Constitución, se abriera un debate social y político sobre la forma de gobierno, sobre la continuidad de la monarquía o su sustitución por la república.

Pues bien, si estamos convencidos de que la monarquía es necesaria ¿cuál sería la mejor forma de defenderla?

En mi opinión, no es un acierto que nuestros políticos se nieguen radicalmente a iniciar el proceso de reforma de la Constitución, por el temor de que se ponga en riesgo la subsistencia de la Monarquía. La Constitución requiere reformas urgentes e importantes para actualizarla y garantizar así su vigencia en el futuro. El empecinamiento en no actualizar la Constitución puede conducirnos a un colapso del sistema político.

Ahora bien, como es real el riesgo de que, en un proceso de reforma de la Constitución, se cuestione la continuidad de la monarquía, antes, y al mismo tiempo que la reforma constitucional, hay que establecer las bases para que la Corona recupere su imprescindible prestigio, y para que en el futuro no se repitan hechos que puedan desacreditar a la institución. O sea, se trataría de defender la monarquía de un modo activo, y no atrincherándose simplemente en la negativa a reformar la constitución y en la espera pasiva de que pase el tiempo.

Ante todo, deberíamos hacer un esfuerzo legislativo para aclarar y concretar lo que ha de entenderse por inviolabilidad del Rey. El artículo 56-3 de la Constitución dice que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». ¿Cuál es el alcance y significado de esta inviolabilidad? El Tribunal Constitucional, en su sentencia 98/2019, de 17 de julio, se refiere a la inviolabilidad del Rey como una especial protección jurídica relacionada con la persona del Monarca, que sitúa al Rey al margen de la controversia política y le garantiza una defensa eficaz frente a cualquier tipo de injerencia de los otros poderes del Estado por los actos que aquél realice en el ejercicio de sus funciones constitucionales. Es decir, en los tiempos actuales, en una monarquía parlamentaria, la inviolabilidad del Rey ha de venir referida, única y exclusivamente, a lo que se relacione con el ejercicio de sus funciones constitucionales, pero no a cualquier otra actuación que desarrolle en su esfera privada, o aun en la esfera pública, si no se trata estrictamente de algo relacionado con las funciones constitucionales. El Rey, en cuanto actúe como Rey, debe gozar de inviolabilidad; pero, en cuanto persona, debe estar sujeto a las leyes civiles, procesales y penales, en régimen de igualdad con relación a cualquier otro ciudadano. Solo en estos términos puede ser admisible actualmente la especial protección jurídica que implica la inviolabilidad.

También sería preciso elaborar una Ley de la Corona. En una sociedad democrática, la Corona no puede tener rincones oscuros ni zonas opacas; ha de predominar la más absoluta transparencia. Se han de concretar los medios personales, materiales y financieros necesarios para el normal desenvolvimiento de la institución monárquica, incluyendo todo lo relacionado con el Patrimonio Nacional. Se ha de saber qué personas forman el entorno del Rey, cuáles son sus funciones y qué cobran al año. Y, anualmente, como cualquier otra entidad del sector público, ha de rendir cuentas ante el Parlamento y ante el Tribunal de Cuentas.

No es posible, sin embargo, establecer por Ley el código deontológico que deben observar los miembros de la familia real y sus allegados. Esto le corresponde establecerlo y hacerlo cumplir al propio Rey, como jefe de la familia real. Se trata de una gran responsabilidad, dada la importancia para España de que la monarquía siga desempeñando su papel integrador. Al elaborar este código deontológico, el Rey debe ser consciente de que somos muchos los españoles que queremos defender la monarquía. Pero que nos resulta muy difícil hacerlo cuando trascienden conductas irregulares de miembros de la familia real.