El plan para la UMU y la UPCT blinda todo el coste de salarios y gastos hasta 2029

El asunto mollar del nuevo plan de financiación, más que la asignación global, que rondará los 1.300 millones de euros para los próximos cinco años, se sustenta en lo que los representantes han dado en llamar la 'fórmula'. El acuerdo blinda la asignación por parte de la Comunidad del llamado 'capítulo 1', esto es, las nóminas del personal y los gastos corrientes, al 100%. Es decir, las dos universidades públicas tienen garantías de que dispondrán de fondos suficientes del Gobierno regional para pagar todos los meses a su personal y levantar la persiana de los campus con los gastos que acarrean hasta 2029, incluso en el caso de que la aprobación de cambios normativos implique subidas salariales. Las cantidades asignadas en el plan plurianual al 'capítulo 1' no tendrán que encajar pues variaciones derivadas de nuevas normas y legislaciones, como subidas salariales y modificaciones de las figuras docentes derivadas de la reforma universitaria LOSU. Además, la partida queda cubierta al 100%, no como ocurrió con el anterior plan (que venció en 2020). En aquel momento -y en una coyuntura económica compleja y tras años de recortes-, parte de la partida estaba vinculada a los remanentes de las dos universidades y a la posibilidad de ampliar el techo de gasto.

El diseño de otro proyecto separado del plan plurianual para dotar la asignación de infraestructuras y proyectos estratégicos es otra de las patas centrales del acuerdo. Las grandes necesidades, acumuladas durante más de una década con el capítulo de inversiones en cifras casi testimoniales, serán objeto de otro proyecto y encararán carencias como la puesta a punto y climatización de varios edificios de la UPCT y la remodelación de la antigua Facultad de Medicina en la UMU, por ejemplo. El incremento de la financiación media por estudiante, que permite un crecimiento exponencial, también es básico en la concepción de las cuentas.

El cumplimiento de objetivos alineados a los intereses estratégicos de la Región permitirá a las dos universidades públicas hacer crecer sus asignaciones. El plan delimita pues la financiación estructural de las universidades, es decir, las nóminas -apartado que debe encajar las subidas salariales y el coste de los cambios en las plantillas derivados de la aplicación de la LOSU- de los profesores, investigadores y personal técnico, de gestión y de administración y servicios, los incrementos retributivos de cualquier naturaleza y los gastos corrientes que permitan alcanzar el funcionamiento básico de la universidad, «incluyendo las particularidades de las infraestructuras». Y estructura otro apartado vinculado al cumplimiento de objetivos basados en indicadores propuestos por las universidades y por la Comunidad que repercutan en cuestiones estratégicas para la competitividad y el bienestar de la Región.

La negociación de las nuevas cuentas, que superarán los 1.300 millones de euros, ha partido de una buena posición de salida: en los dos últimos ejercicios, la Comunidad ha incrementado cerca de un 20%, que se consolida ahora, su asignación a las universidades públicas. Las cifras de partida han mejorado, pero también el clima en el que se han desarrollado las relaciones entre las tres instituciones. Con la rúbrica del nuevo plan, los dos rectores, José Luján (UMU) y Beatriz Miguel (UPCT), dejarán atrás cuatro años de tensiones y desencuentros en los que la coyuntura, primero, y el desacuerdo, después, impidieron avanzar.

La urgencia de la pandemia frenó en seco los avances en 2020, cuando en teoría debía aprobarse el nuevo plan. La falta de entendimiento después, con Valle Miguélez al frente de la Consejería, cercenó cualquier avance del director de Universidades, que sentó las bases del plan. El nombramiento de Juan María Vázquez como consejero recondujo las conversaciones hasta el acuerdo, que debe llevar la estabilidad a las cuentas de las universidades los próximos cinco años, hasta 2029.