Valcárcel insiste en que no conoció hasta 2013 que la planta costaba 600 millones

La desalinizadora de Escombreras era un proyecto interesante para la Region «tras haberse cercenado el Plan Hidrológico Nacional y suprimido el trasvase del Ebro». Así lo declaró el pasado viernes el expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel, en su declaración como investigado en el llamado 'caso La Sal II', que investiga una presunta malversación multimillonaria en la construcción, explotación y adquisición por la Comunidad Autónoma de la desalinizadora de Escombreras.

Sus declaraciones se conocieron ayer al ser notificadas a las partes personadas en este proceso, que investiga al exvicepresidente del Parlamento Europeo como presunto autor de delitos de prevaricación, malversación, fraude y fraude de subvenciones.

El antiguo alto cargo popular insistió varias veces en que una de sus máximas preocupaciones en sus años de gobierno (1995-2014) fue combatir el déficit hídrico de Murcia.

A preguntas de la magistrada Ana Isabel Navarro Prieto, señaló que con la supresión del trasvase del Ebro se vinieron abajo las expectativas generadas y los alcaldes de la Región acudieron a él para buscar soluciones a la falta de agua. Explicó que la desalinizadora no era un proyecto suyo, sino del Consejo de Gobierno, «en el que se debatían las propuestas de cada consejería, se analizaba su viabilidad y luego se decidía».

Reveló que supo en fecha muy tardía, ya en noviembre de 2013, de la cláusula que obligaba al Gobierno murciano a pagar de golpe los 600 millones de euros, fijados en el contrato de explotación de la planta, si se dejaba de pagar un solo plazo. «Me lo comentó el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, y decidimos ir a ver a Florentino Pérez, presidente de ACS, constructor de la planta, para decirle que no podía ser, que no estábamos de acuerdo».

«Nos dijo -añadió- que no pretendía ganar ni un euro con la planta, pero tampoco perderlo, por lo que estaba dispuesto a venderla al Gobierno de Murcia a precio de coste, que concretaría con sus asesores jurídicos y financieros».

Al responder a las preguntas de la Fiscalía comentó que «los hechos demuestran que no hubo omisión al respecto, sino todo lo contrario: hubo acción, y encaminada a buscar la mejor solución posible para los intereses regionales».

También sostuvo que ningún servicio jurídico ni de Intervención le advirtió de posible irregularidad al crear el Ente Público del Agua (EPA). Según la Fiscalía, el objetivo de este órgano era burlar la Ley de Aguas, que exigía que los planes urbanísticos garantizaran el abastecimiento con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que por entonces rechazaba sistemáticamente estas peticiones por la escasez estructural en la cuenca. El EPA fue el que emitió esos informes favorables a 26 proyectos que pretendían construir 180 millones de metros cuadrados.

Valcárcel dijo que la desalinizadora, con ser importante, solo suponía el 0,4% del presupuesto regional anual. «Y si nadie nos advirtió de que las cosas se estuvieran haciendo mal, ¿por qué iba yo a verme en la necesidad de solicitar un informe jurídico o de Intervención?», se preguntó.

Llegó al punto de señalar que «me considero una víctima por no haber recibido la información que los servicios que estaban obligados a ello debían habernos facilitado». Y recalcó que no asistió a ninguna reunión del consejo de administración del EPA y que ninguna de sus sesiones se hizo en el Palacio de San Esteban.