El Segura entra en la cuenta atrás para combatir 212 hm3 de sobreexplotación en los acuíferos
La extracción de agua subterránea se reducirá en 2027, pero sigue sin haber planes de ordenación ni alternativa para los usuarios de pozos
Dos años y medio es el tiempo que queda para que las extracciones de agua en los acuíferos sobreexplotados de la cuenca del Segura se ... paralicen o se reduzcan hasta alcanzar un buen estado cuantitativo. Los usuarios de estas concesiones se han beneficiado de dos moratorias para continuar usando sus pozos, pero 2027 es la fecha límite marcada en el calendario de España para cumplir con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) estima en 212,27 hectómetros cúbicos el exceso en el consumo de aguas subterráneas, una cifra a la que habrá que poner una solución que todavía no ha llegado.
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El Plan Hidrológico del Segura (2022-2027) establece que una treintena de acuíferos en la demarcación sufren una extracción superior a los recursos de los que disponen a lo largo de un año, mientras que en 54 (el 85% del total) sufren una «presión» porque se bombea agua para distintos usos. Es decir, son recursos que no se renuevan con las lluvias y, por tanto, se produce una sobreexplotación. Entre el volumen de agua anual que guardan los acuíferos y el total que se extrae (455,76 hm3) hay una diferencia positiva de sólo 36,67 hectómetros.
La agricultura es la gran consumidora de estos recursos, al acaparar el 84,1% de lo que se extrae en ese medio centenar de masas de aguas subterráneas con bombeos; el abastecimiento a la población emplea 9,2 hm3 de 14 acuíferos y la industria otros nueve. El organismo de cuenca parece haberse inclinado por reducir el volumen extraído antes que clausurar captaciones, además de establecer programas de control y planes de ordenación para las extracciones, pero hasta ahora se han dado muy pocos pasos.
En un momento delicado
El momento actual es delicado. Por un lado, los recursos que habría que salvaguardar para los acuíferos se quitarán a usuarios como los regantes, que también sufrirán un recorte de entorno a cien hectómetros al año del Trasvase Tajo-Segura por los nuevos caudales ecológicos en la cuenca cedente. La alternativa defendida por el Gobierno central es el aumento de los recursos de la desalación con la ampliación de las plantas en el Levante.
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Otra vía que abrió la CHS hace pocos meses es que los agricultores que no puedan extraer el volumen total de agua autorizado por la precariedad del acuífero se apoyen en pozos de otras comunidades de regantes, previa autorización del organismo de cuenca. Esta medida es una de las cautelares aprobadas el año pasado para el acuífero de Ascoy-Sopalmo (entre Cieza y Jumilla), el más sobreexplotado de toda la cuenca, con 46,25 hm3 anuales de exceso de bombeo. Hasta la fecha, es la única gran actuación encaminada a paliar el problema de los acuíferos en mal estado cuantitativo.
Entre el volumen de agua anual que guardan los acuíferos y el total que se extrae hay una diferencia positiva de sólo 36,67 hm3
La CHS tiene previsto contratar este año la redacción de los planes que ayuden a controlar los acuíferos con peores recursos disponibles y saber qué se hace con el agua extraída. Además, pretende llevar a cabo un nuevo inventario de todos las cantidades de agua acumuladas en el subsuelo.
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Noroeste y Altiplano
El acuífero del Bajo Guadalentín tiene una extracción negativa de hasta 33,87 hm3, en Mazarrón son doce y en la masa de agua de El Molar (entre Calasparra y Hellín) son diez. Este último tiene el segundo índice de explotación más elevado de la demarcación del Segura.
Otro caso particular son los acuíferos del Altiplano. La comarca vive una expansión del regadío a costa del agua subterránea, unas masas que están en números rojos. La CHS, en el plan de cuenca, estimó necesario eliminar hasta un tercio del regadío que se practica hoy en la comarca. El Altiplano, además, no tiene conexión con los recursos del Segura ni del Trasvase, tampoco para abastecimiento con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Se acumulan los deberes al norte de la Región de Murcia porque no hay proyectos previstos hasta 2027 para arreglar esta situación.
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El Scrats reclama un planteamiento coordinado y urgente entre administración y usuarios para no acabar en «un callejón sin salida»
«Para aquellas masas en las que no resulta viable ni técnica ni económicamente la sustitución de parte de sus extracciones por otros recursos, la consecución de su buen estado únicamente podrá conseguirse mediante una reducción progresiva de los usos actuales, encaminada a equiparar las demandas existentes a la disponibilidad natural de recursos», señala el plan de cuenca. El Segura va por detrás del Júcar donde, por ejemplo, se aprobó reducir las extracciones de los acuíferos en torno al río Vinalopó, incluido uno que comparte con Yecla (masa de agua Jumilla-Villena). La CHS no ha aplicado restricciones todavía dentro de sus competencias en esta zona.
El plan hidrológico recoge medio centenar de medidas para mejorar el estado cuantitativo de las masas de aguas subterráneas. Suman una inversión próxima a los 200 millones de euros. Pese a esto, la CHS refleja que «estas medidas están supeditadas a la disponibilidad de nuevos recursos, ya que en caso de que no se disponga de los mismos no es posible su intercambio por recursos subterráneos».
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Los regantes piden una moratoria al Ministerio si no les ofrece una alternativa
En pleno tramo final para conocer las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, que abrirían la puerta al recorte de 100 hm3 previstos en los envíos al Levante para 2027, los regantes temen que a esa reducción se sume la contemplada en el plan de cuenca del Segura sobre las aguas subterráneas. El fin de la sobreexplotación de los acuíferos en dos años y medio dejaría a los usuarios de estos recursos sin disponer de 212 hectómetros cúbicos. «Esto haría aumentar en 300 hm3 el actual déficit hídrico, porque los volúmenes complementarios que se prevén disponer a través de las ampliaciones previstas para las desaladoras serán poco significativos (escasos 38 hm3)», señala a este periódico Lucas Jiménez, presidente del Scrats.
Estas circunstancias, subraya, hacen a los regantes «más dependientes» de transferencias externas para mantener la situación socio-económica actual del regadío en Murcia, Alicante y Almería. «Por ello, no podemos permitirnos reducción alguna en los volúmenes medios aportados por el Tajo, y además se deben buscar nuevas soluciones, como las que puedan venir de la mano del Trasvase Júcar-Vinalopó para la comarca del Altiplano», incide Jiménez. De lo contrario, avisa, en esta y otras zonas del interior como el Noroeste y gran parte de la Vega Alta «se tendrán que abandonar importantes superficies de regadío».
El Scrats ve dos soluciones posibles a la situación a la que se enfrentan: un planteamiento coordinado y urgente, entre administración y usuarios, para no abocar muchas zonas del Levante «a un callejón sin salida», o que el Ministerio para la Transición Ecológica autorice las excepciones «que se precisen para, que al menos, nos quedemos como estamos». Es decir, o se busca una solución que convenza a todos o se aprueba una nueva moratoria, algo que la CHS ya ha advertido que no pasará. El presidente de los regantes cree que la información disponible a día de hoy sobre las aguas subterráneas «se apoya en una red de seguimiento piezométrica que resulta claramente escasa», y que se están constatando sensibles mejoras en algunas masas de aguas subterráneas (como el Noroeste, según el plan de cuenca) «por la utilización de otros recursos alternativos».
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