El retraso del pago de la atención temprana amenaza con dejar sin servicio a 80 niños

Fuentes del departamento que dirige Conchita Ruiz señalaron a LA VERDAD que la Comunidad mediará para que el servicio no se vea interrumpido, aunque desde la dirección del centro ven «imposible» continuar asumiendo el coste sin recibir el pago de las cantidades que el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) les adeuda desde agosto y que ha provocado que la entidad no pudiera afrontar el ingreso de las nóminas de septiembre de sus 13 empleados, una situación en la que siguen con octubre agotando sus últimos días.

«La Consejería nos pagaba a 60 días, es decir, que no hemos cobrado las sesiones realizadas desde junio», explica Encarni Hernández, responsable de Atención Temprana de Higea, que considera que el ahogamiento económico es ya «insostenible». «Es una completa vergüenza. Nos dijeron que nos habían estado derivando más niños de los que nos correspondían por concierto y que no podían abonar las facturas. Pero claro, nos los derivaron porque los demás estaban saturados, no por hacernos un favor», señala.

Los retrasos en el pago afectan desde este verano a todos los centros acreditados para prestar el servicio de atención temprana de la Región que firmaron el concierto con la Consejería, según confirmaron fuentes de Política Social a esta Redacción. Aunque hasta ahora, ninguno había tomado la decisión de dejar de prestar el servicio. La Consejería asegura que hará efectivo el pago de los servicios de Higea el próximo 6 de noviembre y que se encuentra trabajando para regularizar la situación con todas las entidades de forma paulatina. «Algunas ya se encuentran al día», explican las mismas fuentes.

«La Comunidad ha tenido que redotar la partida presupuestaria destinada a este servicio con 3 millones de euros más para poder atender el incremento de solicitudes que se ha producido en los últimos meses -aseguran desde Política Social-. Una cantidad que se suma a los 11 millones presupuestados inicialmente y que genera una inversión total de 14 millones de euros para este 2023».

Desde Higea se muestran cautos con la promesa. «El 11 de octubre ya nos dijeron que el pago se aprobaría en el siguiente Consejo de Gobierno y, tres semanas después, seguimos sin noticias», lamenta Encarni Hernández, que señala que llevan desde septiembre alertando a la Consejería de la situación, y que han perdido ya a dos de sus empleados. «Se han marchado tras comunicar que no pueden seguir en estas condiciones, y yo lo entiendo».

Pedro Martínez, presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en la Región (Cermi), señala que «las entidades más grandes pueden resistir los retrasos mejor, si son más pequeñas, la situación se hace mucho más complicada. Tienen que pagarle a sus trabajadores y es difícil sin tener esos ingresos ya durante tres meses».

Encarni lamenta los retrasos en los pagos que permiten prestar un servicio «indispensable». «No es un capricho, hablamos de niños que necesitan logopeda, que necesitan estimulación; niños con una grave afectación en muchos casos. Y ellos no tienen la culpa». «Habrá padres que decidan pagar para poder seguir, lo que es muy injusto para ellos porque tienen aprobado un servicio gratuito. Pero aún peor es la situación de aquellos que no lo puedan asumir. Hay muchas familias sin recursos. ¿Con ellos qué va a pasar?».