La reforma del delito de malversación que valora el PSOE podría beneficiar a Valcárcel y Cerdá
El expresidente y el exconsejero verían aminoradas las penas que afrontan si se considera que no hubo lucro personal
La modificación del delito de malversación de caudales públicos, que estudian PSOE, Podemos y ERC para rebajar el castigo cuando no se haya producido un lucro personal, podría incidir en la lucha contra la corrupción que se viene librando en la Región en los últimos años. Esta reforma –aún en ciernes– amenaza con tener un efecto directo en algunas de las macrocausas que están pendientes de llegar a juicio en los tribunales murcianos.
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Entre los nombres de los posibles beneficiados por esta rebaja sobresale uno con especial fuerza, el del ex presidente regional Ramón Luis Valcárcel que podría ver aminorado uno de los delitos que la Fiscalía previsiblemente incluirá en el escrito de acusación –aún en proceso de elaboración– con el que pretende pedir responsabilidades al que fuera jefe del Ejecutivo regional entre 1995 y 2014 por su supuesta implicación en el caso de la desaladora de Escombreras ('caso La Sal II'). La instructora del 'caso Sal' pone encima de la mesa, no obstante, otros dos presuntos delitos contra el expresidente murciano, el de prevaricación y el de fraude, que sostendrían, en última instancia, el caso.
En una tesitura similar se encuentra, entre otros, el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, al que la Justicia acusa también de una malversación millonaria en torno a esta planta.
Caso por caso
En el caso de que esta reforma salga adelante, la Justicia murciana se verá obligada a revisar caso por caso si ha habido enriquecimiento o no a través de la malversación en las condenas que se hayan dictado hasta la fecha.
Fuentes de la Fiscalía explicaron ayer que en los últimos años no se han dado muchas condenas en la Región por este delito.
A nivel nacional, la iniciativa obligaría a revisar la situación de 40 reclusos que cumplen penas de prisión por malversar fondos públicos o los 49 castigados en firme por este delito solo en lo que va de año, según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La modificación, no obstante, puede afectar también a los investigados en procesos en marcha si se considera que dicha reforma es «más favorable» con respecto a la legislación en vigor en la fecha de los hechos. Solo el pasado año la Fiscalía tramitó cinco diligencias en la comunidad por este delito, según consta en la memoria del organismo.
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La reforma podría tener su efecto, por ejemplo, en el 'caso Biblioteca' que indaga la presunta trama corrupta que se instaló durante años en el Ayuntamiento de Librilla. La Fiscalía, en este caso, reclama penas globales de casi 74 años de prisión para los presuntos integrantes de la presunta red delictiva, que habría incurrido en una retahíla de varios delitos, entre ellos el de malversación.
Critican la reforma «a la carta»
La diputada regional del Grupo Popular Miriam Guardiola denunció ayer que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, «reforma la sedición y la malversación para beneficiar a los suyos y mantenerse en el poder». La popular anunció que desde su grupo parlamentario ya se ha registrado una moción sobre la derogación del delito de sedición y también se registrará otra sobre la reforma del delito de malversación, al entender que «el Gobierno de Sánchez pretende reformar el Código Penal a la carta para beneficiarse».
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El presidente Fernando López Miras también criticó duramente esta iniciativa y remarcó que «el Estado está entrando en una deriva que nos preocupa y asusta a los españoles». Advirtió de que «no puede ser que un país dependa de alguien que atenta contra España».
Penas de prisión de hasta 12 años, según la cantidad malversada
El delito de malversación de caudales públicos está tipificado en el artículo 252 del Código Penal, y castiga a quienes «teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado». Como pasa con la mayoría del resto de delitos, la malversación de caudales cuenta con diferentes grados de gravedad, lo que afecta a las penas que conlleva para quien la comete. Así, los años de cárcel pueden ascender hasta la horquilla de 4 a 8 años, con inhabilitación para el ejercicio de cargo público (e incluso para ser elegido en elecciones) que puede alcanzar hasta los 20 años. E incluso si la cantidad malversada supera los 250.000 euros, las penas de prisión pueden alcanzar los 12 años. Por el contrario, «si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses», subraya el citado artículo del Código Penal.
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