Seis incendios forestales por negligencia acaban en denuncias ante la Fiscalía

«Las actuaciones ordinarias de los agentes ambientales supusieron un total de 175 partes definitivos de incendios forestales», indicaron fuentes de la Consejería que dirige Juan María Vázquez. Y precisaron que instruyeron 42 expedientes de investigación de las causas de esos sucesos, de los cuales 32 acabaron en una propuesta de sanción administrativa y 10 en la Fiscalía. En 2022, la Brida activó 28 expedientes de investigación, de los cuales seis finalizaron en denuncias ante el Ministerio Fiscal.

La relación de asuntos del último ejercicio recoge cuatro incendios causados a propósito; uno el 28 de abril en la Sierra de Burete, en Cehegín, que arrasó 1,0753 hectáreas; otro, el 6 de mayo en Finca Nubila, en Murcia, que afectó a 0,3559 hectáreas; un tercero el 29 de agosto en el parque regional de El Valle, también en el municipio de Murcia, que abarcó una superficie de 2,1893 hectáreas y que estuvo «provocado por vandalismo», según concluyeron las pesquisas de los técnicos autonómicos. En cuarto lugar, el 28 de diciembre en la Rambla del Huérfano, en Mula, ardieron 0,1437 hectáreas en un incidente catalogado por los especialistas en el apartado de «otras motivaciones».

En cuanto a los fuegos iniciados por negligencias, la Comunidad anotó dos ocurridos el 15 de marzo en el paraje del Castillo de Xiquena, en el municipio de Lorca. La quema de unos rastrojos acabó llevándose por delante 0,7013 hectáreas de terreno forestal en un caso y 1,3136 en el otro. Ese mismo mes, el día 30 en el entorno de La Atalaya-El Estrecho, en el término de Cieza, ardieron 0,6448 hectáreas por «quemas agrícolas».

Ya en noviembre, el día 16, la falta de diligencia en la limpieza de vegetación próxima a una edificación tuvo como consecuencia que 2,1891 hectáreas fueran pasto de las llamas en el barranco El Albardinar, en Jumilla. En este mismo municipio, el día 27 en Omblancas, una quema para la limpieza de fincas agrícolas se cebó con 1,3246 hectáreas. En esta lista negra para la preservación de los valores naturales en la Región, el 29 de diciembre en Los Prados, en Lorca, la quema de restos de poda se desbordó y afectó a 0,5726 hectáreas forestales.

Fuentes de la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia explicaron que los expedientes de la Comunidad son trasladados a los juzgados del partido judicial correspondiente, en ocasiones previa ampliación con diligencias ordenadas por el Ministerio Fiscal. Añadieron que, en algunos casos, la documentación aportada por la Consejería de Medio Ambiente se une a la que envía el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), que también lleva a cabo sus propias investigaciones y presenta denuncias en los juzgados cuando recopila indicios suficientes de delito.

Días atrás, la Benemérita informó de que la investigación sobre el incendio forestal del pasado 14 de marzo en el barranco del Lobo, situado en el monte Miravete de Murcia, se saldó con la imputación de dos jóvenes como presuntos autores de sendos delitos. El Instituto Armado detalló que agentes del Equipo de Investigación del Seprona, en colaboración con la Brida de la Consejería, llevaron a cabo una exhaustiva inspección técnico-ocular conjunta. Gracias a esa cooperación, recabaron datos que permiten atribuir a esas dos personas la autoría de un fuego intencionado que arrasó cerca de 6.000 metros cuadrados en esa zona rural de Torreagüera, en la Cordillera Sur.

Ambas personas fueron identificadas con una cámara de videovigilancia, que los captó cuando salían del lugar del incendio momentos antes de su propagación. A los dos investigados, uno de ellos menor de edad, se les atribuye la presunta autoría de un delito de incendio forestal. Junto con las diligencias instruidas, los investigados fueron puestos a disposición del juzgado de Instrucción de Murcia y de la Fiscalía de Menores, indicaron las citadas fuentes.

Sobre el resultado de este tipo de procedimientos, en la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región señalaron que casi todos terminan en sentencia condenatoria. A través de sus defensas, los acusados suelen alcanzar acuerdos de conformidad con la Fiscalía y asumen penas que les eviten la entrada en prisión por falta de antecedentes penales. Aunque el volumen de las condenas depende de la gravedad de los hechos, lo habitual es que se sitúen entre un año y seis meses de prisión y dos años.

Fuentes de la Dirección General de Medio Ambiente, que dirige Juan Antonio Mata, destacaron que, en materia de prevención, «los agentes medioambientales colaboran activamente con la Fiscalía de Medio Ambiente del Estado para la evaluación de áreas sensibles o de riesgo por incendio forestal». Realizan «fichas de evaluación remitidas a dicha Fiscalía anualmente en este segundo trimestre del año», por lo que, actualmente, «está en desarrollo el trabajo de campo». Estas fichas «evalúan riesgos asociados a áreas recreativas, líneas eléctricas, vías férreas, vertederos u otras actividades que puedan representar un riesgo inminente».