Los regantes se ponen en alerta ante un posible cierre del Trasvase al regadío en 2027

Las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura podrían estar listas y aprobadas este mismo verano, antes incluso de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre todos los recursos que tiene encima de la mesa contra la planificación hidrológica del Tajo. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura reunió a sus comunidades de usuarios este viernes en su Asamblea General Ordinaria para poner en alerta al sector agrícola. Lucas Jiménez, presidente del Scrats, advirtió de un posible cierre del Trasvase al regadío a partir de 2027, cuando se alcance el escalón máximo de los caudales ecológicos. Ese escenario supondría un recorte de agua al Levante de más de cien hectómetros anuales.

Esa advertencia la hace en base a «filtraciones reales» que han llegado a oídos del sindicato y que casan, añade Jiménez, con la postura que mantiene Castilla-La Mancha. Ese Gobierno «se ha marcado un itinerario que habla de modificación legislativa del fin del agua para regadío al Levante», remarcó. Pretensión o invención del Ejecutivo de Emiliano García-Page -«ellos saben algo», dijo Jiménez-, lo cierto es que la comunidad vecina ha presentado unas alegaciones al Ministerio para la Transición Ecológica donde pide usar el acueducto sólo para envíos extraordinarios y dirigidos al abastecimiento de las poblaciones de Murcia, Alicante y Almería.

«En breve» se conocerían esas reglas, insistió el líder de los regantes, y su publicación acelerada puede estar motivada por la sentencia del Tribunal Supremo que tumbó el recurso de la Generalitat valenciana, presentado por el gobierno de Ximo Puig. Los magistrados argumentaron que el Consell no aportó «prueba técnica alguna» sobre su queja de los caudales «que soporte las apreciaciones puramente subjetivas contenidas en la demanda». La sentencia, incluso, va en dirección contraria y afirma que la fijación de estos caudales se ha realizado «sobre la base de las instrucciones metodológicas y técnicas» marcadas por la 'Instrucción de Planificación Hidrológica' «tras seguirse un complejo procedimiento promovido desde las demarcaciones hidrográficas y que tiene sobre la base los estudios pertinentes, frente a lo que no pueden prevalecer las meras apreciaciones valorativas de la demanda».

Esto ha podido condicionar los próximos recursos que debe resolver el Supremo del Gobierno de Murcia y del Scrats, que todavía no ha podido presentar el suyo por no tener una documentación técnica pedida al Ministerio. «Mientras no se resuelvan las demandas, esta vez bien justificadas y bien armadas con documentos técnicos, no es conveniente jugar a batallitas políticas», señaló Jiménez, que califica de «postureo político» la demanda de Puig «previa a la campaña electoral».

Los modelos que maneja el Scrats aseguran, dice Jiménez, que las reglas de explotación pueden quedarse como están pese a la subida de los caudales ecológicos en el Tajo. La alternativa sigue sin estar físicamente preparada. El presidente del Scrats ha recordado que la ampliación de las desaladoras no cubrirá el recorte previsto del Trasvase y que tampoco están construidas las conexiones que lleven el agua de la planta de Torrevieja a todo el territorio del acueducto en el Levante. «Las comunidades de regantes se pueden ver sin agua desalada y sin agua del Trasvase» a partir de 2027.

Las medidas cautelares «volcadas» por el Supremo al Scrats la pasada semana ha encendido a los regantes por haberse hecho un «copia y pega» de la sentencia que respondió al recurso del Consell en su momento. «No se nos ha respondido, nosotros pedimos una paralización del plan del Tajo en todos sus escalones de caudales ecológicos», cuando Valencia sólo lo hizo para el segundo y tercer escalón. «Hemos pedido un complemento a la sentencia» alegando que no son las mismas peticiones, «y esperaremos a que nos contestes, y recurriremos, obviamente», concluyó.

Temas

• Trasvase Tajo Segura
• Agua
• SCRATS