Aniversario del Estatuto de Autonomía

Hace cuarenta años, los estatutos de autonomía fueron una pieza más en el complejo mecanismo de la Transición política. Cuando en noviembre de 1975 murió Franco, en todos los sectores sociales, fuesen de izquierdas o de derechas, había un deseo generalizado de alcanzar la democracia. Sabíamos que queríamos la libertad y la democracia, pero que teníamos que conseguirlo manteniendo a la vez la paz y el respeto mutuo. No queríamos volver a enfrentamientos fratricidas. Ahora bien, no había unanimidad en cómo conseguir este objetivo común. Para unos, mediante la reforma de las leyes del anterior régimen; para otros, era imprescindible la ruptura. Terminaría prevaleciendo esta última opinión. Nadie había dicho que las Cortes nacidas de las urnas del 15 de junio de 1977 iban a ser constituyentes. Y, sin embargo, lo fueron. Prevalecieron los partidarios de la ruptura. Y se aquietaron y lo asumieron los partidarios de la reforma.

No obstante, si la democracia y la libertad fueron un objetivo común de las izquierdas y las derechas de aquella época, no ocurría lo mismo con el sistema de las autonomías. En aquel tiempo yo era presidente regional de AP, y en tal condición participé en la redacción del primer borrador del Estatuto. El sector social de la derecha moderada, al que aspiraba a representar AP, no aceptaba ni la necesidad ni la conveniencia de establecer en España un estado de las autonomías. No hacía falta descentralizar territorialmente el poder para constituir en España un régimen democrático. Francia era un país fuertemente centralizado, y nadie podía dudar de los impecables mecanismos de su democracia. Había, sí, y se reconocía, el problema de Cataluña, el del País Vasco, y, en menor medida, el de Galicia. El sector social de la derecha española aceptaba entonces con naturalidad que se otorgase un estatuto de autonomía a Cataluña, al País Vasco, y, quizás, a Galicia. Pero no se entendía que se generalizase el sistema, y que La Rioja, Cantabria, Murcia o Madrid tuvieran que constituirse en autonomías. La fórmula de 'café para todos' de Adolfo Suárez no convencía en absoluto. Se nos explicaba que el objetivo político de la generalización del sistema era frenar los separatismos vascos y catalán, que se pensaba que se calmarían con una descentralización autonómica. Pero ya entonces se avisó por algunos de que este objetivo fracasaría. Ni vascos ni catalanes iban a aceptar la autonomía como una meta final, sino simplemente como una etapa para conseguir a medio plazo la independencia. Desgraciadamente, el tiempo ha demostrado que teníamos razón los que ya entonces nos mostrábamos pesimistas.

La Región de Murcia no sufrió el centralismo, sino que convivió cómodamente con él como algo natural. No había ansias de autonomía, ni espíritu regional identitario.

Se intentó una región del Sureste, que comprendiese Alicante, Albacete, Murcia y Almería. Demográfica, política y económicamente hubiésemos sido una región muy importante. Pero no pudo ser. Al final fuimos la Región de Murcia, porque no éramos ni País Valenciano, ni Andalucía, ni Castilla-La Mancha.

Cuarenta años después, hemos crecido. No llegábamos al millón de habitantes. Y ahora somos casi un millón y medio. Y se vive mucho mejor ahora que antes. La calidad de vida en nuestros pueblos y ciudades es ahora muy superior a la que había antes. ¿Es debido a la autonomía? En mi opinión, gran parte de este incremento del bienestar se debe a nuestra integración en Europa. La llegada de los fondos europeos fue decisiva para elevar el nivel de vida.

Desde luego, tenemos problemas. Los murcianos deberíamos estar enarbolando continuamente el principio de solidaridad entre las regiones, que proclama el artículo segundo de la Constitución. Habría que convencer al resto de los españoles de que el Trasvase Tajo-Segura es una infraestructura que simboliza a la perfección ese principio de solidaridad. Y quienes cuestionan el Trasvase están traicionando uno de los principios básicos de nuestra convivencia democrática.

Hay también otros problemas, pero que son comunes a todas las autonomías. La reforma del Título VIII de la Constitución se hace imprescindible para racionalizar la distribución de competencias, y para que el Estado pueda funcionar y pueda garantizar la igualdad de todos los españoles, tanto ante los servicios públicos esenciales, como ante la presión fiscal. Y lógicamente, tras la reforma de la Constitución, tendrá que venir la reforma de los Estatutos. También la del Estatuto de la Región de Murcia.