El Gobierno regional basa su recurso ante el TC por el reparto de menores extranjeros en la «unilateralidad» e invasión de competencias

En primer lugar, el Ejecutivo regional considera que no se puede regular por decreto ley una cuestión como el reparto de menores extranjeros, al afectar a derechos fundamentales de ciudadanos, sino que se tendría que aprobar una ley orgánica. Asimismo, considera el Gobierno que se produce una invasión de competencias de las comunidades autónomas, a las que, además, el Ejecutivo central no ha consultado, por lo que se utiliza también la «unilateralidad» del decreto como argumento jurídico en su contra.

Del mismo modo, el portavoz regional señaló que el Gobierno de España no garantiza la financiación que tendrán que afrontar los servicios sociales de las autonomías para afrontar la recepción de personas migrantes.

La aprobación del recurso llega un día después de que el Gobierno regional abriera la puerta al cierre del centro de menores de Santa Cruz, como le exige Vox. En ese sentido, Ortuño no dio detalles sobre la hoja de ruta a seguir con este centro, ni aclaró si se va a cerrar o no proximamente, y se remitió a las palabras «muy claras» de la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, quien dijo que la instalación de la pedanía murciana no cumple los estándares del modelo de acogida que propugnan la Unión Europea, Unicef y el Ministerio de Infancia.