Salud seguirá derivando casi todos los abortos a clínicas privadas los próximos cuatro años

De acuerdo a este modelo, la sanidad pública asumirá directamente los abortos, muy excepcionales, que se llevan a cabo a partir de la semana 23, algo que ya está haciendo La Arrixaca desde hace año y medio. El nuevo contrato abre también la puerta a que las mujeres que aborten a partir de la semana 20 por patología fetal, a través de un procedimiento de limitación de viabilidad del feto, sean atendidas en el hospital público en la última fase de este proceso (la dilatación y expulsión). Pero la técnica previa se seguirá llevando a cabo en las clínicas concertadas.

En definitiva, con este nuevo contrato, la inmensa mayoría de interrupciones voluntarias del embarazo continuarán realizándose en los centros privados, algo que choca con el proyecto de ley que aprobó el Gobierno central la semana pasada. El Ministerio de Igualdad pretende que la sanidad pública sea la «red de referencia» para abortar, de forma que los conciertos deben quedar como apoyo para cuando no sea posible ofrecer la prestación en hospitales públicos.

Desde mayo de 2021 se han llevado a cabo 14 abortos a partir de la semana 23 de gestación en La Arrixaca, según las cifras facilitadas por la Consejería de Salud. Estas intervenciones deben pasar previamente por un comité clínico, que certifica la existencia de una enfermedad extremadamente grave en el feto o anomalías incompatibles con la vida. La Arrixaca también ha realizado, además de estos 14 abortos, otra docena de intervenciones por debajo de las 23 semanas de gestación, explican desde la Consejería. Se trata en todos los casos de interrupciones por motivos médicos, en los que había riesgo para la vida de la madre.

En definitiva, la sanidad pública asume situaciones muy excepcionales, que representan un porcentaje mínimo. En 2021 y según los datos publicados en el Ministerio, se practicaron 3.232 abortos en la Región de Murcia, todos ellos en centros concertados. Las escasas interrupciones del embarazo que se llevaron a cabo en La Arrixaca no aparecen en la estadística, porque la Consejería no las notificó en su momento. De ahí que la Región se mantenga como una de las cuatro comunidades en las que no se practica ningún aborto en la sanidad pública.

Salud mantiene en el nuevo contrato su modelo, pero con algunos cambios. Ninguna mujer tiene ya que salir de la Región, destaca la Consejería, gracias a que La Arrixaca asume ahora las intervenciones en las fases más avanzadas de la gestación. La derivación de estas pacientes a Madrid generaba fuertes polémicas y quejas de las afectadas. Además, «se incorporan mejoras sustanciales» relacionadas con «las condiciones y garantías sanitarias y psicosociales para la mujer que decide interrumpir su embarazo», subrayan fuentes de Salud. El nuevo contrato garantiza, entre otros aspectos, que todas las pacientes reciban «la sedación o anestesia adecuada al procedimiento». Hace algunos años eran las mujeres las que debían pagar la sedación en determinados casos. Ante las quejas de la Asociación de Usuarios de la Sanidad, el SMS rectificó y ahora el acceso a esta medicación queda reflejado en el contrato.

La Asociación de Usuarios ve en el nuevo concierto una mejora con respecto a la situación anterior, aunque rechaza que se mantenga la derivación de casi todos los abortos. «Este contrato debería haberse hecho hace años, ya que, al menos, establece una vinculación legal de estos centros privados con la sanidad pública, como establecía la ley de 2010», subraya María Teresa Martín, presidenta de los usuarios. Contar con un concierto permite además garantizar unas condiciones y requisitos, señala. Sin embargo, se trata de un contrato «que llega tarde», cuando el Gobierno central prepara ahora una nueva ley que priorizará la realización de estas intervenciones en la red pública.

La Consejería no se pronuncia sobre qué hará de salir adelante la norma, pero advierte de que «existe un déficit importante de profesionales» en estos momentos en España. También lamenta que la ley «no se haya consensuado con las comunidades», ni «se haya justificado su necesidad».