Hace unos días y con motivo del sofoco del último motín en las altas esferas políticas de la Región, me llegó la noticia de que ... un conocido abogado había presentado denuncia contra los tres miembros del grupo amotinado que habían decidido bajarse del carro y, para sorpresa de todos, apoyar al Capitán del barco para acabar con la insurrección. Ahora, la 'nueva' consiste en que es un partido político, de aquellos que iban a verse beneficiados con la revuelta, el que ha interpuesto una querella, al entender que los traidores se habían dejado comprar y que su precio había consistido en obtener cargos de responsabilidad. Eso, según los denunciantes, constituye cohecho.
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Ciertamente el cohecho se define en el Código Penal como aquella actuación de una autoridad o de un funcionario público que acepta una dádiva o un favor para realizar un acto de los que le vienen legalmente atribuidos. Hablando en plata: un soborno.
En este caso, el acto irregular habría consistido en votar en contra de lo que una teórica moral –que no disciplina de partido– les imponía, y, la dádiva, la mascá, la mordida o, siendo más benévolos, la recompensa, sería su designación para un alto cargo.
El problema, bajo mi humilde opinión, es que, por una parte, lo de la moral en la política estamos acostumbrados a que sea doble, y lo de la disciplina de partido, por más que lo busco, no lo encuentro en el Código Penal. Pueden haber sido chico/as malo/as, pero no sujetos activos del tipo delictivo. Y, por último, lo de la dádiva o precio por cambiar de bando, aparte de que tampoco vislumbro su tipificación, de ser así posiblemente se sentara un peligroso precedente para que emergieran decenas de querellas, por aquello del reparto de sillones que se viene produciendo desde las últimas elecciones generales.
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También es cierto que si me hubiesen contratado los ahora denunciantes para la dirección letrada de la acusación, posiblemente estaría en estos momentos defendiendo a capa y espada lo contrario, y hasta con mayores razones.
Ahí lo dejo.
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