El sector agro al completo pide a la CHS que elimine sus medidas del Mar Menor
Proexport, Coag, Asaja, UPA y Fecoam sostiennen que existe duplicidad de normas y proponen a la Confederación que prevalezca la ley regional
La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que tendrá lugar este viernes se presenta caliente, debido al escrito conjunto que han presentado Proexport, UPA, COAG, Asaja y Fecoam, para que el organismo de cuenca suprima las medidas cautelares que dictó en el verano de 2020 para proteger el acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena y evitar que haya nuevos impactos de la actividad agrícola y ganadera en el Mar Menor. Las organizaciones firmantes, que representan a la totalidad del tejido agrícola y ganadero, consideran que existe una duplicidad de normas por parte de la CHS y de la ley regional de Mar Menor, que persiguen el mismo objetivo. Sostienen que la convivencia de los dos marcos normativos «genera controversia y malentendidos».
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El escrito dirigido al presidente de la CHS, Mario Urrea, va firmado por los dirigentes de Proexport, Mariano Zapata; Asaja, Alfonso Gálvez; COAG, José Miguel Marín; Fecoam, Santiago Martínez; y UPA, Marcos Alarcón, quienes solicitan que los miembros de la Junta de Gobierno aborden hoy esta petición para modificar las medidas cautelares de la Confederación, «para que converjan» con las de la ley regional del Mar Menor. Sostienen que las cautelares de la CHS que limitan y regulan la actividad agrícola y ganadera son similares a la de la ley regional. Postulan que las primeras se adapten a la normativa autonómica, que a juicio de los firmantes «es suficiente».
3.000 acreditaciones 'verdes'
Las medidas cautelares de la CHS y las contenidas en la ley del Mar Menor se aprobaron con días de diferencia; esta última con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos. Los autores de la iniciativa esperan que la Junta de Gobierno tome en consideración esta petición y la analice en la reunión de esta mañana. Le recuerdan al presidente de la CHS «su compromiso con diferentes representantes de nuestro sector de dejar sin efecto las ya mencionadas medidas cautelares una vez que la Administración regional culminara la regulación de la figura de las Entidades Colaboradoras, cuya función es dar apoyo para ejercer un adecuado control del cumplimiento de las medidas de ordenación agrícola y ganadera previstas en la ley y su normativa de desarrollo, todo ello sin perjuicio de sus funciones inspectoras y sancionadoras».
Añaden en el escrito que las labores de control desarrolladas por ambas administraciones «constituyen sin duda la base para constatar la decidida apuesta del sector por el cumplimiento estricto de las normas. La prueba de ello es el elevado grado de acreditación para las medidas cautelares que se han justificado ante el organismo de cuenca». En este sentido, indican que los agricultores y ganaderos han enviado más de 3.000 informes a la CHS. «Han demostrado su decidida apuesta a la hora de adoptar soluciones que garanticen la compatibilidad entre la actividad agrícola y el mantenimiento del buen estado ecosistémico del Mar Menor».
Proexport y las organizaciones agrarias y ganaderas sostienen que, por parte de los operadores agroambientales que asesoran a los propietarios de las explotaciones, «existe un enorme desconcierto al tener que manejar dos normas que, aunque coincidan en gran parte, no lo hacen en su totalidad. Entre otras diferencias, presentan zonificaciones diferentes, criterios dispares en lo relativo a coeficientes de extracción de nutrientes o de implantación de sondas de humedad, circunstancia que dificulta mucho la labor técnica de asesoramiento». «Esta cuestión resulta difícil de explicar y, sobre todo, de aplicar para un sector decidido a cumplir las normas, pero que se enfrenta a criterios dispares dentro de un mismo ámbito geográfico», recalcan. Señalan que las administraciones públicas deben actuar de «manera consensuada y coordinada».
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Sobre esta base, piden a la Junta de Gobierno que las medidas cautelares de la CHS «sean modificadas, de modo que converjan con las ya contempladas» en la ley regional. Sostienen que la norma autonómica es suficiente.
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