Armonización fiscal

En principio, con estas decisiones de descentralización fiscal se perseguían finalidades hasta cierto punto razonables. Se pretendía que las comunidades autónomas se implicasen en la desagradable tarea de recaudar tributos; que no fuese el Estado la única administración que asumiese esta antipática función, mientras que las comunidades autónomas se dedicaban alegremente a gastar, sin preocuparse en absoluto de los ingresos, pues al final había la mentalidad de que siempre sería la Administración del Estado la que les transfiriese los fondos necesarios para seguir gastando. Hubo un tiempo en que se hablaba de establecer una especie de corresponsabilidad fiscal, de modo que todas las administraciones territoriales adquiriesen conciencia de lo difícil que es recaudar tributos, y, por consiguiente, de la necesidad de respeto y seriedad a la hora de gastar los fondos públicos.

Sin embargo, esta loable finalidad no se ha logrado en absoluto. Primero, porque los ingresos obtenidos con estos tributos cedidos no significan una parte importante en la totalidad de los ingresos de las comunidades autónomas de régimen ordinario. Y, segundo, porque algunas comunidades autónomas no han hecho uso responsable de esas competencias fiscales. El principio constitucional de igualdad parece que exigiría que todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar en que residan, soporten la misma presión fiscal. Este principio no ha sido respetado por algunas comunidades autónomas. Para seducir a sus ciudadanos, y ganar sus votos, algunos políticos de provincias han bonificado tanto el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que al final la deuda tributaria queda en cifras ridículas, si atendemos al valor de los bienes transmitidos. Otras veces, se ha emprendido una carrera para reducir la deuda tributaria del IRPF, en la escala autonómica. Hoy día, en la campaña electoral andaluza, este es uno de los debates más importantes. Moreno Bonilla ha dicho, el martes de esta semana, que su objetivo es reducir el tipo en todos los tramos de IRPF, de modo que los andaluces lleguen a pagar lo mismo que los madrileños. Y, de este modo, con esta carrera desenfrenada que han emprendido los populismos, no solo se atenta al principio de igualdad, sino que se rompe la unidad de mercado, al establecerse una competencia fiscal desleal entre los diversos territorios del Estado.

Lo curioso de este asunto es que nadie ha preguntado a los dirigentes autonómicos que proponen rebajas de impuestos cómo piensan reducir sus déficits públicos. ¿Van a pedir que se les autorice a emitir deuda? ¿O, simplemente, se limitarán a seguir quejándose de la financiación autonómica y de que el Gobierno de la nación los maltrata? ¿Qué pasa? ¿Acaso es rentable electoralmente el papel de víctima fiscal? ¿Acaso estos políticos que prometen reducir impuestos van a terminar, también ellos, con la misma cantinela que los separatistas catalanes de que 'España nos roba'?

¿Qué hacer? En muchos aspectos competenciales, el título VIII de la Constitución está exigiendo a gritos una reforma. No sé si a medio plazo podremos contar con hombres de Estado que se atrevan a plantear la reforma de la Constitución. Sin embargo, para acabar con el desbarajuste fiscal al que nos están llevando algunos demagogos con su visión aldeana, no se requeriría una reforma de la Constitución. Bastaría con que el PP y el PSOE fuesen capaces de pactar un proyecto de ley de armonización fiscal. Se trataría de que el Estado español recuperase sus competencias normativas plenas sobre los impuestos cedidos. Pongámonos de acuerdo sobre cómo deben articularse los impuestos de Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Patrimonio e IRPF. Y blindémoslos, de modo que ninguna autoridad autonómica pueda alterar su regulación normativa, y que todos los españoles, independientemente del lugar en que vivan, soporten por estos tributos la misma presión fiscal. No hace falta inmiscuirse desde el Estado en los tributos propios de las comunidades autónomas. La armonización fiscal solo debe referirse a la regulación de impuestos de titularidad estatal. A primera vista, podría parecer escasa la armonización fiscal propuesta. Pero políticamente, y sobre todo psicológicamente, sería un gran paso.

Claro que, en España, para de verdad garantizar la unidad de mercado y la igualdad ante la presión fiscal, habría que ir pensando en acabar con esas antiguallas insolidarias que son los regímenes de concierto del País Vasco y de Navarra. Ciertamente, tarea delicada, y políticamente muy difícil. Pero no imposible. Y, sobre todo, muy necesaria, si la encuadramos en el proceso de armonización fiscal de todos los países de la Unión Europea.