Una niña en condiciones de pobreza. S. VERA / REUTERS

La Región de Murcia dispondrá de más de 7 millones de euros para la lucha contra la pobreza infantil

El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros deberá ser ratificado por el Consejo Territorial para ser efectivo

LA VERDAD

Martes, 2 de julio 2024, 16:25

7.025.289 euros se van a destinar a la Región de Murcia para la protección de las familias y la lucha contra la pobreza infantil, según el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

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El Gobierno aprobó este martes el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre comunidades autónomas del crédito para la financiación en 2024 del programa de Protección a las Familias y la Atención a la Pobreza Infantil. Este año esta financiación tendrá un importe de cerca de 200 millones de euros y será distribuido y transferido a las Comunidades Autónomas y a Ceuta y Melilla para que lo ejecuten en virtud de sus competencias en servicios sociales.

El ministerio dirigido por Pablo Bustinduy acordó con los gobiernos autonómicos el reparto, y reafirmó su compromiso de seguir aumentando la dotación presupuestaria para este ámbito en los próximos años. «Nuestra hoja de ruta es retomar el incremento en la financiación que inició el Gobierno de coalición en este ámbito», comentó.

El acuerdo autorizado en el Consejo de Ministros fue previamente abordado por el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su reunión del pasado 17 de junio de 2024. Una vez aprobado por el Gobierno de España, este acuerdo volverá al Consejo Territorial para que sea aprobado y pueda resultar efectivo.

Tres programas que benefician a la Región de Murcia

De este crédito dependen tres programas fundamentales para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales que gestionan los gobiernos autonómicos:

El primero está dotado con más de 108 millones de euros, 3.499.905 euros corresponden a la Región de Murcia. Con él, se financian proyectos de servicios sociales para desarrollar prestaciones básicas a nivel municipal como las de ayuda a domicilio, las de alojamiento alternativo, o las de prevención e inserción social.

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El segundo programa cuenta con una financiación de 65 millones de euros, de ellos 2.685.384 euros para la Comunidad y se centra en la protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Específicamente a unidades familiares con menores a cargo que estén en situación de privación material severa o riesgo de pobreza y exclusión social. Además, se incluye una línea para cofinanciar proyectos de alimentación, ocio y cultura, y para garantizar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares. De esta manera, se reforzarán iniciativas desarrolladas por comunidades autónomas y ayuntamientos.

El tercero está dotado con 25 millones de euros, 840.000 euros para la Región, destinados a reforzar equipos de atención primaria de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Se trata de cofinanciar proyectos de refuerzo de servicios sociales que permitan la prevención y detección precoz de posibles riesgos de violencia hacia la infancia, en coherencia con lo previsto en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia aprobada en 2021.

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Por otro lado, el Ministerio de Derechos Sociales establece que el reparto territorial de los fondos se realiza atendiendo a diversos criterios desglosados en el acuerdo, como la población de cada territorio, su superficie o la tasa Arope, que mide el riesgo de pobreza o exclusión. Este año, con la prórroga de los presupuestos, la distribución territorial que se propuso es idéntica a la de 2023. A este respecto, Bustinduy resaltó que el objetivo de incremento presupuestario «trata de corregir la infrafinanciación histórica que ha tenido este sistema y que se vio agravada en la década pasada con los recortes». Así mismo, el ministro recordó el necesario compromiso por parte de los gobiernos autonómicos de mantener su inversión en Servicios Sociales y reclamó a todas las administraciones y partidos «una política de Estado que construya amplios consensos para blindar los recursos y evitar nuevos recortes».

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