Cronología del 'caso Topillo'
Un lustro de tramitación judicial para depurar las posibles responsabilidades penales de quienes han llevado en las últimas décadas al Mar Menor a una situación de degradación «catastrófica e irreversible»
Cronología del 'caso Topillo'
LA VERDAD publica un extenso reportaje, titulado 'En las entrañas del Albujón', en el que se desvela que cada año la rambla de ese nombre conduce hasta el Mar Menor entre 5 y 10 hm3 de agua con pesticidas, nitratos, hidrocarburos y vertidos urbanos. Y se desvela la existencia de decenas de pozos y desalinizadoras ilegales.
De manera casi inmediata, el Fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera (hoy Fiscal Superior) abre diligencias para tratar de identificar a los responsables, por acción u omisión, de la contaminación del Mar Menor, que ya se advierte que podría ser irreversible.
La Fiscalía Superior presenta una denuncia por presunto delito ambiental en la que señala directamente a trece antiguos altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente, entre ellos el exconsejero Antonio Cerdá, y de la CHS, como los expresidentes José Salvador Fuentes Zorita y María del Rosario Quesada, y a 24 titulares de explotaciones agrarias que habrían incurrido en presuntas prácticas ilegales para regar sus cultivos.
La denuncia llega al Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, que encabeza la magistrada Miriam Marín. Abre unas diligencias judiciales, que desde ese momento se conocerán como 'caso Topillo'.
La juez despedaza la causa en una veintena de piezas (Consejería, CHS y una por cada una de las empresas agrícolas investigadas hasta ese momento), lo cual compromete el futuro de la investigación.
En febrero, la juez sobresee los cargos contra los antiguos responsables de la Consejería por estimar que no incurrieron en una completa inacción contra los vertidos.
La magistrada Miriam Marín se marcha trasladada a Madrid y la sustituye el magistrado Ángel Garrote, quien revoca la decisión de trocear las diligencias y hace lo mismo con el archivo de la causa respecto de Antonio Cerdá, a quien cita como imputado, y contra otros altos responsables de Medio Ambiente.
Después de casi cinco años de investigación, el magistrado Ángel Garrote procesa a tres antiguos altos cargos de la Administración, el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, del PP, y los socialistas Rosario Quesada, expresidenta de la CHS, y Manuel Aldeguer, antiguo comisario de Aguas, a los que atribuye un presunto delito de prevaricación por omisión por no perseguir las presuntas actuaciones ilegales en la agricultura. Igualmente anuncia que llevará a juicio por presunto delito ambiental a 39 propietarios y encargados de explotaciones agrícolas con desalinizadoras ilegales.
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