Transparencia, el contrapoder que no cuaja en la Comunidad

Carlos Abad, miembro del Consejo de la Transparencia, cree que «la modificación de la ley puede ser positiva siempre que suponga fortalecer el derecho de acceso a la información pública», pero en este caso «parece no tener los mimbres para una mejora efectiva de este derecho». Se basa en que no cuenta con la sociedad civil ni se han consensuado las reformas.

Transparencia, como órgano fiscalizador, necesita a alguien con capacidad de independencia de los partidos, materiales y personal. «Pepe Molina ] no era peón del Gobierno del PP y no pudo hacer mucho. No tenía recursos. Todo se hacía a través del Gobierno», explica Fernando Jiménez, codirector de la Cátedra de Buen Gobierno de la UMU. Él defiende que «a cualquier Ejecutivo le incomoda un órgano de contrapoder. No es un tema ideológico y no sale gratis».

Para el expresidente de Transparencia Santiago Álvarez, lo más importante para que este órgano tenga independencia real es la «voluntad política» y el «convencimiento» de que es necesario. También que sus miembros tengan garantizada su permanencia en el cargo más allá de quien los nombra y contar con medios para ser independientes.

El proyecto de reforma de la Ley de Transparencia que llega a la Asamblea incluye pocos cambios. Por una parte desaparece el Consejo de 13 miembros y en su lugar se crea «un órgano unipersonal». La Presidencia de ese Consejo se sustituye por un Comisionado de Transparencia y el actual Pleno de Transparencia por una Comisión de Transparencia (el comisionado y cuatro funcionarios).

El comisionado será designado por la Asamblea entre los candidatos que propongan los grupos parlamentarios aunque en la práctica ese nombramiento corresponde a Vox y el vicepresidente José Ángel Antelo ya tiene decidido quién será. Así lo acordó con el PP en el punto octavo del acuerdo de Gobierno firmado por ambas formaciones en septiembre de 2023. Ese pacto establece el compromiso mutuo de impulsar una reforma legislativa para dotar al presidente del Consejo de la Transparencia de las atribuciones del Defensor del Pueblo.

Ocho meses después de ese pacto, ambos partidos han presentado la iniciativa de forma conjunta en la Asamblea y la primera en alzar la voz ha sido Juana Pérez, presidenta suplente del Consejo de la Transparencia. Sus críticas encajan en el ambiente polémico que ha rodeado un servicio de rendición de cuentas, que depende de la Comunidad y tiene como objetivo fiscalizar a la Comunidad, lo que ha marcado su funcionamiento: ha estado paralizado por dimisiones, nombramientos que no llegan a concretarse y escasez de recursos.

El 21 de diciembre de 2022, un tercio de los miembros del Consejo nombró a Juana Pérez presidenta sustituta. El cargo permanecía desierto desde la dimisión de Julián Pérez Templado y la posterior renuncia de Santiago Álvarez. Juana Pérez iba a ocupar el puesto hasta que los grupos parlamentarios votaran al sustituto de Pérez Templado, pero esa interinidad ha durado casi año y medio. Su nombramiento levantó ampollas. El entonces diputado socialista Francisco Lucas envió un burofax al presidente López Miras, advirtiéndole de la irregularidad de nombrar una presidenta provisional no elegida por el Parlamento. Ahora ella arremete contra el proyecto de modificación de PP y Vox. «Cuando leí la exposición de motivos me enfadé bastante porque miente, sobre todo, cuando dice que el cambio amplía y refuerza la transparencia». Pérez considera que el Consejo es un órgano plural, pero esto se cuestionó cuando la nombraron y sindicatos y oposición se ausentaron. A su juicio el punto más polémico de la reforma es que se pretenda sustituir la presidencia del Consejo por un comisionado, algo que no es sólo un cambio de nombre: implica mayor gasto porque los 13 miembros del Consejo no han cobrado nunca ni sueldos ni dietas. Además, los anteriores presidentes, Pérez Templado y Santiago Álvarez, no tenían sueldo y Juana Pérez no tiene claro que la persona elegida por Vox vaya a ejercer de manera altruista. «El comisionado de Canarias percibe un sueldo de 80.000 euros al año. Aquí se genera un alto cargo. ¿Dónde está el ahorro?» se pregunta, en referencia a que Vox asegura que supondrá un recorte del 85% de costes. Fuentes populares niegan que la sustitución de la presidenta por el comisionado implique más gastos porque Transparencia mantiene el presupuesto asignado para 2024.

Juana Pérez critica que formen parte de la Comisión de Transparencia funcionarios de la Administración que asesoran a la Administración en las respuestas negativas de demanda de información. Eso le lleva a preguntarse si «a alguien le interesa la transparencia».

Para Víctor Egío (Podemos) el cambio «da un golpe definitivo a transparencia» y crea un «chiringuito» que PP cede a Vox. En la misma línea, José Vélez (PSOE) cree que ese «chiringuito estará formado por una persona que podrá colocar a dedo a asesores y personal».

El caso es que la propuesta de reforma de PP y Vox destaca «el retraso en la gestión» que ha lastrado el funcionamiento de la Ley de Transparencia. A día de hoy quedan pendientes de resolver 50 expedientes del año 2023. Juana Pérez niega la mayor. «No hay retraso de nada».