El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza

Ángel Hurtado, el magistrado que instruye la causa en el alto tribunal contra García Ortiz, ha dictado este martes una resolución sin precedentes en la historia judicial. En 29 páginas acuerda la apertura de juicio oral contra un fiscal general del Estado en ejercicio. El instructor de la Sala Segunda (Penal) insiste en que la «solidez indiciaria acumulada en la investigación» es suficiente para dar este paso, que sentará al acusado en el banquillo en los próximos meses (la mayoría de las fuentes apuntan a mediados de noviembre) para enfrentarse a peticiones por parte de las acusaciones populares de entre cuatro y seis años de cárcel.

Este escrito ya no es recurrible y supone un importante varapalo económico inmediato para el encausado, pues le impone una fuerte fianza de 150.000 euros para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se pudieran derivar en caso de una sentencia condenatoria, «con el apercibimiento de que, si no la presta en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad». La acusación particular de González Amador había pedido, no obstante, una caución de 300.000 euros para responder a una hipotética multa y condena por daños morales.

El único aspecto positivo para García Ortiz es que el magistrado rechaza la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de suspenderle cautelarmente de sus funciones, aunque remite su auto a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado para que, en su caso, resuelva lo que proceda y le informe de la decisión adoptada.

El magistrado recuerda que, efectivamente, existe una regulación para acordar la suspensión de cualquier miembro de la carrera fiscal por vía administrativa, pero sin embargo esta normativa no contempla la del fiscal general. Ante este «vacío legal», opta por la vía de la inspección ante el contrasentido de la ley marque que sea el propio García Ortiz el que se suspenda así mismo.

El magistrado, por una suerte de deferencia institucional, decidió posponer el anuncio del enjuiciamiento hasta que pasara el acto de apertura del año judicial, celebrado el pasado viernes en el Supremo, para que la resolución no interfiriera más en este solemne evento presidido por el Rey y en el que la presencia del fiscal imputado junto al jefe del Estado provocó ya de por sí una fuerte controversia.

El instructor destaca en su resolución que García Ortiz «indiciariamente» podría haber «revelado», en su «condición de fiscal general, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo». Y apunta a la entrega del correo confidencial a un periodista de la Cadena Ser el 13 de marzo de 2024 entre las 21:29 y las 23:00 horas, quien lo difundió a las 23:25 en el espacio Hora 25, para erosionar la imagen de Díaz Ayuso.

Pese a esta aseveración, no detalla indicios objetivos que le lleven a esta conclusión y reitera, como ya respaldó la Sala de Apelaciones, que el borrado de los correos electrónicos y mensajes de móvil de García Ortiz es un «potente» indicio más contra él. «Es de común experiencia que un borrado se hace de elementos que puedan resultar desfavorables», justifica el magistrado, orillando la tesis de la defensa de que se eliminaron en cumplimiento de un protocolo interno de protección de datos por contener informaciones «sensibles» sobre investigaciones en curso.

Del mismo modo, el magistrado asume las correcciones que le hizo la Sala de Apelación cuando, por dos votos contra uno, estimó parcialmente la acusación contra García Ortiz y decretó el archivo de la causa contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Para sustentar su instrucción, Hurtado destaca la «solidez indiciaria acumulada durante la investigación de los hechos, que ha sido ratificada por la Sala».

Del mismo modo, explica que el correo del abogado de González Amador de 2 de febrero de 2024 «contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía». Y añade que «no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación».

Además, la filtración del correo, según Hurtado, «pone en cuestión el prestigio de la institución si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad«. Concluye que todo ello fue asumido por García Ortiz desde el momento en que, «a una información confidencial de la que tuvo conocimiento por razón de su cargo, le dio una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó, al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida».

Como colofón, vuelve a señalar que, en paralelo a la presunta filtración a la Cadena Ser, «desde Fiscalía General del Estado se remitió copia del correo a Pilar Sánchez Acera», empleada de Presidencia en Moncloa, quien hizo uso de él para que lo utilizara el exlíder socialista madrileño Juan Lobato contra Díaz Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid, celebrado un día después: el 14 de marzo de 2024.