La familia de la infravivienda de San Pedro denuncia a la alcaldesa y a tres concejales

«Que nadie pase por vivir en un cuchitril con los techos caídos y las ventanas rotas, sin espacio para los cinco que somos de familia, y con un pozo ciego porque no hay red de saneamiento». Es como describe Francisco Moreno su hogar en la pedanía de Los Sáez. A los 34 años de padecer la precariedad de la casa, ha presentado una denuncia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Javier contra la alcaldesa, Visitación Martínez, y los concejales José Fernández Andreo (Patrimonio), Ángela Gaona (Urbanismo) y Fuensanta García (Bienestar social) por los presuntos delitos de prevaricación, falsificación en documento y estafa. También se querellan contra el secretario municipal, Carlos Balboa, por los mismos delitos.

La infravivienda, propiedad del Ayuntamiento, fue concedida a la familia Moreno en 1987 mediante contrato de alquiler, cuando las inundaciones de aquel año dejaron sin techo a su familia y a otras muchas. Después de tenerlos alojados durante meses en la base militar de Los Alcázares, les proporcionaron estas paredes, sin alcantarillado ni red de saneamiento para evacuar las aguas negras.

Con el fin de dar techo al mayor número de familias, el Consistorio partió en dos la vivienda –que era una sola unidad catastral–, y alojó a Francisco y a su familia a un lado, y a otra familia en el otro, aunque fue Francisco el que había firmado en el Consistorio un contrato de alquiler en el que constaban estancias que no ha disfrutado, debido a la partición. De hecho, Francisco y su mujer tienen que dormir en el comedor, junto con sus dos hijos mayores, discapacitados ambos.

La denuncia adjunta un informe de la Unidad de Salud Mental del hospital Los Arcos del Mar Menor, en el que el psiquiatra Jesús Soler describe cómo estos sufren «trastornos mentales graves, reconocidos tanto a nivel de dependencia como de discapacidad».

El especialista también recalca que «se encuentran cinco miembros de la familia viviendo en un domicilio pequeño y en condiciones insalubres». Atestigua que «esas condiciones pueden afectar clínicamente a los cuadros de base de ambos pacientes».

«La vivienda que se me adjudicó no se corresponde con la realidad, ya que tiene menos metros, menos habitaciones que la que se adjudicó, y el Ayuntamiento ha mirado para otro lado», traslada el demandante en la denuncia.

También comunica al juez que «el pasado febrero, el secretario municipal y el concejal Fernández Andreo me entregaron un documento para firmarlo mi mujer y yo, donde se indican unos metros y descripción que no se corresponden con la vivienda». Aclara que «me niego a firmar el documento –por el que el Ayuntamiento le cedía el inmueble–, ya que contiene elementos fraudulentos y engaños para eximir de responsabilidad al Ayuntamiento con respecto a la vivienda».

Francisco ha llegado a un estado de «desesperación» con la infravivienda, por las condiciones insalubres, la falta de espacio para sus hijos y el grave deterioro de la construcción.

Por su parte, el concejal de Patrimonio, José Fernández Andreo, asegura que «habrá que tomar las medidas correspondientes y darle una solución válida para ellos y para la Administración». El edil reconoce que la infravivienda «no reúne las condiciones», pero afirma que «serán los técnicos los que tengan que decir la solución de las dos parcelas». «Si han ido ya al juzgado, pues habrá que agilizarlo» indica el edil. «El tema ya estaba sobre la mesa».