Sonia García Gómez: «En educación todo está politizado; es una herramienta poderosa y nadie la quiere soltar»

–Las convocatorias de plazas de profesor previstas para los próximos años son abultadas. ¿Considera que siguen faltando docentes en las aulas?

–Sí siguen faltando, incluso con el proceso de estabilización; necesitamos que el Ministerio haga un análisis de cuántas plazas se han estabilizado y qué porcentaje queda. Europa habla de una tasa máxima del 8% de interinidad y la mayoría de comunidades aún no la han conseguido. Esa tasa es fundamental para que haya calidad en el sistema educativo, así que hay que animar a las administraciones a que sigan convocando.

–A las administraciones les está resultando especialmente complicado encontrar matemáticos, físicos, tecnólogos..., que quieran ejercer como docentes. ¿Por qué los matemáticos ya no quieren ser profesores?

–El problema es que no hay carrera profesional docente. Tiene que haber una equiparación salarial, un estatuto. Los matemáticos no quieren dedicarse a la docencia y en FP es difícil encontrar especialistas de las áreas de Informática y Tecnología porque el sistema de incompatibilidades no lo pone fácil. La profesión de profesor no es atractiva para los matemáticos si no se realizan ajustes.

–¿Cómo valora la propuesta planteada por el secretario de Estado de Educación para reducir las ratios y establecer un periodo de acompañamiento para los nuevos docentes por parte de enseñantes expertos?

–Todas las opciones que plantee el Ministerio nos parecen bien, pero sobre todo si nos las transmite y no las leemos en el periódico. Las prácticas tutorizadas pueden ser una buena medida, al fin y al cabo el trabajo del docente siempre ha estado aislado. El sistema de acceso tiene que ser más igualitario, no se pueden pedir unas pruebas de cultura general en unas comunidades y en otras no.

–¿Y la certificación de lenguas autonómicas?

–En las comunidades con lengua propia debe pedirse, pero, a lo mejor, no tiene que ser requisito, sino solo un mérito.

–La autoridad del docente también está en cuestión. ¿Cómo puede reforzarse?

–Hay informes que resaltan que la de profesor es una de las profesiones más valoradas, pero es cierto que no se percibe ese reconocimiento. Hay mucha parte de voluntarismo entre el profesorado y eso da lugar a que se les aprieten mucho las tuercas. En el informe del Defensor del Profesor que realizamos todos los años, queda de manifiesto que se está forzando mucho al profesorado y no se están poniendo los medios para evitarlo.

–¿Cómo repercute luego en los profesores la politización de determinadas cuestiones educativas, como ha ocurrido hace unas semanas con las Pruebas de Acceso a la Universidad?

–Se ha negociado todo con mucho retraso, como ya ocurrió con los currículos de la Lomloe, lo que obligó a los docentes a trabajar con borradores. En educación, todo está politizado; la herramienta educativa es muy poderosa y nadie la quiere soltar; no debe ser una dinámica ya establecida que cuando cambie el partido en el gobierno implique que cambie la ley educativa. Los expertos señalan que una ley educativa no puede evaluarse hasta que al menos pasen diez años desde su implantación y, en España, hemos tenido tantas leyes educativas que no hemos podido evaluar ninguna. Vivimos con mucha incertidumbre, cuando lo que se necesita es certidumbre.

–¿Se ha dotado a los docentes de suficientes medios para hacer frente a los problemas de salud mental en las aulas?

–A partir del covid, se ha visibilizado, pero los centros no tienen recursos para hacer frente a la cuestión. En el 60% de los centros no hay protocolos; se implantó la figura del coordinador de bienestar como el que planta una planta, porque en muchas comunidades no tiene horario lectivo ni unas funciones definidas.

–¿Repercute en el bienestar emocional de los docentes?

–Entre los profesores también se percibe un empeoramiento. Además, hay una sobrecarga burocrática que agobia mucho a los docentes. Las ratios siguen siendo muy grandes comparadas con Europa y el horario lectivo es muy amplio. Todo esto genera una sobrecarga importante.

–Pero, luego, tienen dos meses de vacaciones, le respondería mucha gente a pie de calle...

–Yo les invitaría a estar un día con un docente en el aula y en su casa; porque está el horario lectivo y el no lectivo, los problemas con los alumnos, la atención individualizada que queremos abordar para atender a los alumnos como se merecen...

–La Comunidad de Madrid ha iniciado ya los trámites para imponer la jornada partida en los nuevos colegios. Su sindicato fue el impulsor del establecimiento del horario continuo en la Región. ¿Qué le parece la medida establecida por Ayuso?

–La jornada escolar la tiene que elegir la comunidad educativa del centro, no puede venir impuesta por la Comunidad; ellos eligen porque son quienes conocen su contexto. En cualquier caso, no hay estudios que concluyan que la jornada partida se corresponda con un mejor rendimiento.

–Pero la Ocde ha reiterado que un mayor tiempo de permanencia en el centro es positivo, especialmente para el alumnado vulnerable...

–Sí, pero el tiempo de permanencia en el centro no tiene que ver con el horario lectivo y aquí entra el gran tema de la conciliación. ¿Conciliar es que la familia pase más horas con sus hijos o que pase más horas en el colegio? Yo creo que la conciliación no se consigue abriendo el colegio de siete de la mañana a siete de la tarde. La responsabilidad de mantener el comedor escolar y de dar servicios es de la Administración.

–La Formación Profesional se ha sacudido los prejuicios que pesaban sobre ella hace años, pero muchos estudiantes se encuentran ahora con que no hay plazas suficiente para todos y que en los centros los recursos no son adecuados...

–No hay plazas suficientes en la pública y eso está provocando el crecimiento de la privada. Un informe de CaixaBank destaca que la privada ha aumentado un 467% en los últimos años, frente al 31% de la pública, y no hablemos ya de los precios. Desde Anpe demandamos un aumento de plazas y la mejora de las infraestructuras, porque la FP es una gran vía para combatir el fracaso escolar y el abandono. La oferta la tienen que aumentar, porque, de lo contrario, el alumno se encuentra sin opciones.

–La escolarización en el primer tramo de Infantil va cogiendo ritmo en los colegios. ¿Qué necesidades detecta?

–Lo primero es integrar esa primera etapa de Infantil, habilitar los centros e incorporar esa figura de técnico de Educación Infantil. Es fundamental que haya suficientes plazas públicas, porque además dan continuidad al alumnado en el centro.

–La caída de la natalidad ya se percibe con claridad en las aulas de Infantil y Primaria. ¿Le preocupa?

–Nos tiene que preocupar a todo el país, no es una cuestión que afecte solo a la educación; es un problema social. En educación, se soluciona con la reducción de ratios.

–El problema es que primero se reducen las ratios y luego se cierran aulas...

–Siempre preocupa que cierren unidades en centros públicos, porque después pueden cerrar los colegios y los colegios son la vida de muchos pueblos. Una de las opciones es que, igual que los conciertos se revisan cada 6 años en la enseñanza privada, los de la pública dejen de revisarse todos los años. Tiene que haber un criterio común.

–¿Cómo valora la implantación de la Lomloe, cuatro años después de su aprobación?

–La implantación ha sido muy atropellada, la programación no ha estado bien planificada y los profesores han tenido que trabajar con borradores. Tanta incertidumbre juega siempre en contra del profesor. Pero habrá que esperar diez años para evaluarla.

–La sanidad de miles de docentes sigue en el aire al quedar desierto el concierto con Muface...

–El Gobierno tiene que priorizar esa licitación con Muface. Tiene que haber altura de miras y responsabilidad por parte de ambas partes, y también pedimos transparencia. No queremos un acuerdo cualquiera, queremos que sea estable y razonable. De momento, los afectados tienen garantizada su cobertura, que puede prorrogarse más meses.

–Las tasas de fracaso y de abandono escolar no remontan...

–Una cuestión clave es que los alumnos siguen repitiendo, y la Administración aún no ha hecho cálculos de lo que vale una repetición. Nunca nos han presentado algo alternativo a la repetición, mientras que otros países, cuando se detectan problemas de aprendizaje en las etapas más tempranas, se implantan programas de refuerzo.