Tres entidades acaparan más del 75% de las oficinas bancarias que quedan en la Región

Este dato se desprende del informe del Observatorio Financiero de la Región de Murcia, presentado ayer por el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, y el catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Murcia (UMU), Samuel Baixauli.

La elevada concentración bancaria en la Región, dos puntos y medio superior a la media nacional, tiene consecuencias negativas para el tejido productivo, sobre todo el de menor tamaño. Y es que «cuanto mayor es el porcentaje de concentración, mayor será el poder de las entidades bancarias para fijar condiciones y menor será la capacidad de las empresas para cambiar de entidad bancaria en busca de alternativas», advierte el informe.

«La diversidad en cuanto a tipología y tamaños es lo que asegura una correcta capilaridad y flexibilidad en el funcionamiento del sector bancario como canalizador de recursos hacia las actividades productivas», lo cual «cobra aún más importancia para los emprendedores, la parte más vulnerable del sector productivo, cuya dependencia de las instituciones financieras para la financiación del capital semilla es muy alta». De hecho, en la Región de Murcia, el 33,5% del capital semilla necesario para los proyectos empresariales nacientes procede de los bancos.

En cambio, «la reducción en el número de oficinas tiene un claro efecto positivo, al disminuir los costes operativos y aumentar la resistencia de las entidades financieras a las fluctuaciones del ciclo económico. Si las entidades bancarias son menos frágiles, las empresas tendrán un acceso más estable a la financiación, lo que redundará en un mayor crecimiento y competitividad del tejido empresarial», indica el informe del Observatorio.

«La existencia de grandes grupos bancarios podría marginar a determinados colectivos empresariales ya que como es sabido, las entidades bancarias de gran tamaño tienden a buscar su negocio en las empresas medianas y grandes, mientras que las cajas y los bancos de reducido tamaño son más proclives a buscar clientes entre las empresas pequeñas», continúa el estudio presentado ayer. El documento señala que en la Región operan hasta 23 entidades financieras distintas, pero CaixaBank (43,9%), Banco Sabadell (19,2%) y Banco Santander (12,5%) son propietarias de tres de cada cuatro sucursales. Las cajas rurales, en cambio, «ocupan un puesto marginal en la Región con tan solo el 8,4% de las oficinas», frente a otras provincias como Teruel y Cuenca, donde alcanzan el 71,4% y el 55,1%, respectivamente.

Sin embargo, «la importancia del sector primario en Murcia y la industria relacionada con este sector provoca que las cuotas que mantienen las cooperativas de crédito –como Cajamar– sean muy superiores a las del resto de España», indica el informe.

Por otro lado, los municipios de Murcia y Cartagena concentran la mitad de las oficinas que persisten en la Región (192 en la capital y 78 en la ciudad portuaria). Cuatro localidades (Ojós, Ulea, Villanueva del Río Segura y Albudeite) no cuentan con ninguna sucursal, mientras que Alcantarilla, el cuarto municipio en población, no llega a la decena de oficinas. El informe define esta situación como «exclusión financiera» y es otra consecuencia, según el Observatorio, del proceso de concentración bancaria.

«La concentración de las entidades financieras en búsqueda de mayor tamaño, solvencia y rentabilidad, ayudada por la digitalización, está provocando una exclusión financiera en la Región. La desaparición de oficinas de lugares menos poblados y de menor renta per cápita provoca una exclusión financiera geográfica cuyo problema se acentúa por producirse en lugares con menor capacidad de desarrollo económico y con peores comunicaciones», señalan los redactores del estudio.

Por otro lado, el Observatorio alerta de incremento de los tipos de interés, que se puede ver en el euríbor, que se prevé que aumente un 0,75%. Sin embargo, la Región afronta este escenario «con una reducción en el importe medio del crédito medio por habitante», lo cual significa que «el impacto del encarecimiento de los fondos sea menor que el que hubiera tenido hace seis meses.