Los técnicos municipales no apreciaron «anomalías» en el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras
La alcaldesa explica que el Ayuntamiento se personó en la causa «por responsabilidad», pese a no exigir indemnización
La Audiencia Provincial siguió adelante este martes con el juicio del 'caso Auditorio', el procedimiento que logró descabalgar del poder al expresidente regional Pedro Antonio Sánchez. La actual alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mari Ángeles Túnez, fue la primera de las decenas de testigos que deberán pasar por el Palacio de Justicia de Murcia en las próximas semanas. La regidora incidió en que, pese a que era concejal del equipo de Gobierno de Sánchez en aquellos años, nunca se implicó en el procedimiento de adjudicación y contratación del auditorio lumbrerense. «No he participado en nada».
Publicidad
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, aunque está personado en la causa, no exige una indemnización. «Solamente queremos saber qué ha pasado y por responsabilidad nos hemos personado», incidió la alcaldesa. «No tenemos ninguna pretensión». La regidora dejó, no obstante, la puerta abierta a que el Consistorio pueda pedir responsabilidades económicas una vez que finalice este procedimiento.
Túnez aprovechó, además, su intervención para denunciar que en múltiples ocasiones han tratado de poner en uso los dos edificios del complejo cultural del municipio que sí quedaron acabados - un Palacio de Congresos y una escuela de danza-. «Siempre que hemos intentado hacer exposiciones o actividades hemos tenido la denuncia pertinente», recalcó la regidora aludiendo directamente al exportavox socialista en el ayuntamiento del municipio. «Nadie quiere sentirse bajo esa presión», subrayó, aunque incidió en que todas las denuncias han sido archivadas.
Un funcionario asume que dio luz verde al proyecto básico del teatro con una comprobación mínima y sin entrar «en más detalle»
En la tercera sesión de esta vista el tribunal también escuchó las declaraciones de tres técnicos municipales que ocuparon diversos puestos en el Consistorio cuando se tramitaba la adjudicación y construcción del auditorio lumbrerense. Ninguno de ellos reconoció haber apreciado «anomalías» en los trámites. Uno de los funcionarios, perteneciente a la Concejalía de Obras y Servicios, explicó que participó en el concurso de proyectos que, según sostienen las acusaciones, se simuló para justificar un proyecto que ya se había dejado en manos meses antes del arquitecto Martín Lejarraga. Este profesional descartó que hubiese recibido indicación alguna para emitir su voto y subrayó que actuó de forma autónoma.
Este testigo explicó, asimismo, que fue el encargado de comprobar el proyecto básico de ejecución del teatro y no detectó ninguna anomalía o falta de documentación. A preguntas del fiscal, no obstante, explicó que dio luz verde a este trámite analizando la documentación mínima que debe reunir un proyecto de esta características y «ya no me metí en más detalle».
Publicidad
Sostienen que la obra estaba «completa» porque se ajustó al proyecto modificado
La frase la repitieron, uno a uno, todos los acusados y ayer se volvió a escuchar nuevamente de boca de los técnicos municipales, que acudían como testigos. Al ser preguntados por el fiscal por el estado inacabado del teatro-auditorio de Puerto Lumbreras, que nunca ha llegado a abrir sus puertas, todos ellos sostuvieron que la obra está «completa» dado que se ajusta al proyecto modificado que fue aprobado por el propio Consistorio al darse cuenta de que la finalización del proyecto era «inviable».
Este argumento ya fue esgrimido durante sus declaraciones tanto por el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez como por el arquitecto. «La obra que se entregó era completa y correspondía fielmente al proyecto modificado que estaba en vigor», recalcó Lejarraga en sus explicaciones ante el tribunal.
Uno de los técnicos municipales explicó este martes su participación en la recepción de la obra y reconoció que, de no haber existido ese modificado, no se podría haber recibido la obra tal y como estaba. Este profesional asumió, sin embargo, que la oficina técnica del Ayuntamiento, de la que él formaba parte, no supervisó ese proyecto modificado, como sí hizo con el inicial.
Otra testigo, interventora accidental en el Ayuntamiento durante más de dos décadas, explicó que el proyecto modificado se catalogó como coste cero porque no acarreaba un aumento del presupuesto -aunque sí una menor ejecución de la obra-. Este fue el motivo, según explicó, de que no pusiera reparos en el área que le competía. Asumió, no obstante, que desconocía la realidad de las obras y no indagaba en las certificaciones.
Prueba LA VERDAD+: Un mes gratis
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión