El juzgado número 2 de Murcia se ocupará de la querella del PSOE contra López Miras y los consejeros expulsados de Ciudadanos
El magistrado Ángel Garrote, el mismo que lleva el 'caso Topillo', investigará la denuncia por cohecho contra el presidente de la Comunidad, Isabel Franco, Francisco Álvarez, Valle Miguélez y Antonio Sánchez Lorente
El Juzgado Número 2 de Murcia será el encargado de instruir la querella presentada por el PSOE contra el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y los tres diputados de Ciudadanos que hicieron descarrilar la moción de censura en la Región: Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, además del consejero de Transparencia. Participación y Administración Pública, Antonio Sánchez Lorente.
Así lo ha acordado el Servicio Común General del Partido Judicial de Murcia, en cumplimiento de las normas generales de reparto, según informaron este miércoles fuentes del TSJ. Ángel Garrote es el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Murcia. Es el mismo juez que investiga el caso Topillo, de las desaladoras ilegales en el Mar Menor.
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Los socialistas señalan que, en esta operación política que frustró el cambio de gobierno en la Región después de 26 años, pudieron cometerse los delitos de cohecho activo propio, cohecho pasivo impropio y prevaricación administrativa.
Fue el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, el que anunció la presentación de la querella durante un debate parlamentario con el senador del PP. Francisco Bernabé. Este le interpelaba por las actuaciones de su departamento para este año 2021, pero la discusión derivó hacia el terremoto político del último mes en la Región de Murcia.
La denuncia del PSOE se dirige «al juzgado de instrucción de Murcia que por turno corresponda». Será el Decanato de la capital el que decida ahora si la admite a trámite y, en su caso, a qué juzgado corresponde. El presidente y los consejeros ya no gozan de aforamiento tras la última reforma del Estatuto de Autonomía de la Región.
Contraprestaciones
En concreto, los servicios jurídicos del PSOE nacional observan un presunto cohecho, tanto por parte del presidente como de los cuatro dirigentes de Ciudadanos, por entender que, al ser nombrados estos como consejeros tras el pacto alcanzado con el PP el 12 de marzo, recibieron una recompensa por cambiar de postura respecto a la moción de censura que inicialmente habían firmado y respaldado. También se observa posible prevaricación por parte del jefe del Ejecutivo regional. A este se le acusa de haber utilizado la atribución que le concede su cargo para nombrar y destituir consejeros en beneficio propio. Así, afirman los socialistas que la decisión de mantener a Isabel Franco en el Consejo de Gobierno (y no cesarla como a Ana Martínez Vidal y José Gabriel Sánchez Torregrosa) pese a haber firmado la moción de censura, así como la de incluir a Valle Miguélez, Francisco Álvarez y Antonio Sánchez Lorente, solo tenía como objetivo «conseguir su voto», lo cual entraría «en el campo indudable de la arbitrariedad».
La primera prueba que solicitan es la declaración como testigo de la líder de Cs, Ana Martínez Vidal
En su escrito presentado en los juzgados, el PSOE solicita que, entre otras pruebas periciales, se tome declaración en calidad de testigo a la coordinadora autonómica de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, que era la candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma propuesta en el acuerdo entre PSOE y Cs.
Martínez Vidal alertó el 12 de marzo, momentos antes de que se hiciera oficial el acuerdo de López Miras con los disidentes, de que los diputados de su partido estaban sufriendo «un ataque e intento de compra» por parte del Partido Popular. Lo dijo en su cuenta personal de Twitter.
La iniciativa del PSOE se suma a la denuncia presentada por Unidas Podemos, que acudió a la Fiscalía Anticorrupción e incluyó también entre los implicados al secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, al que consideran el cerebro de la operación. También la asociación Contrapoder, a través del abogado murciano José Luis Mazón, llevó el tema a los tribunales por supuesto cohecho y corrupción entre particulares.
La campaña de Madrid
La ofensiva judicial del PSOE tiene también su lectura en el marco de la precampaña electoral de Madrid. La convocatoria de elecciones por parte de Isabel Díaz Ayuso fue consecuencia directa de la moción de censura en la Región. Pedro Sánchez está poniendo toda la carne en el asador para tratar de frenar a Ayuso.
«Exijo que no utilicen más la Región para sus fines partidistas»
«Exijo a Sánchez, al PSOE y a Podemos que dejen de generar inestabilidad y no utilicen más la Región para sus fines partidistas y electorales», expresó el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, nada más conocer la querella interpuesta por el PSOE contra él, Isabel Franco, Francisco Álvarez, Valle Miguélez y Antonio Sánchez Lorente. «Todos agradeceríamos que se centrasen en gestionar la pandemia. Su incapacidad nos dejará indefensos ante la cuarta ola», apostilló el jefe del Ejecutivo. Por su parte, el secretario de Organización del PSRM, Jordi Arce, declaró que «las políticas corruptas y la compra de sillones orquestada por Miras no pueden quedar impunes». Arce define el pacto que abortó la moción de censura como «el mayor caso de corrupción de la historia de la Región».
