«Temo por mí y por mi familia»

La frustración y la impotencia que a Maite le generó la reacción de la alumna de primero de Bachillerato que se le encaró para exigirle que le devolviera su móvil fue poca, en comparación con la que le provocó la reacción de la madre de la estudiante. «Cuando la llamamos se mostró comprensiva con la situación. Pero al día siguiente, cuando vino al instituto, cambió de forma radical, cuestionando las normas del instituto y defendiendo a su hija». La docente murciana es contraria a que los alumnos puedan tener el móvil en el centro por la cantidad de conflictos que genera su uso. Asegura que llegó a sentir miedo ese día en clase. La estudiante, de 17 años, que hasta entonces no había dado problemas a pesar de su bajo rendimiento académico, se puso muy agresiva cuando la profesora le retiró el móvil por sacarlo en clase. «Se levantó de la silla, echó los hombros hacia atrás y se me encaró exigiéndome que se lo devolviera. Se hizo el silencio en clase, hasta que le dije que me acompañara a la Jefatura de Estudios». Mientras la docente hablaba por teléfono con la madre de la menor, la estudiante mantuvo su actitud violenta y desafiante, y terminó escapándose del centro. Con todo, lo peor para Maite «llegó al día siguiente, con la actitud de la madre, que fue una gran decepción». La estudiante fue sancionada con la expulsión del centro por una semana.

Maite, que prefiere mantener su identidad en el anonimato, es solo uno de los muchos casos reflejados en el último informe del Defensor del Profesor en la Región de Murcia, que ayer presentó el sindicato docente ANPE. Según el documento, el Defensor atendió el año pasado un total de 126 agresiones a docentes, casos graves de indisciplina y 'mobbing' en centros educativos regionales, cinco más que el curso anterior, lo que supone un aumento de la conflictividad del 4,13%. Así, Murcia es la tercera comunidad con mayor número de denuncias, solo por detrás de Madrid y Canarias.

La mayoría de los conflictos denunciados por los profesores se originó con alumnos (97). En 23 ocasiones por indisciplina; 17 por acoso o insultos; seis por intimidaciones o agresiones; 20 fueron conductas que dificultan el ejercicio de la docencia y cuatro daños en propiedades o pertenencias individuales de los docentes. La mayoría fueron situaciones de ciberacoso. Sin embargo, los padres también fueron responsables de otros 22 casos de agresiones a profesores (la misma cifra que en el curso anterior). Cinco casos de acoso o insultos; cuatro intimidaciones o agresiones físicas; dos denuncias y once situaciones de ciberacoso. Además, también se produjeron siete casos de 'mobbing' por parte de compañeros de departamento de los propios profesores o por parte de superiores del centro.

Tal y como puso de manifiesto ayer el presidente del sindicato en la Región, Clemente Hernández, las consecuencias de estas agresiones físicas, verbales y a la autoridad de la figura del profesor fueron durante el curso pasado 56 casos de ansiedad, estrés y pérdida de autoestima en la plantilla de docentes; 18 con síntomas depresivos y 14 bajas laborales. La mayoría son mujeres e interinas con menos de 40 años. Los alumnos más conflictivos tienen entre 12 y 16 años (Secundaria). Sin embargo, en Primaria son los padres los que originan los episodios de acoso, intimidaciones, denuncias y ciberacoso en un 68% de los casos.

Según Hernández, «algunos alumnos y determinados padres llevan a la escuela el menosprecio a la autoridad aprendido en un ambiente social donde la arrogancia, el desafío a las normas, el agravio a los símbolos instituidos o la desobediencia a la ley emergen como distintivos de modernidad y progreso». Además, y entre las causas de la conflictividad en las aulas, el informe también identifica «la pérdida de autoridad que la sociedad atribuía tradicionalmente al profesor; el desprecio a las normas en el actual clima de permisividad; la anteposición de los derechos a las responsabilidades; la sustitución de valores como la disciplina, el respeto y la tolerancia, por otros que surgen con ciertos atractivos en el contexto de nuevos códigos sociales, además de la falta de motivación personal y de expectativas académicas y laborales de determinados alumnos, sobre todo en Secundaria. Y, en consecuencia, el escaso compromiso con el esfuerzo en el trabajo. También las nuevas condiciones laborales que, en muchos casos, obligan a los padres a delegar o a desentenderse de la responsabilidad educadora de la familia. Casi nada. Por si fuera poco, Clemente Hernández también manifestó su preocupación por el aumento de la adicción al móvil que sufren muchos alumnos [y sus padres], y que da lugar a situaciones como la descrita por Maite.

Sin embargo, los casos atendidos son diversos, y presentan diferentes componentes. Así se recoge en los muchos testimonios que acompañan el informe. Como el de un profesor de Secundaria, de 37 años, al que «un compañero me advierte de las amenazas proferidas contra mí por un alumno de 17 años de Formación Profesinal al que suspendí el curso pasado, y que promete romper mi coche. Dado el perfil personal de este alumno, me siento inseguro a pesar de las precauciones que se puedan tomar». Aún más espeluznante es leer el relato de un profesor de Inglés de 54 años, quien tuvo un enfrentamiento el curso pasado con un alumno de Secundaria, «del que emití un parte por los hechos que protagonizó durante mis horas de guardia. Fue sancionado y terminó trasladándose de centro, pero vivimos en la misma población y me ha amenazado reiteradamente, diciendo incluso que me va a matar. Temo por mí y por mi familia, conociendo sus condiciones personales». O la angustia que un docente Lengua y Literatura de 41 años: «Me han roto los pilotos traseros del coche y, aunque no lo aparco dentro del recinto escolar, tengo la seguridad de conocer a los autores pero no puedo demostrarlo. ¿Qué puedo hacer?», pregunta al Defensor del Profesor.

«Alumnos de mi tutoría han colgado una foto en internet que, aunque difusa, se me puede identificar fácilmente. Mejor no reproducir los comentarios. Lo he denunciado en la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía, pero necesito amparo de la administración educativa», señala también una profesora interina de Secundaria de 26 años.

Una maestra de Primaria, por su parte, relata el encontronazo no solo con uno de sus pupilos, sino también con sus padres: «Un alumno me insultó y me amenazó en el recreo. Los padres también me insultaron y amenazaron en una reunión con el tutor y jefe de Estudios, por lo que los denuncié en la Guardia Civil. Ahora tengo miedo de ir al colegio por si me encuentro con ellos. A la hora del recreo, la madre suele estar vigilante y amenazante y no me fío de lo que pueda hacer».

Tal y como recordó Clemente Hernández, «es de esperar que el desarrollo normativo de la Ley de Autoridad Docente de la Región aporte instrumentos legales al servicio de la comunidad educativa para contribuir a la consecución de un mejor futuro del clima de convivencia escolar». Y añadió que «lo que queremos es que las familias entiendan que en el centro hay profesores que se preocupan por sus hijos».