Piden el ingreso en prisión de un cura juzgado por abusos sexuales a menores en San Pedro del Pinatar

En el mismo se tomó declaración al acusado, que ya fue apartado del oficio religioso cuando salió a la luz otro caso de abuso sexual a otro menor también en San Pedro del Pinatar. El acusado tiene una condena previa de 7 años y 9 meses de prisión porque anteriormente sometió a un chico de trece años a tocamientos y sexo oral. Pese a ello, el expárroco permanece hoy en día en libertad. La Fiscalía y la acusación piden el ingreso en prisión de forma inmediata, de resultar condenado por estos dos nuevos casos. Sigue pendiente de juicio por el tercero de esos casos.

Los hechos relatados por los denunciantes este miércoles, en la sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, se trasladan a cuando este hombre ejercía su ministerio sacerdotal en San Pedro del Pinatar. El más reciente de ellos hace casi diez años. Los jóvenes, que por entonces tenían 9 y 13 años de edad, iniciaron este proceso tras conocer la primera denuncia, ya juzgada. Los delitos que se le imputan ahora son presuntos abusos sexuales no carnales, consistentes en supuestos tocamientos descritos por los chicos.

Uno de los jóvenes denunció que cuando tenía 9 años el hombre le agarró de su zona íntima mientras estaba sentado en el sofá de su hogar familiar jugando a la videoconsola. Mientras que el otro relató dos hechos, que se remontan a cuando tenía 13 años. Uno de ellos dijo que se produjo en el domicilio que el párroco tenía en Yecla, donde éste residía y el menor se quedó a dormir. Allí ejerció después de acabar su etapa en San Pedro del Pinatar. Relató que consistió en un tocamiento mientras el cura depilaba al joven, al que según el acusado le ofreció su ayuda tras sorprenderle depilándose en el baño. Otro de los aspectos relatados por el chico se produjo en el interior de un vehículo, pero no se consumó. El menor se negó a bajarse los pantalones.

La acusación y la Fiscalía consideran que existió un «ánimo libidinoso» por parte del acusado, algo que éste negó. Antonio L. Z. recalcó que no había «tocado a nadie». Los denunciantes y sus familias tenían una relación de confianza plena y de cercanía con el acusado, que tenía incluso llaves de sus casas y daba regalos a algunos de los menores, así como invitaciones a comer o días de playa.

La Fiscalía pide alrededor de 5.000 euros como responsabilidad civil para uno de los afectados, derivados de los gastos de tratamiento de salud mental que ha necesitado. El abogado de la Diócesis avanzó en el juicio que la Iglesia hará frente de forma inmediata a cualquier posible compensación de declararse la insolvencia del acusado. El otro manifestó no tener ningún tipo de daño.

La Fiscalía y la acusación consideran que este párroco tenía como 'modus operandi' ganarse la confianza de los menores y sus familias, que acudían a misa; que hablaba con los niños abiertamente sobre sexo y normalizaba en esas conversaciones que se produjeran tocamientos o felaciones entre jóvenes para que si en un caso futuro estas situaciones se pudieran producir los niños lo vieran como algo normal. El sacerdote lo negó.

Antonio L. Z. puso en duda que los chavales denuncien tantos años después y tras conocer una primera denuncia. La forense explicó en el juicio que es normal que los jóvenes encapsulen los recuerdos traumáticos para procurar olvidarlos como mecanismos de autodefensa, hasta que salen de forma explosiva. El abogado defensor esgrimió al respecto que el consumo de cannabis pudo motivar los problemas del joven, que ha precisado ayuda para su salud mental.

El acusado se declaró inocente ante el juez. «Si a ellos les va a sanar, métame en prisión los años que sean. Las heridas las sana poder perdonar. Rezo todos los días por ellos», concluyó compungido.