El Gobierno regional modifica también la ley ambiental en plena pandemia

Con el anterior decreto todavía caliente tras su convalidación en la Asamblea Regional -en vigor y a expensas de que se modifique en el trámite parlamentario-, el Ejecutivo regional aprobó ayer la reforma de la ley de Protección Ambiental Integrada con el objetivo de «reducir los plazos, simplificando trámites innecesarios, establecer unidad de criterios y reforzar la colaboración entre las administraciones». Como ocurrió con la ley del Suelo, la nueva reforma no va acompañada de informes jurídicos previos.

Una de las principales novedades es que todas las instalaciones y empresas que dispongan previamente de autorización ambiental y que quieran llevar a cabo ampliaciones no sustanciales, recibirán la autorización para poder proceder a dicha ampliación en un plazo máximo de 30 días.

Luengo precisó al término del Consejo de Gobierno que tales ampliaciones o modificaciones de proyectos ya evaluados «no requerirán de nueva evaluación ambiental si esa modificación no implica una superación del 30% de insumos, el 30% de residuos, el 30% de emisiones a la atmósfera, el 30% de vertidos, y que no afecte al patrimonio o a la Red Natura 2000».

La Dirección General de Medio Ambiente señaló que se mantienen los límites y parámetros de emisiones y vertidos aprobados inicialmente en la evaluación ambiental de cada proyecto. Lo que cambia es que, si se amplían o modifican las instalaciones, hay un margen en el que se puede emitir o verter más sin una nueva evaluación. Dicho margen es actualmente de un máximo del 15%, y pasará a ser del 30%. Cuantitativamente, se contaminaría más si crece la producción, aunque la Consejería no lo ve de esa forma porque dice que no se suprimen los límites previamente autorizados.

También se modifica la distribución de funciones en los procesos de evaluación ambiental entre las administraciones locales y autonómica. Los municipios pasan a ser «órganos ambientales» en materia de planeamiento urbanístico, asumiendo la evaluación de los nuevos planes de desarrollo y sus correspondientes proyectos de urbanización. Los de menos de 20.000 habitantes podrán suscribir convenios con la Comunidad si carecen de medios adecuados.

La Dirección General de Medio Ambiente apostilló que «no se pasan competencias nuevas a los ayuntamientos», y que la evaluación que realicen será «sobre proyectos de urbanización que se derivan de los planes parciales».

Además se crea una plataforma 'online' para conocer en qué fase se encuentra cada expediente. También se reducen los plazos e igualan trámites para los procesos de evaluación ambiental, autorización sustantiva y autorización ambiental integrada, y se unifica la documentación exigida para los planes o programas y proyectos sometidos a evaluación o autorización ambiental.

Asimismo se acota el plazo de consulta. Luengo insistió en que queda garantizada la protección y el cuidado del medio ambiente. Señaló que decreto ley «reducirá el tiempo de tramitación, lo que redundará en un beneficio económico por el impulso de los proyectos».

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, dijo que su partido «no va a permitir que el Gobierno regional de PP y Ciudadanos hipoteque el futuro de la Región con un decreto vergonzoso, que pone en riesgo la protección del medio ambiente y la salud de las personas». Dijo que «nos pone a la cola de Europa. El consejero es un irresponsable, y López Miras, su cómplice por permitirlo. Pero los socialistas vamos a llegar hasta el final para que no se aplique este decreto.

Para Óscar Urralburu, de Más Región, es «una barra libre para saltarse controles y dañar nuestro patrimonio natural. El Gobierno de López Miras es un depredador del medio ambiente». Equo tachó el decreto de «perjudicial», y de hacer dejación de funciones.