Eximen al Consistorio de Torre Pacheco de devolver 200.000 euros por un convenio urbanístico fallido

El Ayuntamiento de Torre Pacheco no deberá devolver los 200.000 euros que percibió a cuenta de un convenio urbanístico firmado en 2006 con tres mercantiles para la construcción de unas 2.700 viviendas en el paraje de Los Galianes, en Balsicas. En los últimos años, la justicia está fallando habitualmente a favor de los promotores, puesto que en la mayoría de los casos los consistorios no cumplieron sus obligaciones de cambios en el planeamiento urbanístico para satisfacer los términos del convenio.

Sin embargo, en este caso, el juzgado contencioso-administrativo número 1 de Cartagena ha denegado a los demandantes la devolución de la cantidad adelantada bajo el argumento de que «el Ayuntamiento ha impulsado todos los trámites que eran de su competencia», mientras que los promotores, «incumplieron sus obligaciones, que a modo de resumen, eran el proyecto de modificación de las Normas Subsidiarias municipales, proyecto de plan parcial, programa de actuación, proyecto de urbanización, evaluación de impacto ambiental, proyecto reparcelación y plan especial, no quedando acreditado que en ningún momento lo haya realizado».

Los promotores argumentan que la paralización del desarrollo del convenio se produjo por «distinta edificabilidad» prevista para los terrenos en el documento inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Sin embargo, el juzgado recuerda en su fallo que el PGOU «no fue finalmente aprobado y ninguna de las especificaciones en él contenidas tuvo jamás validez legal alguna». Por el contrario, el Ayuntamiento, que en este procedimiento ha estado defendido por el letrado Arturo Amores, sostiene, y así lo reconoce la sentencia, «el contenido del convenio es viable a día de hoy, existiendo responsabilidad de la actora de que el contenido de lo acordado no se haya materializado».

El convenio estipulaba la reclasificación de 600.000 metros cuadrados de suelo rústico para edificar inmuebles de hasta tres alturas en residencial unifamiliar o de cinco en plurifamiliar, con bajos destinados a comercio. De completarse, el convenio supondría el ingreso de unos 8 millones de euros en las arcas municipales. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

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