Un vecino de Barriomar recibirá 10.000 euros de indemnización por la pasividad municipal ante una valla ilegal

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha dictaminado que un vecino de Barriomar debe recibir 10.000 euros por daños morales tras 17 años de pasividad municipal ante una valla ilegal que bloqueaba el acceso a su finca. El organismo, tras analizar el caso, entiende que existe un nexo causal entre el anormal funcionamiento del servicio público de disciplina urbanística y el daño moral alegado por el vecino afectado.

El reclamante relató en su reclamación que en 1998 un vecino construyó una valla, apropiándose de la única entrada de su finca. La verja fue retirada tras su denuncia, pero en 2003 el mismo vecino vuelve a construir un vallado, apropiándose de nuevo de la única entrada de la finca, así como de la vivienda que se encuentra en ella.

Tras la oportuna denuncia, se inició un procedimiento sancionador que culminó en el verano de 2004 en un acuerdo de la Gerencia de Urbanismo. Este le impuso una multa al vecino que había colocado el vallado y le ordenó retirar el mismo. La multa, según recoge el CJRM, se dejó sin efecto en septiembre de 2004 al fallecer el vecino.

En abril de 2005 el interesado volvió a reclamar la actuación de la Administración, al encontrarse el vallado igual, «y tras estar ya 7 años sin poder acceder a su finca». El 15 de noviembre de 2017, la Unidad de Inspección de Urbanismo constata, después de múltiples requerimientos efectuados por el interesado al Ayuntamiento, de que el vallado no ha sido retirado y autoriza a una empresa para la ejecución subsidiaria. Según reflejó el demandante en su escrito, los herederos del vecino, sin embargo, impiden la entrada de los operarios y se solicita una autorización judicial que se concede en el verano de 2019.

En mayo de 2022, sin embargo, tras un recurso de los herederos del vecino, se acuerda dejar sin efecto el acto municipal que ordenaba el restablecimiento de la legalidad urbanística. Alega el reclamante que, a pesar de la obligación que pesaba sobre el vecino de restablecer la legalidad urbanística y que fue declarada por el Ayuntamiento en el año 2004, desde el año 2003 «y hasta la fecha de hoy que sigue la valla, no he podido entrar a mi finca, la cual estaba cultivada de limones, perdiendo toda su producción durante 20 años».

El organismo remarca la «absoluta e injustificada omisión» por parte del Ayuntamiento del cumplimiento de sus obligaciones y subraya que el vecino no tenía que «soportar los efectos negativos de la desidia municipal en el cumplimiento de sus competencias urbanísticas».

Temas

• Multa
• Murcia