Cuánto se tarda en construir una desaladora: así es el proceso para su puesta en marcha

Hasta ahora, la experiencia muestra que en algunos casos ha transcurrido más de un decenio desde que una desaladora fue planificada y aprobada hasta que produjo su primer metro cúbico de agua. De ahí el escepticismo de los regantes del Trasvase ante las dos nuevas desaladoras que promueve el Ministerio para la Transición Ecológica –creen que es «un cuento chino»–, con una capacidad conjunta de 150 hectómetros, para tratar de compensar el duro recorte de las transferencias del Tajo, que se hará totalmente efectivo en el año 2027, sino antes. Temen que esas desaladoras no funcionen antes de 15 años, y para entonces el daño al tejido agrícola del Levante ya estará hecho. El Miteco sin embargo no piensa por ahora levantar el pie del acelerador a pesar de las consecuencias, que pueden agravarse si persiste en aplicar unas reglas de explotación restrictivas. Es necesario procurar recursos hídricos alternativos, pero lo recomendable habría sido, al menos, acompasar unas medidas con otras.

El Miteco y el PSRM sostienen que las dos nuevas plantas de Torrevieja y Águilas estarán cuanto antes, pero no pueden dar una fecha. Y si lo hicieran, probablemente errarían. No por falta de interés, sino por los imponderables que surgen en el camino. Han dado el primer paso para licitar la redacción de los anteproyectos, con un plazo de 12 meses, contados a partir de la fecha de formalización del contrato, la cual se desconoce. El proceso se puede prolongar con la tramitación ambiental. De hecho, el pliego especifica que el contrato se paralizaría mientras se resuelve el requisito ambiental, si la demora es por causa ajena al contratista. Se ignora lo que puede durar este trámite, que suele ser largo y complicado.

No solo hay que construir ambas plantas, sino también las tomas de agua de mar, los emisarios de salmuera, plantas fotovoltaicas, y obras de bombeo, balsas, conducciones y conexiones con los canales del Postrasvase.

Se parte de cero, ya que el anteproyecto debe establecer también en qué lugar se ubican ambas desaladoras, lo cual no es baladí. El punto se elegirá en coordinación con los ayuntamientos (el de Torrrevieja es reacio), y solo se sabe que una debe estar situada en la costa sur de la Región, entre Bolnuevo y Águilas; y la otra próxima al embalse de La Pedrera (entre Pilar de la Horadada y San Fulgencio, según los planos). Una en cada margen del Postrasvase. A partir de la información recopilada el consultor establecerá las necesidades reales de cada zona, los recursos disponibles y las infraestructuras de transporte, señala el pliego. Se trata de elaborar información ya archi conocida en la cuenca, pero que serviría «para determinar la capacidad de la desaladora a construir y su zona de ubicación más adecuada»,

El pliego es muy técnico y deja a los redactores del anteproyecto que resuelven las cuestiones que interesan a los usuarios, entre ellas el coste de estas infraestructuras, que según algunas estimaciones puede alcanzar los 1.000 millones de euros. Para ello se realizará un análisis de los costes de la inversión, expropiaciones, mantenimiento y explotación de cada solución planteada.

Habrá otros estudios sobre la repercusión de las obras en el coste del metro cúbico de agua en función de los diferentes tipos de financiación, que también debe analizar y proponer el consultor. El precio final del agua para los regantes es un asunto capital, y no tranquiliza que se desconozca ese coste. Ahora tienen una tarifa subvencionada en Torrevieja, Águilas, Valdelentisco y Almería, con plazo de vigencia, pero se ignora si habrá también subsidios con las nuevas desaladoras. Con anterioridad existió la práctica de Acuamed de asegurarse el compromiso de compra de agua de las comunidades de regantes antes de construir las desaladoras. Ahora se ejecutan sabiendo de antemano que se venderá el agua. Solo hay que comprobar las elevadas peticiones en Torrevieja en la última oferta de la CHS, claro que con la tarifa subvencionada.

Los anteproyectos incluirán asimismo estudios batimétricos y geofísicos, geotécnicos terrestres, de dinámica marina, calidad del agua, inundabilidad y expropiaciones, entre otros. Hay además otro listado sobre las fotovoltaicas. Todo eso se pretende hacer en doce meses, aparte de la fase de impacto ambiental.

El Miteco y la Confederación del Segura pondrán todo su empeño en este ambicioso proyecto, que lanzan mientras se ejecuta el plan anterior: las ampliaciones de Torrevieja, Águilas y Valdelentisco por parte de Acuamed, que llevan asociadas parques fotovoltaicos que van muy retrasados.

El 'know how' de la desalación atesorado en los últimos decenios favorece el desarrollo las dos nuevas instalaciones, con el añadido de que una de ellas prevé producir nada menos que 100 hectómetros anuales. También tienen a favor los avances tecnológicos de equipos y membranas, el menor consumo energético por metro cúbico, y las sinergias de las plantas que ya están operativas. Se espera que el camino sea menos dificultoso, pero los problemas pueden surgir en cualquier momento y circunstancia. En el mejor de los casos, se puede tardar cinco años en poner una desaladora en funcionamiento. Incluso menos si nos atenemos a la segunda planta de Canales del Taibilla en San Pedro del Pinatar, construida en la etapa de Narbona en tiempo récord y con excepciones administrativas para evitar el colapso de los abastecimientos a la población. Aprovechó las sinergias y conducciones de su planta gemela, la cual tuvo un nacimiento plagado de obstáculos técnicos, los cuales sorteó con éxito pero demoraron su puesta en servicio.

Cuando se derogó el Trasvase del Ebro en el año 2004, el Gobierno de Rodríguez Zapatero aseguró que la Región de Murcia tendría autonomía hídrica y que en un plazo de cuatro años iba a cubrir con desaladoras el déficit anual de la cuenca del Segura, cifrado en unos 460 hectómetros. El objetivo no se alcanzó debido a los retrasos en la construcción y puesta en marcha de estas instalaciones. Las demoras se prolongaron durante la etapa de Mariano Rajoy, menos proclive a la desalación. Esta volvió a tomar impulso con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, estando en juego el futuro del Tajo-Segura, cuyo recorte trata de compensar con una producción anual de 400 hectómetros para abastecimientos y regadíos. Ese objetivo está cerca de alcanzarse, 21 años después del Programa Agua de Narbona.

Según la CHS, la previsión es que en 2027 se logre una producción real de 349 hectómetros con las ampliaciones (con una previsión máxima de 404), de los que 261 serían para regadíos (incluyendo 20 hm3 de Escombreras, en precario, 7 del Bajo Almanzora, y 21 de otras plantas). Volviendo a la cuestión inicial, los desafíos son muchos. La primera piedra de la desaladora de Torrevieja para los regantes del Trasvase la puso Cristina Narbona en 2007, después de años de trámites y de grandes obstáculos por parte del Gobierno valenciano del PP. Dieciocho años después, aún no ha alcanzado su máxima producción de 120 hm3, si bien cabe subrayar que es una importante fuente para los regadíos, paliando la escasez en los peores momentos.

La planta de Valdelentisco también tuvo muchos contratiempos, entre ellos la falta de electricidad. Arrancó en el año 2008, tras ser aprobada en la etapa de Aznar, y apenas ha alcanzado su máxima capacidad. Está obsoleta. La desaladora de Águilas arrancó en 2012, después de siete años de trámites y obras. Y la primera planta del Taibilla, de 24 hm3, fue aprobada por José Borrell en 1995, pero hubo que esperar hasta 2005 para su puesta en marcha debido a la complejidad de la obra. Hasta aquí, parte de la cronología. No tiene por qué suceder lo mismo con las nuevas desaladoras.