El Supremo pretende impedir que haya señal en directo del juicio contra el fiscal general

La decisión de Arrieta -que todavía está a debate y ha creado una fuerte controversia en un CGPJ volcado en una política de transparencia en los últimos años- supondría en la práctica que el primer proceso de la historia judicial española contra un fiscal general del Estado no podría ser seguido en directo ni por televisión ni por streaming. Tampoco las televisiones podrían tener acceso a la señal institucional para darla en directo, ya que estas imágenes solo estarían disponible en diferido para evitar el seguimiento al segundo de la vista oral.

Ante la polémica creada por la intención de Arrieta de hurtar el acceso en directo del juicio a la opinión pública, el Supremo, en una ambigua nota emitida la tarde de este viernes, se limitó a apuntar que «los medios de comunicación podrán captar la señal institucional de la vista oral, que será distribuida por la Oficina de Comunicación y puesta a su disposición mediante distribuidores de audio analógico y vídeo HD».

«El juicio podrá ser seguido por los medios de comunicación tanto desde la propia sala de vistas -donde se reservarán 20 plazas para periodistas- como desde el salón de actos y la biblioteca del Tribunal Supremo, habilitados como sala de prensa», abundó el comunicado, que no obstante remitió a futuras notas para aclarar los «detalles de la cobertura», dando a entender que no hay una decisión firme tomada sobre la retransmisión o no en directo de esta histórica vista oral.

La vista contra el fiscal general se desarrollará durante seis días en sesiones de mañana y tarde. El Supremo ha señalado entre el 3 y el 13 de noviembre el juicio contra García Ortiz por revelación de secretos, por supuestamente haber participado en las maniobras en marzo de 2024 para filtrar un correo electrónico que el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, había enviado al fiscal del caso que se seguía contra él. En ese controvertido mail (fechado el 7 de febrero 2024), el abogado Carlos Neira reconocía que su cliente había cometido un doble fraude fiscal, al tiempo que se avenía a llegar a un pacto con el Ministerio Público.

La Sala de lo Penal del alto tribunal, en concreto, ha establecido que las sesiones del juicio se celebrarán los días 3,4,5,11,12 y 13 de noviembre. En la última sesión, el jueves 13, cerrará el juicio el interrogatorio del propio García Ortiz, tal y como había solicitado su defensa ejercida por la Abogacía del Estado. En esas seis jornadas, los magistrados escucharán a 40 testigos, entre los que se encuentran 8 fiscales más 2 responsables de prensa de la Fiscalía, 12 periodistas, 11 guardias civiles de la UCO, 4 políticos, 2 abogados, y el «acusador particular» Alberto González Amador, pareja de la presidenta autonómica.