Togas al límite

Ángel García, decano del Colegio de Abogados de Lorca, respira hondo antes de lanzarse a resumir para LA VERDAD, con esas palabras, el panorama al que se enfrentan desde enero los profesionales de la abogacía por la sucesión de huelgas en la Administración de Justicia, ligadas a reivindicaciones salariales. «Hay un daño enorme a los despachos de abogados, procuradores y graduados sociales y, en primer lugar, a los ciudadanos», señala García. Y denuncia que «el 90% de la actividad está paralizada», lo que «genera incertidumbre y vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva».

En la Comunidad, la huelga de los LAJ forzó la suspensión de trámites relacionados con 14.000 asuntos y la de los funcionarios va ya por 4.500. En total, 18.500 expedientes empantanados en el primer semestre del año. Son datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, cuyo presidente, Miguel Pascual del Riquelme, ha admitido que el panorama es «muy grave». A nivel nacional, el comité de huelga calcula que ya hay bloqueadas 15 millones de actuaciones, entre ellas 1,5 millones de juicios.

«Miles de ciudadanos se están viendo afectados ante la falta de respuesta en sus legítimas expectativas», afirmó en alusión a los efectos de la huelga de los antiguos secretarios judiciales, que lograron un aumento de 450 euros mensuales en sus nóminas, y de la actual, donde los funcionarios aspiran a una subida de entre 350 y 450. Entre medias, jueces y fiscales consiguieron un incremento de 450 euros con un amago de paro. En todos los casos, los trabajadores han defendido como una reivindicación «justa» el ver reconocidas a nivel profesional y salarial las funciones que desempeñan. Ello, tras años de peticiones fallidas.

Las huelgas han agravado el delicado escenario de la Justicia en la Región. Basta repasar la valoración y las cifras destacadas por Del Riquelme tras la reciente entrega de la Memoria anual del TSJ de 2022 al Gobierno autonómico y a la Asamblea Regional. Su diagnóstico fue demoledor: «Tras la paralización por la pandemia, el bloqueo del Poder Judicial y el déficit histórico de órganos judiciales que padece nuestra Región en relación con otros territorios, la Administración de Justicia se encuentra en una situación que lastra decisivamente la capacidad de resolver en tiempos útiles los litigios». En una Región donde faltan once órganos judiciales y la ratio de jueces es la segunda peor del país (11,1 por cada 100.000 habitantes frente a la media nacional de 12,6), ya hay más de 150.000 expedientes «en trámite».

El pasado miércoles, en su reunión anual, los presidentes de los TSJ de España apelaron a «la responsabilidad ineludible» de las partes en conflicto de «retomar el diálogo y flexibilizar las posiciones respectivas, para poner término inmediato» a la huelga.

En esa misma jornada, los abogados redoblaron su lucha por la reactivación y pidieron un Pacto de Estado por la Justicia. Decenas de letrados, apoyados por procuradores y graduados sociales y secundando una iniciativa nacional, se concentraron ante la Ciudad de la Justicia de Murcia, el Palacio de Justicia de Cartagena y la sede colegial de Lorca. Y a diario muestran en las redes sociales las repercusiones legales, económicas y sociales del nuevo 'annus horribilis'.

El decano de los letrados de Cartagena, Ángel Méndez, advierte del peligro para la democracia del desapego hacia los tribunales. Y no ahorra críticas: «Los ciudadanos nos muestran su absoluto desengaño y desencanto respecto de la Justicia. Cada vez confían menos en un sistema donde los funcionarios, con el consentimiento de los responsables políticos, tienen paralizada la Justicia con fundamento en mejoras e intereses particulares». Méndez también lamenta que las solicitudes de los juzgados para designar abogados de oficio han caído más de un 30%, lo que afecta a los letrados y a las personas con menos recursos.

Francisco Martínez Escribano, decano de los abogados en Murcia, avisa de que ya ha habido despidos en bufetes y de que «se suspenden miles de vistas, la mayoría sin previo aviso». Sobre esto, fuentes jurídicas recordaron el derecho constitucional a la huelga y afirmaron que no se puede imponer un sistema de preaviso. Todo queda a la «voluntad» de los empleados de informar a las partes.

Martínez también denuncia el bloqueo en el acceso a la cuenta de consignaciones y depósitos paralizada. Según el Ministerio, tras el primer trimestre de 2023 en la Región había depositado un volumen de 135 millones de euros, 15 más que un año antes.

Asimismo, el decano alerta de que hay «señalamientos para fechas tan irrazonables como el año 2027». Y su colegio ha reprochado públicamente «la actuación de los colectivos» que han recurrido a las huelgas. A su juicio, la forma en que se han movilizado «no responde a un criterio de sensibilidad hacia el ciudadano ni hacia los profesionales, por mucho que se nos manifieste lo contrario».

En un cruce múltiple de reprimendas, el Ministerio dice que los funcionarios rechazan sus «propuestas» y les pide «no ir a maximalismos y mirar por el buen funcionamiento del servicio público». Y Flora Martínez, delegada de Comisiones Obreras y portavoz de los funcionarios, colectivo que en la Región suma 1.500 personas, lamenta que los letrados les «señalen» y que el Ministerio de Pilar Llop «proponga dejarlo todo para el próximo Gobierno».

La decana del Colegio de Procuradores de Murcia, María Dolores Cantó, clama por un arreglo y pide un plan de choque para «resucitar» la justicia, porque «el retraso va a ser monumental».

Y Manuel Sevilla, procurador y socio del despacho Sevilla Flores, llama a la «responsabilidad» para «volver a la normalidad». «Tenemos 22 empleados. No hicimos ERTE en la pandemia y llevamos seis meses facturando mínimos y sin despidos. Es un esfuerzo grandísimo y solo pedimos una solución para poder trabajar». Su gabinete presenta unas 8.000 demandas civiles, penales y contenciosas al año y sufre la suspensión de una veintena de señalamientos al día.

«Una solución pasa por el nombramiento de un mediador del conflicto y que haya un laudo de obligado cumplimiento», planteó el miércoles Alfonso Hernández, decano del Colegio de Graduados Sociales de Murcia. Al día siguiente, el comité de huelga pidió formalmente en Madrid el inicio de ese procedimiento extrajudicial. Con los comicios a solo tres semanas y el inhábil mes de agosto a cuatro, los profesionales del Derecho se conjuran «para resistir y para luchar», avisa Ángel Méndez.

«Ni siquiera en la pandemia la situación fue tan complicada, porque en el año 2020, tras la paralización inicial, se estableció que los plazos no computaran y se podían celebrar audiencias por videoconferencia. Ahora, el problema es la inseguridad, la incertidumbre sobre si se celebrará o no un juicio, para cuándo se aplazará y, sobre todo, cuándo acabará esta nueva huelga», comenta la abogada Nuria Samper Navarro.

A sus 38 años, lleva desde 2009 en la profesión, donde compagina el trabajo en su despacho particular, situado frente a la Ciudad de la Justicia de Murcia, con el cargo de presidenta de la Agrupación Joven de la Abogacía de Murcia (AJA). Esta entidad representa a un colectivo especialmente castigado por los paros judiciales de este año. «Por ahora estamos resistiendo, pero yo tengo a una empleada y no sé si dentro de unos meses tendré facturación suficiente para poder mantenerla», advierte.

Explica que el bloqueo en la tramitación de asuntos le impide ir recibiendo ingresos de sus clientes, dos de los cuales «tienen 15.000 euros a su favor en la cuenta de un juzgado y no pueden acceder a él» por el paro de los funcionarios de Justicia. A esa cantidad hay que sumarle ya 1.600 euros en concepto de intereses de demora, que podría reclamar a la Administración de Justicia en concepto de daños y perjuicios por estos retrasos injustificados. Lo mismo podrían acabar haciendo las miles de personas afectadas por el cerrojazo en la cuenta de consignaciones y depósitos judiciales, lo que puede suponer un dineral para el erario «por su deficiente funcionamiento», señala Samper.

Y reclama que el Ministerio de Justicia «atienda con urgencia las reivindicaciones de los funcionarios, que llevan el 90% de la carga de trabajo de los juzgados y que han visto cómo este año han subido el sueldo a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), a los jueces y a los fiscales».

En sus más de veinte años de trayectoria profesional, Antonio González-Amaliach ha visto momentos difíciles para la Justicia en la Región de Murcia, sobre todo por los «graves retrasos en la tramitación de los procedimientos», y otros «positivos, como la construcción de la Ciudad de la Justicia» en la capital. Pero tras ir dejando atrás el palo de la pandemia, al inicio de este 2023 nada le hacía pensar que sería «el año más difícil».

«La Administración de Justicia lleva tiempo con problemas de falta de personal, de medios económicos y de juzgados. Siempre ha sido la parte olvidada de la Administración General del Estado. Pero encadenar seis meses de huelgas hace que los problemas se multipliquen. La paralización de la actividad deja a nuestros clientes sin respuestas a sus problemas y a nosotros sin apenas ingresos», señala este letrado, que comparte con Diego Martínez Mendoza el bufete Carrañaca Abogados, en Puerto de Mazarrón.

Cita el caso de «una persona que reclama a la Seguridad Social el reconocimiento del grado de invalidez permanente y que ve cómo el juicio se va aplazando». Mientras, «los profesionales no estamos facturando y, como tenemos que afrontar cargas fijas mensuales, como seguros sociales y cuotas colegiales, tenemos que tirar de ahorros».

Martínez señala que «el principal problema es para el administrado, sea particular o empresa, que está absolutamente desamparado. Hablamos de divorcios, reclamaciones de deudas, salarios, pensiones... Hay gente muy necesitada que espera que un juzgado libere un dinero para poder subsistir». Y añade: «Después, los más afectados somos los profesionales, que soportamos también la legítima presión de los clientes, a los que cada día intentamos explicarles que el bloqueo no es responsabilidad nuestra».

El joven Patricio Morales Palate vive en un bucle, en una crisis tras otra. Nacido en Ecuador hace treinta años, pero nacionalizado español porque llegó al país siendo un niño, en marzo de 2020 se preparaba para hacer el examen de acceso a la abogacía un sábado y, «unos días antes, se decretó el estado de alarma por la covid». «Empezar como abogado está siendo complicado. He intentado salir adelante y en eso sigo, porque las huelgas judiciales de este año me afectan mucho económica y profesionalmente», indica a LA VERDAD. Este letrado, graduado y máster por la Universidad de Murcia (UMU), tira de formación y de sacrificio para superar unos obstáculos que, en su caso, se traducen en una caída de los ingresos superior al 50% y unos gastos amenazantes.

«Tengo que abonar la cuota del colegio, la asesoría fiscal y la mutualidad, que en octubre me subirá de 152 euros a unos 400», precisa Morales, quien trabaja como autónomo y está vinculado al bufete Sicilia Pedrero Casanova, CB, en Cartagena. Y lamenta que, con su sueldo, «no me puedo independizar y vivo con mis padres y mis hermanos».

Morales se ocupa de asuntos de extranjería, familia y penales. Y confía en que «cuanto antes haya algún tipo de acuerdo que permita reactivar la actividad de los juzgados», aunque los funcionarios y el Ministerio puedan continuar con las conversaciones para reconocer otras mejoras a los empleados públicos.

«No sabemos cuáles serán las consecuencias si esto se alarga», advierte. Y piensa en «el perjuicio personal» para sus defendidos, como una persona que «sufrió un accidente de tráfico y no puede acceder a la consignación» de 10.000 euros que ha depositado la compañía aseguradora. La Guardia Civil remitió el atestado al juzgado, pero este no ha movido aún los papeles.

«Puedo poner ejemplos de todas las jurisdicciones, la situación es crítica», resume el veterano abogado Domingo Núñez, de 54 años de edad y 26 en la profesión. Se refiere a los asuntos de su despacho de Cartagena aplazados o pendientes de tramitar por las huelgas judiciales de este año. Y dispara: «Una mujer con un hijo menor de edad que se divorció en enero y que, al no poder ratificar en el juzgado el convenio con su marido, ve cómo el esposo se niega a irse de casa; un señor en silla de ruedas que lleva un año esperando un juicio contra la Seguridad Social para pedir la invalidez, que no sabe cuándo se celebrará la vista y que, cuando se le acabe un subsidio de 500 euros, no tendrá medio de vida; una madre, con hijos menores, a la que la empresa le cambió el horario y que tiene graves dificultades para poder ocuparse de ellos; un joven víctima de un atropello grave que no puede acceder a los 20.000 euros depositados por la aseguradora; una paciente del Servicio Murciano de Salud que sufrió una negligencia y no puede recibir los 10.000 euros de indemnización establecidos en una sentencia por el Tribunal Superior de Justicia y consignados también en el juzgado...».

En el bufete de Núñez, que sufre «un gran perjuicio económico» por el parón en la actividad, hay tres abogados y una empleada. Y al descenso de los ingresos en un 40% en los pleitos encargados por particulares y de un 60% en los del turno de oficio, hay que sumar el «daño moral». «Además del esfuerzo intelectual y físico que supone preparar juicios que no sabes si se celebrarán hasta el último momento, siento una ansiedad y una impotencia tremendas cuando los clientes llaman para preguntar cómo va su caso. Solo podemos repetirles que estamos en manos del Ministerio y de los funcionarios».