Daños irreparables

En el tiempo en el que ocurrieron los hechos, Pedro Antonio Sánchez era el alcalde de Puerto Lumbreras. Antes de las elecciones autonómicas de 2015, se conocía ya que Pedro Antonio Sánchez estaba siendo investigado penalmente. Pese a ello, el PP lo designó como candidato a presidente de la Comunidad Autónoma, en lugar de designar a Alberto Garre, hombre sin problemas judiciales, y que, en su corto mandato de presidente regional, había adquirido fama de persona honrada y se había ganado el respeto de la sociedad murciana. En esas elecciones autonómicas, el PP perdió 147.000 votos y 11 diputados en la Asamblea Regional, pasando de 33 a 22.

Poco después de conocerse el auto de procesamiento, el 25 de marzo de 2017, el PSOE presentó una moción de censura. Ante la posibilidad de que la moción prosperase, y de que el PP y toda su gente quedaran fuera del poder, el propio PP convenció a Pedro Antonio Sánchez para que dimitiera de su puesto de presidente de la Comunidad Autónoma, lo que efectivamente hizo el 4 de abril de 2017.

Mientras se instruía la causa, cuyo juicio ahora ha concluido, Pedro Antonio Sánchez se instaló en Miami. Y, al parecer, le ha ido muy bien.

Algunos abogados de la defensa me han comunicado su optimismo; que el juicio ha salido bien; y que es muy probable que la sentencia sea absolutoria.

Si así fuese, se plantearía una interesante cuestión política. Por este asunto, Pedro Antonio Sánchez vio truncada bruscamente su carrera, lo que le causó un grave daño político, y también, seguramente, un profundo desgarro moral. Y ahora, la sentencia absolutoria en el 'caso Auditorio' lo declara no culpable. ¿Habría que reconocer públicamente que a esta persona se le ha causado un grave daño? ¿Sería, o no, reparable ese daño? ¿A quién correspondería repararlo? ¿Y cómo?

En la historia de nuestra democracia, han ocurrido sucesos similares. Y no siempre han concluido con una reparación proporcional al daño causado. En la década de los ochenta del siglo pasado, fue imputado y juzgado Demetrio Madrid, que era presidente de la comunidad autónoma de Castilla y León, y de cuyo puesto tuvo que dimitir una vez que fue procesado. Pues bien, años después la sentencia fue absolutoria. Y no recuerdo que se realizase ningún acto público de desagravio, ni que su partido, el PSOE, le ofreciera reanudar su carrera política. Hay otro caso mucho más próximo a nosotros. A principios de la década de 1990 era presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia Carlos Collado Mena. Se le acusó públicamente de irregularidades graves en el 'asunto Casa Grande'. Hubo mucho revuelo mediático y un gran escándalo social. El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, del que yo era portavoz, presentó una moción de censura, puramente retórica, que no prosperó. Pero fueron sus propios compañeros del PSOE los que obligaron a Carlos Collado a dimitir. Años después, el proceso sobre 'Casa Grande' terminó con sentencia absolutoria. Me consta que, en un acto público en Lorca, destacados dirigentes del PSOE le pidieron perdón a Carlos Collado por el daño que le habían causado sus propios compañeros de partido. Pero, que yo sepa, nadie ha invitado a Collado a que reanudase su truncada carrera política.

No conozco personalmente a Pedro Antonio Sánchez. Es un hombre joven. Tiene mucha vida por delante. Pero no sé si, en el caso de salir absuelto, estaría dispuesto a reanudar su vida política; o si, por el contrario, preferiría su actual vida en Miami, al parecer mucho más confortable. Cuando uno sale de la política, se da cuenta y valora lo agradable que es vivir sin depender de tanta gente.

En todo caso, si decidiera volver, sería el PP el responsable de proporcionarle esta reparación. Si fue el partido el que le obligó a dimitir, ha de ser el propio partido el que facilite su regreso.

Cuando una Junta Directiva Regional del PP nombró a Fernando López Miras para sustituir a Pedro Antonio Sánchez en la presidencia de la Región, me contaron que el propio López Miras dijo, poco más o menos, que creía tanto en la inocencia de su antecesor, que él no sería más que un interino, y que le guardaría la plaza a Pedro Antonio. No creo que haya que exigirle al interino que ceda el puesto al titular. Esto podría producir un conflicto. Sin embargo, el PP puede ofrecer a Pedro Antonio Sánchez otros puestos políticos relevantes. De todas formas, la reparación nunca será completa, porque muchos aspectos del daño causado son tan graves, y tan profundos, que nunca podrán ser reparados.