Las solicitudes de eutanasia aumentan en la Región de Murcia, pero también hay más casos rechazados

Ocho personas han solicitado acogerse a la prestación de ayuda para morir en 2024 en la Región de Murcia, lo que representa un destacado aumento con respecto a 2023, cuando solo se tramitaron dos solicitudes. Sin embargo, el 40% de estas peticiones han sido rechazadas, un porcentaje que también supera ampliamente al registrado en ejercicios anteriores.

Una de las ocho solicitudes presentadas este año aún está tramitándose, según los datos facilitados por la Consejería de Salud. De las otras siete, tres fueron rechazadas por el médico responsable. Uno de estos pacientes reclamó ante la Comisión de Garantías, que ratificó el informe desfavorable. De los cuatro casos que sí han sido admitidos en 2024, tres llegaron a término, mientras el cuarto paciente decidió no acogerse finalmente a la eutanasia.

La aplicación de la Ley en la Región de Murcia ha generado críticas de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que denunció públicamente el caso de Ada, una cartagenera con alzhéimer a la que se le denegó la prestación pese a un informe médico favorable. En 2019, después de que le diagnosticasen la enfermedad, había hecho constar en su testamento vital su deseo de acogerse a la eutanasia cuando la enfermedad la llevase a una situación sin salida.

En 2023, su marido presentó la solicitud de ayuda para morir valiéndose del testamento vital. Tal y como establece la ley, dos médicos consultores (un neurólogo y un psiquiatra) analizaron el caso y emitieron informe favorable. Sin embargo, la Comisión regional de Garantías -el órgano encargado de la valoración final de las solicitudes de eutanasia- denegó la prestación por «falta de evidencias objetivamente constatables de la concurrencia» de un «sufrimiento continuo e insoportable». La mujer terminó falleciendo a principios de 2024, antes de que el Tribunal Contencioso Administrativo se pronunciase sobre el recurso de casación que interpuso la familia. Como Ada, otros cinco pacientes han visto rechazada su solicitud de ayuda para morir en la Región de Murcia desde que la Ley de Eutanasia empezó a andar a mediados de 2021. Representan un tercio de las apenas 18 peticiones presentadas en todo este tiempo, según los datos facilitados por la Consejería de Salud.

La Asociación Derecho a Morir Dignamente denunció la presencia en la Comisión de Garantías de personas «que se manifestaron en su día públicamente en contra de la eutanasia».

La ley insta a las comunidades a «elaborar y hacer público un informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la Ley en su ámbito territorial concreto». Sin embargo, no consta que la Comisión regional de Garantías haya elaborado tal informe, y si lo ha hecho, la Consejería de Salud no lo ha publicado. Esto impide conocer el perfil de los solicitantes de la eutanasia en la Región (edades, sexo o patologías de base que presentan).

Tampoco se conoce cuál es el el tiempo medio de espera para la resolución de los expedientes. En el caso de Ada, denunciado por DMD, la familia presentó una primera solicitud en febrero de 2023 que fue acompañada de un informe favorable de su médica responsable. Sin embargo, el procedimiento no avanzó, según denunció la familia. Hubo que presentar una reclamación para que se designase, dos meses después, a los médicos consultores que debían analizar el caso. Su informe fue favorable, pero la Comisión de Garantías tumbó finalmente la solicitud.

El Ministerio de Sanidad publicó ayer el informe anual con datos relativos a 2023, cuando solo se registraron dos solicitudes en la Región de Murcia, frente a los ocho casos de 2024. Desde la entrada en vigor de la ley que regula la eutanasia en junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023, se atendieron 1.515 solicitudes de prestación de ayuda para morir en toda España. En concreto, en 2023 se presentaron 766 solicitudes, lo que representa un aumento del 25% con respecto al año anterior.

De estas 766 peticiones recibidas en 2023, el 76% fueron aceptadas. De las 188 denegadas, se presentaron 78 reclamaciones, 32 de las cuales fueron resueltas favorablemente. 190 solicitantes fallecieron durante el proceso, con un tiempo promedio de 30 días entre la solicitud y el fallecimiento.

Las enfermedades de base más frecuentes entre las personas solicitantes fueron la enfermedad oncológica (35%) y la neurológica (35%). El 28% de quienes se acogieron a la prestación tenían entre 70 y 79 años. En cuanto al lugar donde se realizó la prestación, el 47% de las veces tuvo lugar en el hospital, mientras que el 44% se llevó a cabo en la residencia o domicilio del paciente.

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