El sistema de financiación repartirá el próximo año unos recursos récord

Las comunidades autónomas recibirán el próximo año «la mayor entrega a cuenta que han tenido a la largo de su historia». Así lo anunció ayer la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, después de la reunión que mantuvo con los consejeros regionales del ramo para comunicarles el importe de los anticipos que el Estado les transferirá para el próximo ejercicio. Este encuentro supone el pistoletazo de salida para que los gobiernos autonómicos y también los ayuntamientos puedan empezar a diseñar sus presupuestos.

Las comunidades obtendrán el próximo año 134.335,6 millones del sistema de financiación, lo que supone un 24% más que este año, es decir 26.130 millones más. Este conjunto de recursos que aporta el sistema de financiación se distribuye en parte mediante unas entregas a cuenta récord por importe de 124.291,8 millones de euros, un 11% más, y la liquidación «muy positiva» del año 2021, que alcanza los 10.980,6 millones de euros; esto es, la diferencia entre la estimación de ingresos que recibieron las comunidades (entregas a cuenta) y los ingresos reales al finalizar el ejercicio, que se liquidan con dos años de decalaje, tal y como marca la ley. A la suma de ambos conceptos hay que restar como es habitual 936,8 millones de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009.El resultado que arroja son más de 26.000 millones que irán a las comunidades para que elaboren los presupuestos de 2023, según indicó Montero.

La titular de Hacienda explicó que los recursos totales de las comunidades son fruto por una parte de la mejora de la recaudación en 2021, ya que a pesar de que la inflación se había mantenido en el 3% se produjo una recaudación no esperada de 8.000 millones, así como a las previsiones prudentes del Gobierno, a las medidas adoptadas y a esa «fuerte creación de empleo».

Además, Montero trasladó a los gobiernos regionales la flexibilización del objetivo de déficit de las comunidades autónomas del 0,1% al 0,3% del PIB en 2023. El consejero de Economía y Hacienda de la Región, Luis Alberto Marín, fue el único representante de las comunidades que reclamó a la ministra «la celebración urgente» de un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera «en el que se trate de manera exclusiva la tan necesaria reforma de este obsoleto e injusto modelo de financiación». Marín denunció que se trata de la cuarta reunión de este órgano «en la que se deja fuera de manera sistemática un asunto de enorme trascendencia para los habitantes de la Región de Murcia y del conjunto del país».

El consejero cifró en unos 65 millones el impacto que podría tener el aumento del déficit del 0,1º% al 0,3% el próximo año, pero lo consideró una medida «puntual y coyuntural que no soluciona el verdadero tema de fondo, y es que hay regiones que llevamos más de una década recibiendo menos dinero del que necesitamos para prestar servicios de calidad».

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