'Caso Topillo': las claves de la investigación de los vertidos al Mar Menor

Después de un lustro de tramitación judicial, el llamado 'caso Topillo', con el que se busca depurar las posibles responsabilidades penales de quienes han llevado en las últimas décadas al Mar Menor a una situación de degradación «catastrófica e irreversible», comienza ya a vislumbrar en su horizonte una vista oral en la que comparecerán como acusados tres altos cargos de la Administración, el exconsejero Antonio Cerdá, la antigua presidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) Rosario Quesada y el excomisario de Aguas Manuel Aldeguer. Les acompañarán en el banquillo casi cuarenta propietarios, administradores y encargados de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena, a quienes el juez instructor, Ángel Garrote, les atribuye la autoría material de los vertidos de salmuera que, procedentes de desalinizadoras ilegales, acababan en apariencia en la albufera.

Con el auto de preparación de la fase de juicio oral, dictado esta semana por el magistrado Garrote y que pone fin a la investigación de la pieza principal de estas diligencias -se está tramitando una pieza separada que afecta a otra veintena de compañías-, llega ahora el momento en que el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, la Comunidad Autónoma y las acusaciones privadas que impulsan Ecologistas en Acción y Greenpeace deberán presentar sus calificaciones provisionales de los hechos.

En estos escritos, varias de estas partes acusatorias han avanzado a LA VERDAD que imputarán delitos contra el medio ambiente a los propietarios y responsables de explotaciones agrícolas ahora procesados y que, en el caso de una veintena de ellos, se decantarán por el subtipo agravado del artículo 325 del Código Penal que fija penas de hasta cinco años de prisión para quienes «con sus conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales». Una situación que, resulta bastante evidente, parece haberse dado en el Mar Menor, a juzgar por su extremo grado de deterioro medioambiental.

Esta veintena de empresas para cuyos responsables se solicitarán las condenas máximas que permite este tipo penal son, a priori, las señaladas por el denominado 'informe Burillo' como las autoras de los mayores vertidos.

En concreto, el ecotoxicólogo forense Luis Burillo Borrego, perteneciente al Laboratorio de Biología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia y designado perito en este procedimiento, establece que 21 mercantiles provocaron «un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales en función de la magnitud, influencia, extensión y contaminación asociada» a sus vertidos.

Este grupo sería responsable del 56,51% de toda la extracción de caudales salobres acreditada en estas diligencias, del 92,15% de todos los vertidos de nitrato generados por estas explotaciones agrícolas y, en suma, del 69,33% de los daños causados por esta vía.

Para el resto de los empresarios agrícolas encausados, la mayor parte de las acusaciones optaría, según las fuentes consultadas por LA VERDAD, por las penas contempladas para el tipo básico del delito medioambiental, que oscilan entre los seis meses y los dos años de prisión.

Para llegar a este momento procesal, con el juicio empezando a tomar forma en lontananza, ha sido necesario recorrer un largo sendero, tortuoso y en ocasiones descorazonador, cuyo arranque bien puede situarse el 15 de mayo de 2016, cuando LA VERDAD publica un extenso reportaje, titulado En las entrañas del Albujón. En esa información se desvelaba que cada año la rambla de ese nombre conducía hasta el Mar Menor entre cinco y diez hectómetros cúbicos de agua con pesticidas, nitratos, hidrocarburos y vertidos urbanos, que estaban matando la albufera, y se afirmaba la existencia de decenas de pozos y desalinizadoras ilegales cuyo rechazo era, en apariencia, una de las principales causas potenciales de la degradación de ese ecosistema marino único en Europa. Un vídeo con imágenes de los vertidos en la desembocadura de la rambla del Albujón generó en ese momento un gran rechazo social y actuó como reactivo para que las instituciones públicas se movilizaran.

De manera casi inmediata, el Fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera (hoy Fiscal Superior de la Región) abrió diligencias informativas para tratar de identificar a los responsables, por acción u omisión, de la contaminación del Mar Menor, lo que casi vino a coincidir en el tiempo con un informe de los profesores Ángel Pérez Ruzafa y Marcos Diego, de la Universidad de Murcia, en el que ya alertaban de la posible ruptura del equilibrio del ecosistema, que afirmaban que podría ser irreversible. El dictamen destacaba que la situación era alarmante, que el agua estaba verde y turbia incluso en los meses de invierno, y de que las concentraciones de nitratos se habían multiplicado por cincuenta en los seis últimos años.

Díaz Manzanera advertía en unas declaraciones públicas: «El tema es muy serio. Vamos a recabar toda la información. Nos enteraremos a fondo del problema para delimitar si hay responsabilidades penales». Y avanzaba que iba a comprobar qué actuaciones se habían realizado en los últimos años desde la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Consejería de Medio Ambiente para acabar con los vertidos. También confirmaba que la investigación alcanzaría a regantes y explotaciones agrícolas.

Después de unos meses de investigación, en septiembre de 2017, dejaba constancia de que «a finales de mes, o principios de octubre, porque ya se cumple el plazo, voy a mover ficha. Muy probablemente eso no se archive. Más detalles por ahora no puedo dar, pero no se va a archivar».

Tal como había avanzado, la Fiscalía Superior de la Región presentó una denuncia por presunto delito ambiental en la que señalaba directamente a trece antiguos altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente, entre ellos el exconsejero Antonio Cerdá, y de la CHS, entre quienes estaban los expresidentes José Salvador Fuentes Zorita y María del Rosario Quesada, así como 24 titulares de explotaciones agrarias sospechosos de haber incurrido en presuntas prácticas ilegales para regar sus cultivos.

Díaz Manzanera reseñaba que, a partir de los informes técnicos recabados, se podía estimar que el aporte mínimo de nitratos que el Mar Menor venía recibiendo cada año –sumando los aportes subterráneos– alcanzaba las 4.000 toneladas. En las últimas décadas, esa cantidad bien podría haber superado las 371.000 toneladas. El fiscal calificaba el estado de la laguna como «calamitoso» y incluso se planteaba la posibilidad de que el deterioro sea «irreversible y catastrófico».

La denuncia del Ministerio Público llegó por reparto al Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, que encabezaba entonces la magistrada Miriam Marín García y que fue quien abrió unas diligencias judiciales, el procedimiento abreviado 2750/17, que desde ese momento se conocerían como 'caso Topillo'.

La juez, sin embargo, acabó dictando un auto por el que despedazaba la causa en una veintena de piezas (una para las posibles responsabilidades de cargos de la Consejería, otra para las que se derivaban de la actuación de la CHS, y dos decenas por las distintas empresas agrícolas investigadas hasta ese momento), lo cual comprometía gravemente el futuro de la investigación judicial, que corría el riesgo de difuminarse en pequeños delitos aislados sin relevancia alguna. En febrero sobreseyó además los cargos contra los antiguos responsables de la Consejería de Agricultura por estimar que no habían incurrido en una completa inacción contra los vertidos.

En junio de 2018, la magistrada Marín se marchó trasladada a Madrid y fue sustituida por el magistrado Ángel Garrote, quien otorgó un drástico giro y un fuerte impulso a este procedimiento. Revocó la decisión de trocear las diligencias e hizo lo mismo con el archivo de la causa respecto de Antonio Cerdá, a quien no tardó en citar como imputado, como hizo también con otros altos responsables de su consejería.

En un auto dejaba constancia de que Cerdá estaba obligado a explicar, entre otras cuestiones, por qué no presentó a lo largo de casi quince años el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor, en el que se contemplaban una serie de actuaciones que podrían haber paliado, o contribuido a evitar, la grave degradación ambiental de la laguna.

Mientras tanto, recababa innumerable documentación técnica y científica sobre los efectos de los nitratos en la eutrofización del Mar Menor, encargaba informes periciales y ordenaba varias redadas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que se saldaron con la localización y precinto de varias decenas de instalaciones desalobradoras clandestinas.

Ahora, después de estos cinco años de tramitación, el magistrado Garrote pone el punto final a la investigación principal del 'caso Topillo', convertido ya en una de las diligencias más relevantes de las últimas décadas en España por un atentado medioambiental. Y encamina hacia el juicio oral al exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, del PP, y a los socialistas Rosario Quesada, expresidenta de la CHS, y Manuel Aldeguer, antiguo comisario de Aguas de ese organismo, a quienes atribuye un presunto delito de prevaricación por omisión por no perseguir las presuntas actuaciones ilegales en la agricultura. Y completa la nómina de encausados con 39 propietarios, administradores y encargados de explotaciones agrícolas en las que presuntamente se utilizaban desalinizadoras ilegales.

El veredicto final queda ya en manos de la Audiencia Provincial, que será la que dicte sentencia, quién sabe si dentro de un plazo medianamente razonable.

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