Los suegros de Cámara no consiguen probar el pago de 125.000 euros de un ático

Una paletada de cal y otra de arena. Eso es lo que ha significado para el exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, el último auto dictado por el juez instructor del 'caso Umbra' de supuesta corrupción urbanística. De un lado -lo que habrá sido motivo de satisfacción y tranquilidad para el antiguo regidor popular y para su familia más cercana-, el magistrado David Castillejos ha decidido sobreseer la investigación abierta en su día para determinar si Cámara o sus suegros pudieron enriquecerse ilegalmente con la venta de unos terrenos situados en la pedanía murciana de Baños y Mendigo.

La decisión de archivar este asunto se ha adoptado después de que el fiscal anticorrupción de la Región, Juan Pablo Lozano, expusiera en un informe, en febrero del año pasado, que las indagaciones realizadas sobre esa operación urbanística no habían aportado datos de que ocultara «una finalidad espuria». De hecho, se comprobó que tales terrenos pertenecían a la familia desde muchos años antes, que estaban calificados como urbanizables no sectorizados desde 2001 y que no existió además un convenio específico sobre esa zona, pese a que algunos documentos apuntaban en esa dirección. Tampoco se acreditó que el precio que unos constructores abonaron por esa parcela fuera distinto al que regía en esa época.

En base a todo ello, Mariano Bó, abogado de los suegros de Cámara, había reclamado meses atrás el archivo de esas diligencias.

Ahora, el juez admite que no se ha obtenido dato alguno que apunte a que el presunto enriquecimiento ilegal de quien fue alcalde de Murcia puede vincularse con esa compraventa, por lo que procede el archivo respecto de Cámara, de sus suegros y de los dos empresarios, Diego García y Vicente Cardona, que quedan así libres de toda sospecha por este asunto específico.

Sin embargo, el sobreseimiento es parcial -«habrán de buscarse las explicaciones por otra parte», advierte el juez-, y sigue adelante la investigación para esclarecer cómo amasó Cámara un ingente patrimonio, en apariencia no justificado por sus ingresos familiares: unos 750.000 euros en cuentas corrientes, valores financieros, fondos de inversión y planes de pensiones; cuatro viviendas en algunas de las principales calles de Murcia, Campoamor, Torrevieja y Orihuela; tres vehículos (Chrysler Voyager, Volkswagen Tiguan y Toyota Yaris), y cuatro garajes en Murcia, tres de los cuales adquirió en 2009 en 24 horas.

En esta línea, el magistrado Castillejos considera que se debe continuar investigando si los suegros de Cámara pagaron o no 125.000 euros del precio de un ático en Churra, valorado en 305.000 euros. Estas personas ya han hecho llegar al juez que no pueden acreditar haber efectuado ese pago, lo que mantiene vivas las sospechas de que pudo tratarse de un regalo o dádiva del constructor por un supuesto trato favorable de quien era alcalde.

En concreto, la vivienda fue adquirida en 2008 a la promotora Proyco, que había desarrollado una actuación urbanística a la que el Ayuntamiento de Murcia dio luz verde de forma supuestamente irregular. Cuando la Comunidad instó a anular ese plan, el Consistorio no atendió el requerimiento.

Pues bien, ya que los suegros no son capaces de demostrar que pagaron ese dinero, el juez ha instado a la constructora Proyco a que lo haga ella. En función de su respuesta se tomarán nuevas decisiones.