Piden cuatro años a una falsa cirujana por una liposucción que acabó en la UCI

Los hechos, que serán objeto de enjuiciamiento en un futuro próximo, se iniciaron el día 17 de noviembre de 2019, cuando una vecina de Caravaca de la Cruz acudió a la clínica Lipoescultor, dependiente de la mercantil Instituto de Rejuvenecimiento y Estética SLU y situada en la Gran Vía de Murcia, con el fin de someterse a una liposucción en sus piernas. Según se refiere en el auto de procedimiento abreviado –equiparable al de procesamiento– dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Raquel Lacunza, la mujer que practicó la intervención, Erika Yaneth C. R., carecía en ese momento de habilitación profesional para realizar ese tipo de operaciones. En la misma situación se encontraba su hija, Franyerika Andreina A. C., quien presuntamente auxilió a su madre como enfermera.

Para la intervención, fue la propia responsable del centro y principal acusada en este procedimiento quien aportó su material quirúrgico y quien se encargó en apariencia de su esterilización. A esta circunstancia se añade que el establecimiento tampoco contaba con licencia para realizar ese tipo de operaciones, pues solo estaba autorizado a servir de sede en la que pasar consulta, y que ni siquiera contaba con un quirófano. De ahí que la clienta fuera sometida a la liposucción en una simple camilla, «como las que se usan para hacerse la cera», tal y como declaró posteriormente en la causa la hija de la afectada.

Como consecuencia de esa operación, la mujer sufrió un gran hematoma en el muslo derecho y heridas múltiples en ambas extremidades inferiores, con pérdida de grandes porciones de piel, lo que le ha obligado a someterse a diez intervenciones quirúrgicas para tratar de reconstruirle la zona dañada, aunque le han quedado relevantes secuelas estéticas y funcionales. Pero lo más grave, pues no en vano estuvo a punto de costarle la vida, fue la tremenda infección que sufrió unos días después de la liposucción, que derivó en un 'shock' séptico y la mantuvo varios días en coma e ingresada, durante casi un mes, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Morales Meseguer.

Hasta tal extremo se encontró cerca de la muerte, que los médicos permitieron a sus familiares la entrada al box para que pudieran dale un beso y despedirse de ella. En la actualidad, además de los perjuicios estéticos y locomotores que arrastra, la afectada sufre trastornos mentales derivados de este incidente.

Después de que la magistrada Lacunza haya cerrado la fase de investigación y haya dictado un auto por el que encamina a la responsable de la clínica y a su hija hacia el juicio oral, el letrado que representa los intereses de la mujer damnificada, Juan Rigabert Montiel, ha presentado un escrito de calificación provisional en el que acusa a ambas imputadas de los supuestos delitos de intrusismo profesional y de lesiones por imprudencia grave. En función de tales cargos, reclama que se le impongan respectivas penas de cuatro años de prisión a cada una de las acusadas.

Igualmente, solicita del tribunal que reconozca el derecho de su clienta a percibir una indemnización de 155.620 euros por todos los daños y perjuicios sufridos, de los que considera que en último término tendría que responder la compañía aseguradora con la que el establecimiento tenía suscrita una póliza.