La presidenta de Estonia declaró recientemente que «las niñas en nuestro país ya no se preguntan si pueden llegar a ser mandatarias, esa cuestión está ... fuera de debate». Tal vez una comisión, constituida por sociólogos, educadores, psicólogos y otros expertos de reconocido prestigio debería hacer un informe sobre el tema. Si se confirma el dato de Estonia, se debería estudiar qué cambios se han realizado allí (o en otros países) para alcanzar esa idílica situación, así como las diferencias actuales con España.
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La naturaleza de la lucha por los derechos de la mujer, actualmente de tipo eminentemente ideológico, pasaría a ser científica. No se entiende que la defensa de la mujer se intente en la calle gritando eslóganes. ¿Se sabe si las manifestaciones del 8-M tienen algún efecto en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres? ¿Disminuyen los feminicidios o la brecha salarial? ¿Tiene sentido persistir en la realización de actividades dirigidas a resolver problemas en la sociedad si se desconocen sus efectos? La mera sensibilización de la sociedad puede que sea un pobre objetivo.
En la reciente aprobación de la Lomloe, ¿ha intervenido alguna comisión de expertos, independientes de la política, que orientasen cómo mejorar el estatus social de la mujer a través de la educación? Todas las preguntas anteriores tienen, seguro, respuestas basadas en la experimentación científica. Un ejemplo: El 'Women, Peace, and Security Index', que mide el bienestar de la mujer, su empoderamiento en los hogares, las comunidades y las sociedades, en general, la sitúan en España en el periodo 2019/20 en la posición 15, lo que supone un notable retroceso respecto del periodo 2017/18 en el que ocupaba la posición 10. Esta mala noticia se suma a la debacle actual en muchos otros terrenos indicando que, en contra de lo que se anunciaba, no estamos en un periodo de 'progreso'.
Conclusión, todos los dirigentes políticos deberían hacer como Biden: la primera medida, antes de tomar posesión, sería nombrar un comisión científica independiente del poder político y de probada experiencia en diferentes áreas de conocimiento (en ciencia esto es posible) que debería informar a los ciudadanos y a los políticos de sus recomendaciones sobre cualquier tema en el que la ciencia pueda ayudar a mejorar la sociedad. En la actualidad, muchos asesores del Gobierno alcanzan una formación que oscila entre el graduado escolar y el Bachillerato. El desastre de la pandemia no es ajeno a la ausencia de verdaderos expertos que asesoren al gobierno.
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Aquí nos hemos referido a los problemas de la mujer, pero la propuesta vale para los de la sanidad, la educación, la ciencia, el clima, la economía, la ecología...
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