La Fiscalía abre diligencias al Ayuntamiento de San Javier por el presunto fraccionamiento de un contrato
La Asociación Preeminencia del Derecho denuncia que el Consistorio desgajó en dos la partida para la asistencia jurídica en el 'caso Aqualia' con el fin de adjudicarla a un abogado afín
La Fiscalía de Cartagena ha abierto diligencias preprocesales para investigar si el Ayuntamiento de San Javier incurrió en el presunto fraccionamiento de un contrato. Este paso del Ministerio Público se produce a raíz de la denuncia que presentó en abril la Asociación Preeminencia del Derecho, representada por el abogado José Luis Mazón, en la que se advertía de la supuesta comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte del Consistorio.
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Esta parte sostiene que el Ayuntamiento realizó ese fraccionamiento para adjudicar a dedo el contrato de defensa jurídica en el procedimiento de adjudicación del contrato del agua a la empresa FCC Aqualia por 246 millones para los próximos 20 años en San Javier. La asociación argumenta en su denuncia, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, que el contrato, con el que el Ayuntamiento buscaba un abogado para conducir este caso, se dividió en dos partes. Sostiene que, aunque el presupuesto base de licitación sin impuestos fue de 190.000 euros, se licitó una primera parte con una cantidad inferior a 18.000 euros para poder acceder a esa adjudicación y otra ya posterior con el resto del pleito.
Esa primera adjudicación hacía referencia a la asistencia jurídica que el Ayuntamiento precisaba para recurrir la orden de suspensión del procedimiento de adjudicación del contrato del agua a la empresa FCC Aqualia que dictó inicialmente el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) y que fue recientemente confirmada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El Consistorio ya ha avanzado que no seguirá recurriendo esta medida cautelar.
El segundo contrato que el Ayuntamiento adjudica, y al que se hace referencia en la denuncia, alude a la gestión jurídica del resto del procedimiento. La asociación destaca que ambos contratos recayeron en el mismo abogado e incluye un informe del Ayuntamiento en el que se advertía del riesgo de dividir los lotes.
El letrado, en su denuncia, sostiene que «el Ayuntamiento comete un delito de libro al efectuar una licitación burlando todas las normas legales para darle el encargo de 160.000 euros a un abogado de la familia del PP, el partido en el gobierno». El denunciante remarca que «el candidato ya está preseleccionado».
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El Consistorio sostiene que actuó «de acuerdo a la ley»
El Ayuntamiento de San Javier sostiene que ha actuado «de acuerdo a la ley en todo momento en relación a la defensa de los intereses municipales en este caso».
En cuanto al hecho de que se hicieran dos contratos separados, explican desde el Consistorio, se debe, primero a que había que dar respuesta en un plazo máximo de dos meses para la interposición del recurso. «Era un plazo manifiestamente insuficiente para poder tramitar cualquier procedimiento ordinario, por lo que se optó por el contrato menor y la adjudicación a un profesional de máxima solvencia», remarcan las fuentes. «De esta manera se garantizaba poder dar respuesta en el plazo legal de dos meses».
Por otro lado, argumentan desde el Ayuntamiento, «se procedió a la licitación de la defensa letrada para la interposición de la demanda , conforme a la Ley de Contratación del Sector Público, a través de la plataforma de contratación, utilizando el procedimiento abierto, el más garante y que brinda la mayor transparencia posible para todos sus actos, sin que ninguno de los licitadores interesados hayan recurrido los pliegos».
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