El camión abandona la nave de un polígono industrial de Fuerteventura tras cargar la droga.

El viaje truncado de los 1.500 kilos de hachís canario que tenían como destino la Región

Condenan a los integrantes de una banda que pretendía establecer una vía de transporte marítimo de la droga desde el archipiélago

Lunes, 19 de febrero 2024, 00:59

Los dos empresarios debieron ver muy claro el negocio y se aventuraron a trazar un plan que en sus cabezas era perfecto. La idea ... era simular operaciones comerciales entre la Región de Murcia y Canarias para traer grandes cantidades de hachís por vía marítima. Eligieron este método de transporte –en barco– porque los controles de mercancías entre las Islas y la Península son menos rigurosos, «a veces inexistentes», en comparación con el tránsito por otros puntos fronterizos habilitados por España. Así lo deduce el informe de la investigación del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (Edoa) de Guardia Civil que echó por tierra en el verano de 2021 los propósitos de la banda.

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El negocio nació muerto desde el principio, cuando en abril de ese año llegó a los oídos del Eoda de Murcia un 'soplo' sobre la intención de varias personas vinculadas con el tráfico de drogas, asentadas en la Región de Murcia, de transportar en agosto un gran cargamento de hachís desde las Islas Canarias a la Península. A los especialistas que luchan contra el tráfico de drogas se les pusieron las orejas de punta y contactaron con sus colegas del Edoa de Las Palmas de Gran Canaria. Los equipos antidroga iniciaron una investigación conjunta que llevaría por nombre 'operación Aristarco'.

La información que manejaban los avezados agentes les llevaba a un camión comercial, tipo cisterna, donde iban a ocultar la droga. El vehículo simularía un porte comercial a Fuerteventura y una vez allí, se desharían de la mercancía, cargarían la droga y la introducirían en la Península en barco. Si salía bien la engañifa, podrían plantearse establecer una vía estable para el transporte de la droga desde el archipiélago canario, según apuntan las diligencias del caso.

Cinco de los acusados cumplirán 3 años y medio de prisión; el sexto fue declarado cómplice y no pisará la cárcel al suspenderse su pena

El Edoa puso el foco en seis personas: J. J. S. y J. J. B., dos empresarios del sector del transporte, encargados de la gestión, coordinación, control y financiación, valiéndose de una empresa de Pilar de la Horadada (Alicante). Los cabecillas contrataron al murciano A. B. como conductor del camión; su paisano D. C. sería el encargado de comprar la cisterna en desuso y averiada de un desguace por 968 euros. Además, en Canarias estaba un ciudadano albanés, M. S. y un empresario, E. Z. M. quienes serían los encargados de recibir el camión en las islas y cargar el hachís almacenado en una nave alquilada.

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«Tranquilo, es la primera vez»

Todo estaba preparado para el 2 de agosto y el camión inició el viaje a las siete de la mañana desde las instalaciones de la empresa alicantina. Para dar la sensación de que se trataba de un transporte comercial, cargaron la cisterna de litros de melaza –miel de caña– de una empresa azucarera granadina. En el trayecto surgieron algunos problemas, como la falta de cobertura de internet o la inexistencia de cajeros automáticos en el barco. Ante estos contratiempos, uno de los empresarios intercambió mensajes con el conductor en los que le animaba diciéndole que al ser el primer viaje que realizaba, para el siguiente, esos problemas los tendrían en cuenta para solventarlos. Los guardias civiles, que seguían toda la trama desde la lejanía, intervinieron varios mensajes de WhatsApp:

«Es la primera vez. Para la siguiente ya sabes cómo va todo». «Ya sabes que para la próxima quedará todo bien arreglado... como tú lo estás viendo todo, cuando lleguemos a la base nos ponemos tú y yo y... eso lo arreglamos rápido, compramos lo que tengamos que comprar y lo hacemos rápido».

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El camión llegó a Cádiz y subió a bordo de un barco rumbo al puerto del Rosario de Fuerteventura. El camión desembarcó el 7 de agosto y desde allí se trasladó, dos días después, hasta una nave de una empresa propiedad del quinto encausado, E. Z. M., que había sido constituida tres meses antes y que figuraba 'sin actividad lícita conocida'. E. Z. M. y el sexto implicado, el ciudadano albanés M. S., acompañaron en un turismo al camionero hasta el punto de destino. Pero, antes de cargar el hachís, debían deshacerse de la mercancía que transportaban y lo hicieron en mitad del trayecto. Los agentes tomaron imágenes de los tres implicados vaciando en una zona de campo el producto azucarado que transportaban.

Durante la operación, la Guardia Civil se topó con el sistema eléctrico que permitía abrir la parte anterior de la cisterna, donde se halló el polen

Una vez que el vehículo pesado llegó a la nave, situada en un polígono industrial, el ciudadano albanés instaló en el semiremolque del camión un complejo dispositivo eléctrico e hidráulico, con un doble fondo, para ocultar la droga. El 11 de agosto el camión se dirigió al puerto de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria, con destino a la Península. Fue el momento de actuar y los especialistas de la Guardia Civil inspeccionaron la cisterna.

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Fardos de hachís hallados por la Guardia Civil en la cisterna.

Los agentes se toparon con el sofisticado sistema eléctrico que descubría la parte anterior de la cisterna. Tras su apertura hallaron una puerta metálica con cerrojos y el cargamento de 1.448 kilogramos de polen de resina de hachís, con un valor en el mercado ilegal que superaba los tres millones de euros. Los seis implicados en el transporte de la droga fueron detenidos.

La instrucción del caso la llevó el Juzgado número 2 de Molina de Segura, desde donde se inició la operación. El fiscal pedía para cada acusado ocho años y nueve meses de prisión por un delito contra la salud pública y por pertenencia a organización criminal. Hubo un acuerdo entre las partes, y el pasado 6 de febrero, tras celebrarse una vista oral, el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial dictó el fallo 'in voce' y declaró la sentencia como firme tras la conformidad de todas las partes.

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Cinco de los imputados fueron condenados a tres años y medio, y al pago de una multa de seis millones de euros, en virtud de la conformidad alcanzada. El sexto acusado, que fue defendido por el abogado Jorge Novella, fue condenado a un año y once meses como cómplice del delito y una multa de dos millones de euros. «El tribunal acordó la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta a mi cliente, quedando condicionada a que durante el plazo de tres años no delinca», manifestó el letrado Novella.

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